Recientemente se organizó un conversatorio para analizar si la reforma propuesta por el Gobierno requiere un perfil profesional diferente al que las universidades han formado en las últimas décadas.
Esa inquietud confirma que la educación superior en salud tiene un propósito vocacional, que pretende satisfacer la definición contenida en el artículo 4 de la reforma: “Salud. Es la capacidad y la potencialidad física y mental de las personas para desarrollar sus proyectos de vida en las condiciones materiales y sociales más favorables cuyo resultado es el bienestar, el buen vivir y la dignidad humana, individual y colectiva”. Desde el punto de vista de la salud pública, las universidades configuran sus programas académicos orientadas por ese criterio.
En la evolución generacional y social, el siglo XXI se caracteriza por el empoderamiento ciudadano de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, donde el de la salud se define como “autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo” (art. 2, Ley 1751). Los profesionales de la salud y los estudiantes universitarios del sector deben ser formados en la exégesis de esta ley estatutaria para que puedan interpretar y comprender las profundas dimensiones de este derecho y su aplicación en las diversas instancias del ejercicio profesional.
Por primera vez se agrega en el capítulo 2, “Los determinantes sociales de la salud”, para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. Por consiguiente, se requiere que en la formación universitaria se incorpore lo concerniente a dichos determinantes, que “promueven el mejoramiento de la salud, previenen la enfermedad y elevan el nivel de la calidad de vida” (art. 9, Ley 1751).
La reforma considera la implementación de la “Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud (APIRS). Es el contacto primario entre las personas, familias y comunidades con el sistema de salud, estructurado en redes integrales inter y transdisciplinarias para la prestación de servicios con capacidad resolutiva de los problemas de tipo individual, familiar, comunitario, laboral, territorial”.
Desde mediados del siglo XX, con la formalización de las especialidades en las profesiones de la salud, se entendió que el médico y el odontólogo general desempeñarían las funciones de atención primaria, y los especialistas serían los referentes para los casos complejos. No obstante, al final del siglo se observó que era necesario intensificar la formación de los generales, en una nueva acepción que se denominó “el supergeneralista”, es decir, un individuo con formación integral que lo faculte para diagnosticar y resolver las necesidades en salud de la población que recurre a su consulta. La reforma establece la territorialidad en la prestación de los servicios de atención primaria, para subsanar las desigualdades de las poblaciones ubicadas tanto en zonas urbanas como rurales. Para ese efecto, los programas académicos deben incluir conceptos de epidemiología que permitan identificar, mediante indicadores, la tendencia de las patologías en las comunidades.
El énfasis en la atención primaria reposa en la excelente calidad de la educación superior de las universidades colombianas, públicas y privadas.
Es una torpeza ofensiva que una funcionaria del Gobierno central haya sugerido la importación de servicios de salud, de países dictatoriales de la región, para suplantar a nuestro talento humano. Tampoco es aceptable la proliferación de entidades sin los estándares de certificación de alta calidad en la educación superior de salud. A nivel mundial, es reconocida la preparación de los profesionales colombianos que han cursado estudios de posgrado y realizado doctorados en universidades extranjeras, y de quienes por diversas razones han emigrado y ejercen sus especialidades en diversos países.
La ministra Carolina Corcho, egresada de la Universidad de Antioquia, con especialización en Psiquiatría de la Universidad Nacional y maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, respaldará y honrará al talento humano egresado de las universidades colombianas, con la convicción de que contribuirá al goce efectivo del derecho fundamental a la salud de los habitantes del territorio nacional.
