A pesar de la mancuerna de las directivas de los partidos tradicionales, de exministros y antiguos funcionarios del sector salud, de entidades encabezadas por ACEMI, de medios y noticieros radiales y televisivos, el 23 de mayo, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto 339 de la reforma al sistema de salud.
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Esta coyuntura evidenció que los partidos políticos, responsables por sus vicios clientelistas y de corrupción, del triunfo electoral del Pacto Histórico con el emblema del cambio contra ellos, están gravemente fracturados, entre los congresistas elegidos por el voto popular y las directivas que, en vano, emitieron amenazas si los parlamentarios se apartaban de sus consignas arbitrarias.
En el debate de la Comisión, María Eugenia Lopera, representante liberal por el departamento de Antioquia (cuyo voto aportó a la aprobación de la ponencia de la reforma al sistema de salud), no pudo ser sancionada por el expresidente César Gaviria porque la bancada de ese partido la apoyó. Después, Gaviria tuvo que aceptar que los parlamentarios votaran con libertad, según su propio criterio. Tanto Gaviria como la ley de bancadas quedaron en entredicho. En los partidos Conservador y de la U está ocurriendo rebeldía similar.
La oposición a la reforma, proveniente del Centro Democrático y Cambio Radical, es consecuente con su historia. Álvaro Uribe, senador en 1993, fue ponente de la Ley 100, y Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán Vargas Lleras, suscribió millonarios contratos con la EPS Saludcoop. La narrativa opositora sigue argumentando que el proyecto 339 desconoce los beneficios del aseguramiento comercial de las EPS y el riesgo que representaría que los recursos de la salud sean administrados por el Estado, a través de la ADRES, asimilando a esta entidad con el antiguo Seguro Social. La describen como la “estatización”, sin aceptar que, en muchos países, los recursos públicos de los sistemas de salud son administrados directamente por los respectivos Estados.
Mientras persisten en su argumentación, no han mencionado en sus manifiestos lo destruido por el sistema impuesto por la Ley 100, que afecta la salud de los colombianos. Las falencias de ese sistema no solamente alarmaron a la Corte Constitucional en 2008, por las tutelas interpuestas por la ciudadanía, sino que han sido enumeradas repetidamente en las columnas de opinión independientes.
El proyecto 339 apenas ha superado el debate de la Comisión 7 de la Cámara, los ponentes están preparados para la plenaria y luego seguirán los correspondientes de Senado, en las instancias procedimentales de las leyes ordinarias. Los coordinadores Alfredo Mondragón (Polo Democrático, del Valle) y Martha Alfonso (Partido Verde, del Tolima) han acreditado en el recorrido de los debates solvencia en el conocimiento del articulado de la reforma y convicción ética y moral para sustentar ante sus colegas y la opinión pública los beneficios para el bien común de dicha reforma. Su desempeño se inició con la exministra Carolina Corcho.
Sabrán defender los ejes fundamentales, de los cuales, el mencionado previamente, es la recuperación por parte del Estado de la administración pública de los recursos públicos de la salud, en cabeza de la ADRES. Se define como recaudador y pagador único, directamente a las clínicas, los hospitales y las entidades prestadoras de servicios y ayudas diagnósticas.
La atención primaria en salud, con los centros CAPS, formulados como el ingreso al sistema, con carácter resolutivo a ese nivel de atención y con opción de referencia a los centros correspondientes, de mediana y alta complejidad, de acuerdo con la situación individual de los pacientes.
Por fin, la legislación contempla la entronización de un sistema único de información, que controlará no solo al ente recaudador y pagador, sino a los diversos prestadores, independientemente de que sean públicos, privados o mixtos.
Finalmente, el mejoramiento de las condiciones laborales del talento humano en salud, con contratos laborales y prestaciones sociales correspondientes, a la formalización de su vinculación al sistema.
Es imperativo que el ministro Jaramillo, ausente de la gran junta médica que redactó la Ley Estatutaria, desde 2012, se empeñe en su conocimiento y en su defensa.
