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El pasado 29 de diciembre, la juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá dejó el libertad a los tres capturados que están involucrados en los supuestos hechos de corrupción por el contrato para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional. Se trata del exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa Hugo Alejandro Mora Tamayo; del exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa Diego Alejandro Manrique Cabezas; y del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional. Los hechos investigados se habrían presentado entre septiembre y octubre de 2024. El ministro de Defensa era el cuestionado Iván Velásquez, quien hoy disfruta de la Embajada ante El Vaticano.
En uno de sus comentarios en redes, Petro anotó que “en años pasados, Colombia compró material de guerra ruso, helicópteros, para sus propios fines al interior del país. Ese material está ahí, tiene problemas de sostenimiento porque la asistencia ahora es imposible para cambiar partes”. Durante la CELAC de Buenos Aires de 2023, Petro explicó que el gobierno estadounidense le hizo el ofrecimiento para “solucionar el problema de sostenimiento de esos elementos”. Sostuvo que se negó a entregarlos, porque “la Constitución tiene hacer la paz como orden en el terreno internacional”. ¿Aludía a la guerra Rusia-Ucrania? La Embajada de Rusia en Colombia publicó un comunicado que reveló que el contrato de mantenimiento entre la compañía rusa NASC S.A. y el Ministerio de Defensa se suspendió desde febrero de 2023 cuando la parte colombiana “detuvo el cumplimiento de sus obligaciones bajo los contratos vigentes y unilateralmente suspendió su ejecución”.
Por denuncia interpuesta ante la Procuraduría se conoció que el proyecto fue liderado inicialmente por Luis Edmundo Suárez, viceministro de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, y por Mario Andrés García Camón, director de Logística, que recibieron múltiples propuestas de compañías que se presentaron en Tolemaida para realizar visitas técnicas. Se conoció que el viceministro Edmundo Suárez estaría buscando favorecer a la empresa MI-Series Personnel & Parts LLC, con sede en Miami, taller seleccionado por el contratista Vertol Systems Company INC para que se le adjudicara el contrato de reparación de los 17 helicópteros que se encontraban en Tolemaida.
A esta decisión respondió, en carta enviada al Ejército Nacional, el fabricante ruso, en la que señaló que la empresa MI Series Personnel & Parts LLC no cumple con las condiciones técnicas establecidas por el fabricante para llevar a cabo el overhaul (revisión completa y mantenimiento) de los helicópteros MI-17. Por otra parte, el 5 de noviembre de 2024, NHC Mil & Kamov SAS, fabricante de las aeronaves, envió una comunicación a Sergio París, director de la Aeronáutica Civil, en la que ratificó que el taller norteamericano “no tenía cartas tecnológicas, personal certificado ni documentación oficial” para adelantar el overhaul de las aeronaves pues no existía ningún tipo de apoyo tecnológico ni relacionamiento entre esta compañía y la empresa fabricante de las aeronaves rusas. A pesar de esta advertencia, la Aeronáutica Civil otorgó el permiso y el Ministerio de Defensa adjudicó un contrato por 32 millones de dólares a Vertol Systems Company INC y a los talleres MI Series Personnel and Parts.
En septiembre del año pasado, el entonces viceministro de Defensa, general(r) Ricardo Díaz, acrecentó el escándalo ocurrido con los helicópteros, que por esta polémica y unas denuncias de maltrato, salió del cargo. En entrevista posterior a revista Semana reveló supuestas presiones para que aprobara la adquisición de tres helicópteros para Casa de Nariño y la Fuerza Aérea.
En la denuncia ante la Procuraduría se conoció que varias compañías se enteraron de que, en la semana del 14 al 18 de octubre de 2024, un personal el Ejército Nacional fue enviado con recursos del Ministerio de Defensa y con visa diplomática para realizar una visita técnica a la empresa MI-Series Personnel & Parts LLC. Las dudas sobre este proceso continuaron, lo que llevó a la intervención de una comisión de inspectores. Se argumentó que el viceministro Suárez habría manejado tráfico de influencias ante la Presidencia para obtener la aprobación de otra comisión de técnicos de la Aerocivil, quienes viajaron el 8 de noviembre de 2024 para inspeccionar el taller en cuestión. Finalmente, el 30 de diciembre de 2024, un comité técnico del Ejército estableció que Vertol Systems no cumplía con los requisitos de experiencia ni técnicos para ejecutar el contrato. Sorprendentemente, un día después, el 31 de diciembre, el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército No. 32, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, certificó ante el Ministerio que la empresa sí tenía la experiencia necesaria. Esa misma noche de fin de año, el contrato fue adjudicado.
Al entramado descrito se añade que a solo tres meses de la firma, el acuerdo sufrió un cambio de cláusula (Caracol Radio, 04-09-2025): lo que inicialmente debían ser desembolsos contra entrega de reparaciones, se convirtió en un anticipo del 50 % del valor total del contrato, que solo tiene un avance del 8 %. El Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento por parte de Vertol Systems del contrato de mantenimiento de seis aeronaves MI-17 del Ejército.
Continúan los procesos investigativos de la Procuraduría, de la Contraloría General de la República, de la Fiscalía y del propio Ministerio de Defensa. La reducción en la flota de helicópteros afecta las operaciones estratégicas del ejército colombiano, porque la acción de los grupos ilegales requiere movilidad aérea inmediata. Por estos delitos se ha comprometido la seguridad territorial, la de los ciudadanos y el patrimonio público de la Nación.
