Desde la época del colegio aprendimos que la ley natural, descrita por los filósofos griegos y elaborada posteriormente por otros pensadores, es consiguiente a la naturaleza humana, e implica la ética y la moralidad. Para ejercer autoridad sobre un conglomerado social, se requiere que quien la administre esté revestido de esas dos condiciones, particularmente en el desempeño de las funciones públicas, y generar credibilidad en los gobernados. Así las cosas, esta columna también se podría titular, ¿quién les cree a los dirigentes de los partidos políticos o a los políticos que terminaron incrustados en el gobierno del Pacto Histórico?
La coyuntura que está ocurriendo con el proyecto de la reforma a la salud evoca la columna “La nueva gobernanza a la izquierda, con el continuismo de siempre” (8-07-2022), que analizó la expresión de los votantes con tres requerimientos: 1) opción de cambio, en reemplazo del continuismo, hacia un país equitativo y una sociedad éticamente correcta. 2) Censura a la clase política tradicional y las prácticas acostumbradas de la burocracia y la “mermelada” a los congresistas, para canjear su voto a favor del gobierno de turno. 3) Lucha frontal y decidida contra la corrupción. Con ese mandato, en 2022 votaron 11’281.013 por el candidato Petro y 10’580.412 por el candidato Hernández. Significa que 21’861.425 colombianos (el 56 % del censo electoral) exigieron que el gobierno de Gustavo Petro cumpla plenamente lo expresado en las urnas. Es un imperativo democrático, más allá de las etiquetas de izquierda o de derecha. Ni el Partido Liberal, ni el Conservador, ni el de la U, ni Cambio Radical ganaron en esa elección. Por consiguiente, sus pretensiones de imponer a su acomodo la esencia de la reforma a la salud no corresponden con su inventario político, contado en las urnas. Por otra parte, el cambio del mandato ciudadano al no continuismo está dirigido a los partidos tradicionales y sus representantes en el Congreso, donde se origina la corrupción política de contratos y prebendas. Esa es la historia de la vieja política, que hastió a los ciudadanos y no se debe repetir, así lo intente la dirigencia de los partidos.
El presidente Petro afronta una disyuntiva compleja. Si para consolidar mayorías parlamentarias recurre a las prácticas de sus predecesores, ejerciendo el continuismo y frustrando la expectativa ciudadana, o se empeña en demostrar que es posible gobernar de una manera diferente, que genere rectitud y responsabilidad cívica de los legisladores.
El ministro Prada dice que en los acuerdos con los dirigentes políticos (no con los parlamentarios o los militantes) representa al presidente. En la entrevista concedida a Yamid Amat (El Tiempo, 9-04-2023), con arrogancia, afirmó: “Vamos a corregir lo que haya que corregir” sobre la reforma a la salud. Enfatizó: “Yo soy el ministro de la política, coordino las relaciones con el Congreso y no he dejado de hablar con los partidos”. No obstante, nunca mencionó que el núcleo de la reforma presentada por la ministra Corcho es el derecho fundamental a la salud y su marco de constitucionalidad es la Ley Estatutaria de 2015. Dialogó tanto con los dirigentes de los partidos, que se engolosinó con la vieja política, que siempre ha estado en su biotipo, como lo demostró en la dirección del SENA.
En el ejercicio de las funciones públicas y de la política no hay conductas ocultas, porque las redes sociales contemporáneas recuerdan permanentemente lo que los funcionarios o los dirigentes han hecho, o han dejado de hacer. Está circulando un informe de Noticias Uno, de 2015, en el que un abogado menciona maniobras con los recursos de la salud ocurridas en el Valle del Cauca.
Los dirigentes de los partidos, en abierta contumacia contra la Ley Estatutaria y el derecho fundamental a la salud, ante la carencia de soporte moral e intelectual a sus pretensiones de reforma, acompañan el autoritarismo del ministro Prada, censurando a los parlamentarios que se apartarán de sus directrices y han anticipado su apoyo a la reforma gubernamental. Fueron elegidos por sus votantes y no por los dirigentes.
Su responsabilidad es la búsqueda del bien común de la sociedad, con ética y moralidad, en materia tan fundamental como es la salud pública de los habitantes del territorio nacional.
