El Ministerio de Salud emitió la Circular Externa 0028 de 2026 del 16 de agosto, dirigida a las entidades promotoras de salud y adaptadas, en el marco de sus competencias y obligaciones relacionadas con el aseguramiento y la gestión integral del riesgo en salud de sus afiliados, en los territorios afectados por la situación de desastre de carácter nacional.
“Garantizar el derecho fundamental a la salud de sus afiliados de manera indelegable” es la impronta constitucional definida en la Ley Estatutaria de Salud, 1751 de 2015, que cubre a todos los ciudadanos: los afectados por el terremoto del 10 agosto y los que padecen enfermedades urgentes que no han sido atendidos oportunamente por las EPS, con peligro para su vida, en otras regiones del país.
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el inventario del Ministerio, cerca de 308 centros de salud resultaron afectados con daños en su infraestructura y hospitales principales en zonas críticas, como en el Valle del Cauca, en Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío. Algunos declararon alerta roja por la alta cantidad de heridos y requirieron evacuaciones preventivas. Servicios de urgencias operan bajo planes de contingencia en zonas externas o carpas habilitadas.
Una vez más, la dedicación de los profesionales de la salud para atender la demanda de servicios es admirable. En algunos de estos hospitales les adeudan sueldos y honorarios.
En el numeral 8 de la Circular agrega que las prestadoras deben verificar y gestionar, a través de sus sistemas de información y en articulación con su red de prestadores y proveedores, las prescripciones, autorizaciones y direccionamientos de servicios y tecnología en salud de los afiliados afectados, adoptando las medidas necesarias para asegurar su efectiva prestación o suministro y para resolver las situaciones que puedan afectar la continuidad de la atención en salud. Lo anterior, sin perjuicio del cabal cumplimiento de sus obligaciones frente a todos sus afiliados, incluso los que no se encuentran ubicados en los territorios por la situación de desastre.
Finaliza advirtiendo que la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus competencias, priorizará la vigilancia de barreras de acceso, negaciones, demoras, interrupciones de tratamientos, fallos de red, remisiones no resueltas y demás situaciones que comprometan el derecho fundamental a la salud y el acceso efectivo a la prestación de los servicios de salud. “La inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes podrá dar lugar a las actuaciones administrativas y sancionatorias por parte de las autoridades competentes”. Esto es, precisamente, lo que no ha ocurrido con la negación de servicios por parte de las EPS, razón por la que estas entidades se sienten inmunes ante las reclamaciones de los pacientes.
El informe de la Procuraduría General de la Nación del 5 de agosto reveló que persisten las barreras de acceso a los servicios de salud en varias EPS y un preocupante deterioro financiero de estas entidades. Señaló demoras en citas con especialistas, dificultades en la autorización de servicios, retrasos en la entrega de medicamentos y un aumento de las peticiones, quejas, tutelas e incidentes de desacato, afectando el acceso oportuno a la atención médica.
Sobre la Nueva EPS, la Procuraduría advirtió un riesgo estructural para la garantía del derecho a la salud, al reportar pasivos superiores a $22 billones, pérdidas acumuladas por más de $11 billones. En el primer trimestre de 2026 se registraron 40.668 tutelas.
Para afrontar el monumental deterioro multifactorial del sistema de salud, la ministra Vesga ha seleccionado profesionales con experiencia previa en la participación y evaluación de la crisis descrita. Como viceministro de Salud, designó al doctor Andrés Vecino, Md., PhD, investigador de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins de Baltimore, Maryland.
En la publicación Consultorsalud, de Carlos Felipe Muñoz P., se describió la participación del doctor Vecino en el Consejo de Ministros del presidente Petro, el 23 de noviembre de 2023, en la que se refirió a superar la incertidumbre y la desconfianza entre los actores del sistema; fortalecer la red pública en la Colombia rural; vincular los indicadores de calidad en los pagos a las EPS; ampliar la oferta de personal de salud; afrontar la presión tecnológica y las finanzas del sistema, para el futuro inmediato; en términos integrales, fortalecer la salud pública. Años más tarde, Gustavo Petro pretendió atacar al doctor Vecino por reportaje concedido a British Journal sobre la crisis de salud en Colombia. Por consiguiente, será un magnífico viceministro de Salud, ya fogueado en el sector de políticas públicas.
La doctora Marcela Brun Vergara, como viceministra de Protección Social, economista de la Universidad de los Andes, venía de ser gerente general de Capital Salud desde octubre de 2024. Pasó por organizaciones como Compensar y Méredi. Cursó una maestría en Economía en la Universidad de Texas. Su trayectoria se ha concentrado en economía aplicada a la seguridad social, regulación y formulación de políticas públicas para el sector salud.
Para la Superintendencia Nacional de Salud, la ministra seleccionó a la doctora María Andrea Godoy Casadiego, abogada de la Universidad del Rosario, especializada en Derecho Administrativo y maestría en Administración de Salud, de la Universidad Javeriana. Pasó por Colsánitas y estuvo vinculada a EPS Famisanar. Su función será la inspección, vigilancia y control, además de velar por la protección de los derechos de los usuarios, en medio del debate nacional sobre el futuro del sistema de salud.
Para la dirección del Invima, fue nombrada la doctora Sindy Pahola Pulgarín, bacterióloga del Colegio Mayor de Antioquia y especialista en gerencia de Proyectos de la Universidad El Bosque. Estaba vinculada al Invima, en investigación clínica de productos.
Al Instituto Nacional de Salud llega la doctora Zulma Milena Cucunubá, epidemióloga, ampliamente conocida y mencionada en esta columna, durante la pandemia del Covid en 2021. Venía de ser directora del Instituto Nacional de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Vinculada al MRC Centre for Global Infectious Analysis del Imperial London College.
Regresando a la Circular sobre el deterioro de la red hospitalaria por el terremoto del 10 de agosto, el empresario Jaime Gilinski y su señora, doña Raquel, donarán $150.000 millones de pesos, para reconstruir hospitales y escuelas afectadas en la ciudad de Cali. Tal generosidad será aprovechada para que, tanto hospitales como centros educativos, dispongan de las últimas tecnologías de construcción y dotación, en beneficio de la población de esa región.
La respuesta del sector empresarial y la solidaridad de la ciudadanía auguran que la reconstrucción en los departamentos y ciudades afectadas por el terremoto se desarrollará en el tiempo que requiera la complejidad del reto nacional, bajo la dirección del gobierno del presidente De la Espriella.
