Tanto el presidente del Senado, el liberal Lidio García T, como el de la Cámara, Julián López T., del partido de la U., en contextos diferentes, anunciaron la reiniciación del debate a la reforma a la salud, estancada en la Comisión 7ª. del Senado.
García, quien ya había ejercido la presidencia de la corporación entre 2019-2020, es considerado cercano en la Costa Atlántica al expresidente Gaviria, quien ha manifestado su oposición a la reforma a la salud propuesta por el Ejecutivo. No obstante, en su discurso del posesión el 20 de julio, García T. anunció: “En las transformaciones que hacen falta, debemos debatir la reforma a la salud. Pero una que sea concertada, que permita construir sobre lo construido. Y que en el debate no estén solo los que entienden del tema, sino los que padecen. Porque hoy vemos que el sistema de salud tiene una problemática muy profunda y tenemos que solucionarla lo más pronto posible”. Mencionó la participación de las Altas Cortes.
López T., por su parte, señaló: “Para todo lo que les mejore la calidad de vida a los colombianos ahí vamos a estar nosotros. Hay que profundizar la justicia social y en eso van a tener presidente los colombianos”.
Detrás del lugar común “construir sobre lo construido”, no se puede ignorar la evidencia de los informes de la Contraloría General de la República que, desde 2012, documentaron la desviación perniciosa de los recursos de la salud (contralora Morelli-Saludcoop), como el reciente del contralor Carlos H. Rodríguez, que reporta la deuda de las EPS, en $ 32,9 billones, a la red prestadora del sistema de la salud.
Los legisladores en el debate anunciado tendrán que considerar que la desfinanciación del sistema proviene de las décadas pasadas, atribuible, entre otras causas, a la negligencia en la vigilancia de los entes de control del Estado, en la tolerancia con la permanente violación a la normatividad legal, sobre el patrimonio exigido a las EPS y la apropiación y consolidación de las reservas técnicas, mecanismo establecido para garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios del derecho fundamental a la salud de todos los habitantes de Colombia.
Precisamente, el informe de la Contraloría incluyó que 16 EPS presentan problemas de liquidez, retrasos en los pagos a proveedores y operadores farmacéuticos, y señaló que de las 157 EPS autorizadas en 1994, solo operan 29, reflejando la fragilidad estructural del modelo. Especificó que adeudan por medicamentos la suma de $ 2,8 billones, a pesar que en 2024 recibieron el 90 % de la facturación, equivalente a $ 13,3 billones del total de $ 14,7 billones.
La reforma en trámite debe definirle al Ministerio de Salud y a la Superintendencia respectiva los lineamientos técnicos para el cálculo del valor de la UPC, y definir el alcance de las órdenes de la Corte Constitucional sobre dichos lineamientos. Queda aún pendiente la denuncia de la Contraloría sobre la diferencia de $2,7 billones encontrada entre los recursos girados por la ADRES a las EPS, y los que las intermediarias reportaron como ingresos. Es inadmisible que no se haya conocido todavía la explicación a tan cuantiosa diferencia, por parte de los actores comprometidos.
El Congreso, en sus dos cámaras, tiene la responsabilidad de legislar equitativamente para toda la población, urbana y rural, para el disfrute del derecho fundamental a la salud y generar nuevamente la confianza ciudadana en el sistema que se adopte, estableciendo claramente el control fiscal de tan cuantiosos recursos, estimados en más de $ 105 billones para el año en curso. La legislación debe contener específicamente los mecanismos de control y vigilancia en todas las instancias gubernamentales y administrativas, para que no vuelva a suceder el desfalco a tan sagrados recursos, reportados en los años transcurridos durante el ejercicio del modelo de la Ley 100.
