“La reforma a la salud: análisis desde la academia”

Con ese enunciado la Universidad Nacional promovió el primer foro universitario, celebrado el 20 de febrero, con el propósito de aportar calidad y profundidad al debate que ha suscitado la propuesta gubernamental para reformar el sistema de salud, sobre el contenido de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que se ocupó del derecho fundamental contemplado en la Constitución.

El moderador, Rafael Malagón, director del Departamento de Salud Colectiva de la Facultad de Odontología, destacó la participación de las facultades de Medicina, Enfermería y Derecho y Ciencias Políticas; de la ministra de Salud, Carolina Corcho, y de Edilma Suárez, directora de Desarrollo de Talento Humano del Ministerio de Salud. Anticipó que seguirán otros foros que tratarán las implicaciones y relaciones del proyecto de reforma con la Ley Estatutaria, la dignificación del trabajo en el sector salud, la gestión integral de la salud desde los territorios y la gestión y administración pública de los recursos de la salud.

La intervención de la ministra Corcho fue coherente y convincente al documentar la evidencia que soporta su proyecto de ley para reformar el sistema impuesto por la Ley 100 de 1993. Presentó trazadores que ilustran las inequidades de la salud pública, como el de mortalidad materna, de estadísticas vitales, concluyendo que “si el efecto de la intervención de la Ley 100/1993 hubiese sido positivo”, en 2020 no se hubieran registrado 66,7 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos a nivel nacional. Sobre este trazador referenció la elaboración propia del Global Burden of Disease Study 2019, que confirma que Colombia ha mantenido la mortalidad materna con valores más altos que Canadá, Brasil, Cuba, México, Chile y Costa Rica. La tasa de mortalidad infantil en 2022 fue de 16 por cada 1.000 nacidos vivos.

Estos indicadores desmienten la aseveración de que el sistema de salud de Colombia es de los mejores según algunos críticos y exministros de Salud, porque muchas de esas muertes eran evitables. Se confirma así que no hay garantía del derecho a la salud por parte del Estado. La ministra agregó que el año pasado hubo más de un millón de quejas interpuestas ante la Superintendencia Nacional de Salud contra las intermediarias por negación de servicios y se dolió de que cerca de 350.000 afiliados, en las zonas urbanas, “reclaman por su derecho a la vida”. Insistió en que se requiere un lenguaje que no engañe a los ciudadanos sobre quién atiende “el riesgo en salud”. Afirmó categóricamente que son los hospitales y las clínicas, porque las EPS no “atienden pacientes”. Solamente administran el ingreso al sistema de aseguramiento social, por lo que el Estado les paga $6,6 billones anuales.

La ministra Corcho enfatizó que exponer la situación de la salud pública en Colombia, relatando las tasas de los marcadores, no es un tema de ideología, sino la evidencia de la realidad del sistema. Aludió a la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional, cuyas órdenes han sido incumplidas por los gobiernos desde 2008, para interpelar a sus opositores, si consideran que la Corte también está “ideologizada”.

El observador imparcial seguramente infiere que los entonces presidentes, los ministros y los superintendentes de Salud no ejercieron las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los actores del sistema a partir de 1994. Primó la protección a la salud-negocio.

El nuevo rector de la Universidad Javeriana, padre Luis Fernando Múnera, S. J., filósofo político, en entrevista para CM& (Pregunta Yamid, 24/02/2023), se refirió a que un soporte de la democracia es la alternancia del poder entre las fuerzas políticas, de derecha y de izquierda, que resulta beneficiosa si persiste por encima de ellas un proyecto de Estado que busque el bien común.

En ese contexto, el Gobierno del presidente Petro y de su ministra Carolina Corcho le está presentando a la sociedad colombiana una visión diferente de lo que debe ser el sistema de salud, basada en el derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 1991. Es un cambio trascendente que desmonta los privilegios que por 30 años fueron amparados por el Estado, sin considerar que, al delegar en los privados el aseguramiento, se favoreció la ideología del neoliberalismo económico y se relegó a un segundo plano al ser humano y su derecho a la salud. Ya es tiempo de que el Estado se reconcilie con los ciudadanos.