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En una extensa sesión el pasado 28 de octubre, la Comisión Séptima del Senado de la República aprobó, por siete votos a favor y seis en contra, la proposición presentada por la senadora Nadia Blel (conservadora) para aplazar la discusión y votación de la Reforma a la Salud. Por supuesto, fue secundada por el histórico senador Pinto, (liberal), ahora presidente de esa Comisión.
La reforma aprobada en la plenaria de la Cámara el 4 de marzo fue remitida a la Comisión 7ª del Senado y, desde esa fecha, esta unidad legislativa ha evadido su discusión, con diferentes artificios, como convocar mesas técnicas que no aportaron ni en la fundamentación, ni en el desprestigio del proyecto, porque su intención era una sola: dilatar y dilatar, hasta aplazar indefinidamente la discusión, como ocurrió este 28 de octubre.
Para estos legisladores del Senado no cuenta la unidad legislativa bicameral definida en la Carta y menosprecian el trabajo de los representantes, que también fueron elegidos por el constituyente primario para ejercer la función pública de la formulación de las leyes y “deberán actuar consultado la justicia y el bien común” (C.P. Artículo 133).
La senadora Blel justificó su proposición afirmando que “no podemos aprobar una reforma de esta magnitud sin saber de dónde saldrán los recursos”. El ministro de Salud, presente en la sesión, defendió el respaldo financiero otorgado para el desarrollo de la reforma, asegurando que el Ejecutivo “ya ha expedido seis avales fiscales, el más reciente dirigido precisamente a la Comisión Séptima del Senado”.
A este contrapunteo entre la Comisión 7ª y el ministro de Salud lo señaló la presidenta de la Federación Médica Colombiana, doctora Ana María Soleibe, con el titular “La oposición prefiere el caos antes que la reforma a la salud”, (Revista Sur, 27-10-2025): “Contrario a la desinformación promovida por algunos sectores de oposición para justificar su rechazo al proyecto de reforma presentado por el Gobierno, el Ministerio de Hacienda sí otorgó el aval fiscal a la reforma, dejando claro que la crisis del sistema de salud no es consecuencia de la reforma, sino del desbalance estructural causado por las EPS. El documento oficial señala que la reforma es compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y proyecta que el gasto total en salud alcanzará los COP 163,8 billones en 2034, de manera gradual, equivalente al 7,1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Además, advierte que la sostenibilidad financiera del sistema depende de saldar las deudas acumuladas de las EPS, que superan los COP 25 billones con hospitales, clínicas y proveedores. Dichas obligaciones, derivadas del incumplimiento reiterado de los requisitos de solvencia y de la manipulación de reservas técnicas, han distorsionado el flujo financiero durante años. La reforma no crea un déficit, lo hereda.”
En la Comisión 7ª del Senado, al referirse a los recursos del sistema de salud, ignoran sistemáticamente los informes de la Contraloría, que estimó en COP 32,9 billones las deudas de las EPS a la red prestadora, el desvío de COP 6 billones de la UPC, y ha trasladado a la Fiscalía el hallazgo del desvío de COP 13,2 billones de recursos de las Reservas Técnicas y de COO 2,3 billones por facturación de servicios médicos a 471.480 personas fallecidas. Tampoco recuerdan que en 2012, siendo ministro de salud Alejandro Gaviria, la contralora Sandra Morelli denunció el desfalco de la EPS Saludcoop en cuantía superior a COP 1,4 billones. No obstante, la senadora Blel y sus compañeros de bancada enmascaran la magnitud del desfalco al sistema de salud perpetrado por la intermediación, con la argucia del aval fiscal.
Sobre la insuficiencia no demostrada de la UPC, no se debe trasladar a los contribuyentes, como sucedió en gobiernos anteriores, el supuesto déficit, sin que una auditoría forense demuestre tal necesidad.
La reforma, por otra parte, en caso de reanudar el debate, debe legislar expresamente sobre los cambios en el modelo actual hacia el preventivo, predictivo y resolutivo, y el paso de las EPS de aseguradoras, hacia gestoras
