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Los eventos que caracterizaron la crisis del sistema de salud, ocurridos en las últimas semanas, obligan a todos los estamentos de la sociedad colombiana a evaluar las alternativas que conduzcan a una solución, sobre el presupuesto fáctico de aceptar que es estructural, desde hace tres décadas, y no coyuntural. Así lo aclaró el presidente de Compensar, quien exoneró al Gobierno de haberla desencadenado. La tildaron de “crisis explícita inducida”.
Desafortunadamente, las diferencias de interpretación entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado sobre los impedimentos que afectan a los senadores de la Comisión Séptima, denunciados por el senador Wilson Arias, distancian el encuentro interinstitucional para continuar los debates pendientes de la reforma a la salud. El presidente Iván Name aceptó la apelación con base en la Ley 5ª, para que otra comisión senatorial reabra el debate. Designó a los presidentes de las siete comisiones del Senado para que presenten en ocho días el estudio de la apelación. De la comisión involucrada en la controversia de la apelación, dos pertenecen al Partido Conservador; dos, al Partido Liberal; uno, a la U; uno, a la Alianza Verde, y Martha Peralta, al Pacto Histórico. Los nueve senadores de la Comisión Séptima que se confabularon para hundir la reforma a la salud son de un variopinto contubernio de ideologías políticas: partidos Liberal, de la U, Colombia Justa y Libres, Conservador, Centro Democrático, Mira, Alianza Social Independiente. La senadora Clara López, de la Comisión Tercera, expresó su sorpresa por la maniobra de los confabulados. Mientras que en las sesiones de la Cámara se debatieron los impedimentos, las recusaciones fueron examinadas por la Comisión de Ética de la corporación. Se dilató el debate con comisiones accidentales, suspendiendo en el entretanto la discusión del articulado. En el Senado, los confabulados se absolvieron entre ellos mismos, sin ningún reato de conciencia sobre sus impedimentos y sin ninguna consideración de respeto por sus colegas, a quienes les impidieron ejercer su derecho a legislar. La Comisión de Ética debería evaluar los impedimentos de los confabulados. El Senado, por consiguiente, tiene una nueva oportunidad para que se logren los consensos en beneficio de la salud de todos los colombianos dentro del actual período legislativo.
En el segundo escenario, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, convocó a una audiencia el 5 de abril con funcionarios del Gobierno, representantes de los órganos de control, de las intermediarias del sistema, de la sociedad civil y de los gremios para evaluar la desfinanciación del sector y la insuficiencia de la UPC. El ministro Jaramillo abrió el espacio para que el monto de la unidad pueda ser recalculado.
El informe del contralor ante los magistrados fue contundente por los hallazgos de las auditorías a las EPS que comprueban el desvío de la UPC, relatando los informes de diciembre de 2023, de febrero y marzo de 2024, que detectaron $1,3 billones y $10 billones respectivamente, que generaron fallas con responsabilidad fiscal. Advirtió que $6 billones están bajo medidas cautelares.
El magistrado Reyes les exigió a los órganos de control que produzcan los actos judiciales contra los perpetradores de los desvíos de los dineros de la salud. Ya los órganos de control, incluida la Defensoría del Pueblo, conformaron una fiscalía especializada para satisfacer esa exigencia de la Corte.