El 21 de diciembre, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo, en funciones de contralor general de la República, convocó a rueda de prensa para presentar el informe preliminar de los diversos estudios e investigaciones que adelanta el órgano de control a su cargo, que resumió en anuncios que implican responsabilidad fiscal de diversas EPS.
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1. Nuevo fallo contra Saludcoop y contra Guillermo Grosso, interventor de esa EPS, por $9.355 millones, por suscripción y pagos de servicios, compraventas y desembolsos, sin relación con la prestación de la atención en salud. Añadió que la línea jurídica de la Contraloría identificó otras EPS con las mismas irregularidades en cuantía de $18.000 millones, afirmando que el uso inapropiado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es práctica recurrente de esas entidades.
2. Estudio de cinco años, 2018-2022, de 10 EPS (cinco de comunidades indígenas) que registraron casi 4,5 millones de quejas, por demoras en asignación de citas y entrega de medicamentos. La Defensoría del Pueblo registró la interposición de 483.000 tutelas en ese período.
3. Sanciones por más de $6 mil millones a Medimás, Salud Vida y Comfacundi, por destinación fraudulenta de la UPC.
4. Señaló que el Sistema de Salud Propio Indígena (SISPI), a pesar de asignaciones de $20.193 millones en los planes de desarrollo de 2010 a 2022, ha sido ineficaz, particularmente en el último cuatrienio, que disponía de $50.000 millones adicionales.
5. Resaltó que la Adres, a 31 de octubre, había depositado a las EPS $64 billones y, por consiguiente, las intermediarias “no pueden negar la prestación de servicios a todos los afiliados”. Reconoció la deuda de $13 billones que la Adres les debe cancelar.
6. Alertó que las EPS violan la norma de no sobrepasar el 30 % en la contratación de su propia red, conocida como “integración vertical”, y puso como ejemplo a Famisanar, por el desequilibrio incurrido en 2022 y 2023, que tiene contratos con su propia red en un 45 %.
7. Otro delito denunciado es el monto de las “reservas técnicas”, que, para 15 EPS analizadas, debería representar $15 billones y solamente han apropiado $4,9 billones del aporte estatal de la UPC.
8. Alarmantes las incongruencias entre la facturación por servicios prestados y los pagos efectuados por las EPS. Citó el caso de la Nueva EPS, que reportó facturas por $2,3 billones, pero efectuó giros por valor de $3,8 billones en 2022: son $1,5 billones por encima de la facturación registrada. Como en las denuncias anteriores, el contralor aclaró que nombra en cada infracción a una EPS, en particular, pero las investigaciones comprueban que esa es una conducta repetida en las demás intermediarias.
9. Alertó sobre giros de anticipos de las EPS a su red propia (integración vertical), por servicios no prestados y sin facturación. Afirmó que el Estado debe revisar a profundidad qué ha sucedido con los recursos de la salud en lo pasados 30 años. El contralor coincide con la solicitud de varios analistas y columnistas que hemos reclamado la reconstrucción del destino de los cuantiosos recursos de la salud entregados a las intermediarias y el esclarecimiento de los orígenes del valioso patrimonio de esas entidades.
10. Por cuarta vez, el contralor se refirió a las violaciones ocurridas entre 2018 y 2022.
En este caso, reportó que se detectaron giros adicionales de UPC, durante la pandemia, para saneamiento de deudas de las EPS de otras vigencias, que se constituye en detrimento patrimonial de los recursos fiscales y parafiscales de destinación específica para la atención de los usuarios.
El contralor advirtió que en los próximos días emitirá las sanciones a estos delitos.
Los senadores admitirán, ante esta evidencia, que la reforma a la salud proveniente de la Cámara es mandatoria, por el bien común de los colombianos.
