Panorama de la salud 2025, publicado por la OCDE

El 13 de noviembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, divulgó el informe “Panorama de la Salud 2025”, de los países miembros del organismo multilateral.

Resalta que Colombia exhibe una de las esperanzas de vida más bajas entre la lista de más de 40 naciones analizadas por la OCDE: 77,5 años, que la ubica en la parte inferior de la lista, casi cuatro años por debajo del promedio reportado. Destaca que Colombia registra 304 muertes prevenibles por cada 100.000 habitantes, más del doble que el promedio de los países miembros, que es de 145, mientras que las muertes tratables llegan a 115, frente al promedio de 77. Tan graves indicadores reflejan que solo 46 % de los ciudadanos están satisfechos con la atención médica de calidad, un porcentaje 18 puntos inferior al promedio general registrado en el informe.

La presidenta de la Federación Médica Colombiana, Ana María Soleibe, elabora que estos porcentajes representan “vidas que podrían haberse salvado mediante acciones de salud pública, prevención primaria, vacunación, saneamiento, regulación y vigilancia epidemiológica. No podemos pasar por los números sin entender su verdadero significado. El cáncer es hoy la tercera causa de muerte en Colombia, con un costo proyectado que se incrementará a 114 % hacia 2050 si no se transforman las condiciones actuales del sistema. Las deficiencias en tamizaje, diagnóstico temprano y continuidad del cuidado son profundas y estructurales, reflejo de un modelo diseñado para administrar recursos, no para producir salud”.

En inversión, el país gasta 1.877 dólares per cápita en salud, cantidad muy inferior a los 5.967 dólares de promedio en la OCDE, y 8,1 % del PIB en salud, (9,3 % en OCDE). Si se considera el tamaño total de la economía, el porcentaje del PIB en salud resulta insuficiente para mantener un sistema de alta complejidad. Soleibe añade que “la diferencia no está en el porcentaje del PIB, sino en la forma en que se estructura y utiliza el gasto. Colombia financia su sistema mediante un modelo fragmentado, ineficiente y con costo administrativo desproporcionado. Se invierte más en atender tarde que en prevenir, y se usa la comparación con sistemas como el de Estados Unidos (17,2 % del PIB), para crear titulares llamativos, ignorando que son modelos imposibles de comparar por su diseño, estructura y financiamiento”. Lorena Cudris-Torres, (La silla vacía, 25-11-25), reflexiona que “los datos revelan una tensión estructural. Colombia creó un sistema con aspiraciones de país desarrollado, pero sin el financiamiento, el talento humano ni la infraestructura necesarios para sostenerlo, y esa tensión explica por qué la crisis actual no es coyuntural, sino el resultado de problemas arrastrados durante dos décadas”.

Con respecto a la capacidad de atención, el informe define que el país cuenta con 1,9 camas hospitalarias por 1.000 habitantes, por debajo del promedio, 4,2 (OCDE); dispone de solo 6 unidades por millón de habitantes de tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM) y tomografía por emisión de positrones (PET), frente a un promedio de 51 en los países OCDE. Sobre el recurso humano, Colombia cuenta con 2,5 médicos y 1,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras que los promedios del bloque son de 3,9 y 9,2 respectivamente. Solo existen 18 farmacéuticos por cada 100.000.(Promedio OCDE: 86).

Si se contrastan los datos del informe de la OCDE con la historia registrada del sistema de la intermediación impuesta por la Ley 100, se evidencia que el sistema nunca tuvo como objetivo el derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del territorio nacional, formulado en los artículos 48 y 49 de la Carta Política, sino delegar en organizaciones privadas esa función, que lo convirtió en un negocio, desde su instauración en 1994.

La falsedad en las bases de datos de las EPS se documentó en la investigación ordenada por el dr. José Félix Patiño en la Academia Nacional de Medicina, tildada como “duplicados”: personas inexistentes, fallecidas o registros duplicados, por los que cobraban al Estado el valor de la UPC. La negación de servicios a los afiliados se evidenció el 30 de mayo de 2007, por el “Consenso de ACEMI”. En un correo por la directora médica de esa entidad: “Compromiso, costeo, insumos y depósitos médicos, procedimientos POS, listado de servicios que las EPS acordaron no cubrir”. La SIC sancionó a ACEMI y a 14 EPS por haber realizado prácticas anticompetitivas en el sector salud.

La Sentencia T-760 de 2008, de la Corte Constitucional, respondió a la frecuencia de las tutelas ciudadanas, interpuestas precisamente por la negación de servicios de las EPS a sus afiliados. Se conoce como “la Supertutela en salud”. Siguió la denuncia de la contralora Sandra Morelli, por la desviación de recursos de Salupdcoop, en cuantía superior a COP 1,4 billones. Las contralorías recientes siguen denunciando los desvíos de los recursos que afectan la salud en Colombia, que no tienen por qué ser registrados en los datos de la OCDE.

En conclusión, es responsabilidad del poder legislativo corregir las deficiencias del sistema imperante, que favorezca la cobertura universal del derecho fundamental a la salud, para todos los habitantes del territorio, estableciendo los mecanismos de control, que superen la corrupción dominante en las pasadas décadas.