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La mesa directiva de la Cámara de Representantes, presidente y dos vicepresidentes, no lograron consensuar el orden del día sobre la inclusión del debate pendiente de la reforma a la salud. En la segunda vicepresidencia está la representante de Arauca, de Cambio Radical, razón por la que su oposición a la reforma era de esperarse. El otro es Jorge Tovar V., de Circunscripciones Especiales de Paz: Cesar, Magdalena y la Guajira, cuya candidatura fue demandada ante el Consejo Nacional Electoral por el senador Antonio Sanguino, hoy ministro de Trabajo. Las razones que invoquen para no incluir la reforma pertenece a su fuero parlamentario, pero, fundamentalmente, a su conciencia moral sobre las urgencias reales de la ciudadanía que los eligió.
La presidenta de la Federación Médica Colombiana se refirió al cierre de unidades de ginecología, obstetricia y neonatología en diversas clínicas del país, porque “el diseño actual del sistema de salud colombiano prioriza la rentabilidad económica sobre la atención integral a la población”. Agregó que servicios esenciales para la salud de las mujeres y recién nacidos se consideran financieramente inviables.
Los parlamentarios que entorpecen el debate están desfasados, o participan de los conflictos de interés de sus bancadas, al adjudicar la crisis del sistema al gobierno actual, desconociendo que la desviación de los recursos públicos de la salud, por parte de las EPS, se ha evidenciado por décadas, como lo ha denunciado la Contraloría General de la República, sin que hasta la fecha se produzcan las acciones concomitantes de la Fiscalía y de la Justicia, con la excepción de la aplicada al señor Palacino de Saludcoop.
Es insensato que invoquen el derecho fundamental a la salud, desarrollado por la Ley Estatutaria 1751 de 2015, cuando, desde Cambio Radical, pretenden otra ley estatutaria, así, con minúscula, porque es su artificio para empantanar en esta legislatura la inaplazable reforma que los votantes están esperando.
Con insolencia, los vicepresidentes condicionan la inclusión de la reforma en el orden del día, al cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional, por parte del ministro de Salud. Ni siquiera la Comisión de Acusaciones de esa corporación, en pleno, podría emitir semejante juicio, porque los ministros no son aforados constitucionales y, por consiguiente, están por fuera del alcance de tal instancia.
En columna anterior, se analizó si la Corte Constitucional está cogobernando. Se incluyó la respuesta del Ministerio, a los autos de la Corte: ”la competencia para fijar y analizar la suficiencia de la UPC, la reafirmó en el Ministerio de Salud y Protección Social” y no se trasladó a ningún cuerpo colegiado o mesa conformada por distintos actores, porque sería ilegal. La Corte no estableció la suficiencia de la UPC, “puesto que no es de su resorte”.
Parche. De aciertos y desaciertos para lo que falta. El nombramiento del general (r) Pedro Sánchez, como ministro de Defensa, ha sido de buen recibo en un amplio sector de la sociedad colombiana. El futuro ministro ha emitido conceptos que demuestran conocimiento y su talante para el cargo. “Hay que desmantelar al ELN”, declaró para un noticiero. No gozan del mismo fervor el señor Benedetti ni la señora Sarabia. Varios parlamentarios han anunciado un comunicado al presidente reclamando que los funcionarios públicos deben ser dechados de probidad ética, para ejemplo de los ciudadanos. Es el tiempo de la Corte Suprema de Justicia.
