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El 16 de diciembre se iniciaron en la Plenaria de la Cámara las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Petro para continuar con el segundo debate a la reforma de la salud, a las que las bancadas de oposición intentaron desautorizar. Formularon propuestas para que el debate se aplazara hasta las sesiones ordinarias de 2025, con afirmaciones insultantes y despectivas contra el ejecutivo.
Algunas representantes invocaron la autonomía de la corporación para fijar a su antojo el temario del orden del día. El ministro Cristo debió enseñarles que el poder legislativo no puede violar el derecho constitucional del presidente a decretar la citación.
La altanería inaugural denotó la estrategia que utilizaría la oposición para entorpecer el debate. Cuando se votó el orden del día propuesto por la Junta Directiva habían trascurrido cinco horas copadas por la agresividad de la oposición. Fue un espectáculo vergonzoso que los votantes valorarán en las próximas elecciones.
En los siguientes dos días, la oposición monopolizó el tiempo de las intervenciones para menospreciar la reforma, repitiendo que se aprobaría a “pupitrazo”. De ser cierto, el presidente Salamanca les hubiera limitado el número de sus intervenciones.
Los ponentes de la reforma escasamente alcanzaron a presentar 23 artículos, en medio de la algarabía para opacar a la representante liberal María Eugenia Lopera. Fue otra conducta degradante del Congreso ante la opinión pública y así lo expresó Olga Lucía Velásquez, del Verde, que deploró la vulgaridad de sus colegas. Salamanca expulsó a la representante Katherine Miranda, quien no podrá participar en los próximos debates de la reforma a la salud.
En la exaltación del sistema de salud creado por la Ley 100, la oposición nunca mencionó los desvíos de los recursos públicos cometidos por las intermediarias, como los duplicados en sus bases de datos desde 1994, en el gobierno Samper. Tampoco aludieron a las tutelas interpuestas por los usuarios que motivaron la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional, en 2008, que por primera vez desarrolló el concepto del derecho fundamental a la salud derivado de la Constitución de 1991.
Tampoco recuerdan que la Superintendencia de Industria y Comercio, por resolución 46111 del 30 de agosto de 2011, multó a Acemi y a 15 EPS por violar el régimen de competencia, al pactar los procedimientos que se negarían en la prestación de servicios a los afiliados (El cartel de las EPS).
También borraron de su memoria que la contralora Sandra Morelli denunció el desfalco de Saludcoop en cuantía de un billón cuatrocientos mil millones de pesos, cuyo informe presentó en la Comisión Primera del Senado, en septiembre de 2013. Parlamentarios de esa época, ahora en trance de campaña para 2026, han optado por desconocer esa denuncia, y se han unido a la exaltación de la Ley 100 para congraciarse con la oposición, a sabiendas de que el sistema de la intermediación (EPS) favoreció el desvío de los recursos de la salud, en cuantías inimaginables.
La memoria inmediata tampoco los acompaña porque fingen ignorar las denuncias recientes de la Contraloría que aluden al gobierno de Duque y su ministro de Salud, por la destinación dolosa de la UPC, que significó la pérdida de 11,3 billones de pesos. ¿Esta lista de delitos es lo que quieren perpetuar?
La reforma a la salud es la única alternativa en favor de todos los habitantes de Colombia para que puedan gozar de ese derecho fundamental