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Con ese encabezado apareció la descripción del proceso en que está involucrada Colombia con Bolivia, descrito en RazónPública.com (27-04-2025), por la colombiana Angélica Durán Martínez, PhD en Ciencia Política de Brown University y codirectora del doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowel.
Su análisis evoca que la hoja de coca tiene usos ancestrales que se remontan a más de 4.000 años en algunos lugares. Refiere que los colonizadores españoles aprovecharon sus efectos estimulantes para aumentar la productividad en la explotación minera, pero “demonizaron los usos rituales y el intercambio de la hoja de coca en las comunidades indígenas”. Para 1884, los atributos anestésicos de la cocaína fueron reconocidos por un químico austríaco. Su uso en la industria farmacéutica fue liderado por los Países Bajos, Alemania y Perú, centrado en la isla de Java, Perú y Taiwán.
Sorprende que en su narrativa histórica mencione que la CND (The Commission on Narcotic Drugs), establecida por las Naciones Unidas, declaró la hoja de coca como nociva para la salud en 1948. Pero, en la Convención de 1961, el lobby de Estados Unidos fue esencial para que se clasificara la hoja de coca al mismo nivel que la cocaína, y “dejara solo una excepción que le permitía a Coca-Cola conseguir la materia prima para su popular bebida”. Sobre esta última, concluyó que fue un error histórico: si el mascado (mambear: entre los indígenas, masticar hojas de coca, mezclando ceniza de yarumo) puede tener algunos efectos dañinos, su potencial psicoactivo y adictivo, sus efectos en la salud son radicalmente distintos a los de la cocaína. Para la investigadora Durán, esta distinción es crítica, porque explica que desde 1981 delegaciones bolivianas y peruanas incluyeran representantes de comunidades indígenas frente a Naciones Unidas para suavizar el lenguaje y reconocieran los usos tradicionales de la hoja. En 1995, delegados de Estados Unidos se opusieron a la publicación de un estudio de UNICRI (United Nations Interrregional Crime and Research Institute), que concluía que en su mayoría el uso de la hoja de coca no tenía efectos nocivos para la salud.
Agrega que la propuesta actual liderada por Bolivia y Colombia es un nuevo capítulo para corregir un error histórico con raíces políticas y enraizado en estigmas. En la última sesión de la CND el pasado 14 de marzo, en respuesta a una petición liderada por Colombia, se aprobó una resolución para la creación de una Comisión de Expertos para revisar la política antidrogas mundial. Tuvo treinta votos a favor, 18 abstenciones y solo tres votos en contra: Estados Unidos, Rusia y Argentina.
Concluye que durante 2025 la OMS realizará consultas e investigación y que publicará un reporte y presentará una recomendación sobre la reclasificación en octubre. El concepto puede ser positivo, pues la evidencia se alinea con la petición de reclasificación. Recuerda que en 2019, una revisión similar condujo a la recomendación de la OMS de reclasificar el CBD (cannabidol) y el THC (tetrahidrocannabinol), en el caso de cannabis, reconociendo sus usos médicos.
Conceptúa que la reclasificación no tiene un impacto inmediato en los instrumentos internacionales porque la aprobación de la CND ha sido un espacio reacio al cambio. No obstante, el apoyo ha ido en aumento. En la sesión 67 en 2024, México, Canadá y Suiza, entre otros países, apoyaron las discusiones. El Alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, expresó su apoyo a la reclasificación.
Si la recomendación de la OMS conlleva la reclasificación de la hoja de coca, la CND necesita una aprobación de mayoría simple de los 53 países miembros.
Para los países del área andina, en los que se cultiva la hoja de coca, la distinción entre el uso ancestral de las poblaciones indígenas y campesinas, y el derivado industrial del clorhidrato de cocaína, implica un cambio fundamental en las políticas nacionales e internacionales para el control del narcotráfico y de los narcotraficantes.
Esta revisión histórica, continúa la columna “Las asonadas contra las fuerzas armadas”, puntualiza los dilemas de los gobiernos y las fuerzas militares, por la producción de las 2.757 toneladas de cocaína y la demanda de 23 millones de consumidores en el mundo.(2024). El control se debe dirigir a identificar a los narcotraficantes nacionales e internacionales, con la cooperación de todos los países y el seguimiento e interceptación de las finanzas de los dueños de ese negocio tan lucrativo que agobia “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional”.
