En la primera vuelta del 31 de mayo, Abelardo De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos e Iván Cepeda 9.688.361. Una diferencia de 673.138.
Esa misma noche, el presidente decidió no aceptar los resultados preliminares que arrojó el preconteo, denunciando supuestas irregularidades con el censo. Las contradicciones del raciocinio de Petro son perturbadoras para la opinión pública. El 30 de octubre de 2024, a través del canciller Luis Gilberto Murillo, reiteró que no reconocería las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que el dictador Maduro fue declarado vencedor, si no presentaba las actas de votación antes del 10 de enero de 2025. Ahora, en Colombia, irresponsablemente, cuestiona el resultado de la primera vuelta.
Su candidato Cepeda inicialmente secundó a Petro, pero al día siguiente aclaró que “su equipo había revisado los resultados de las votaciones de la primera vuelta presidencial, y que no había encontrado evidencias que merecieran un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”.
El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, desvirtuó categóricamente la mentira de Petro: “no hay ninguna posibilidad de adicionar cédulas de ciudadanía a un censo electoral que se distribuye mesa a mesa en las 122.020 mesas de Colombia. Tampoco hay mesas ocultas. El censo electoral se cerró hace un mes y semanalmente se han tenido reuniones con todos los partidos y las campañas para recibir cualquier inquietud”.
El presidente, de acuerdo al artículo 188, “simboliza la unidad nacional y, al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Los derechos y libertades de los colombianos se expresaron en los resultados de la primera vuelta, que registró 23,9 millones de votantes, frente a los 21,4 millones de hace cuatro años.
El presidente dejó de representar a todos los colombianos, expone al país al descrédito de nuestra democracia y genera desconfianza en las instituciones, a nivel nacional e internacional. Numerosas entidades, instituciones, partidos políticos, el Consejo Gremial, la Judicatura, las Cortes y organizaciones internacionales, como la Misión de Observación de la Unión Europea, con 143 veedores, el Centro Carter, llamaron a la mesura al presidente y a proteger a la Registraduría de cara al balotaje del 21 de junio. A pesar del presidente, “resaltaron la fortaleza de la democracia colombiana”.
En la columna anterior, “Sin separación de poderes no hay democracia”, se afirmó que “el gobierno se rige por la Constitución, no la Constitución por el gobierno”. El presidente no es autoridad electoral y con sus veleidades invade a las instituciones que desempeñan esa función: la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Convocó un Consejo de Ministros para anunciar que asume como jefe de campaña de su candidato Cepeda, violando descarada y cínicamente la participación en política, que está prohibida en el artículo 127 de la Constitución: “A los empleados del Estado les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en controversias políticas”.
En ese abuso han caído (con el mal ejemplo de su jefe) embajadores, ministros del despacho, como el de Salud y el de Trabajo, que deben ser sancionados por la Procuraduría, mientras se cursa el procedimiento de la Comisión de Acusaciones por la gravísima infracción del presidente.
El presidente es el primer perdedor de la primera vuelta, por la abrumadora votación del candidato de la derecha, que, sin mediar otra consideración, se pronunció en contra del desastre del gobierno de la izquierda y arrastró a su candidato Cepeda. Este, que encabezó las encuestas y aspiraba a ganar en la primera vuelta, asustó a los votantes para impedir la continuidad del descalabro, lo que explica ese sorprendente resultado. Fue un acto de prevención ciudadana contra dicho riesgo.
Paloma Valencia resultó damnificada por esa realidad política, como también su mentor, el expresidente Uribe. Sin hurgar en otras causas, que fueron mencionadas en columnas anteriores sobre los errores de su campaña, ella y Uribe han convocado a sus seguidores a apoyar en el balotaje de la segunda vuelta al candidato De la Espriella.
Otro perdedor es el eterno candidato Sergio Fajardo, quien ahora pretende erigirse como el definidor de la elección pendiente, invocando que obtuvo un millón de votos. Vana ilusión, porque lo ocurrido con Paloma demuestra que el votante actúa con criterios pasionales y efectistas, sin la lógica de la reflexión documentada. Paloma, después de la Gran Consulta por Colombia, contaba con más de cinco millones de votos, sumando los de su candidato a vicepresidente, y quedó reducida a 1,6 millones de seguidores.
Los ganadores de la primera vuelta son, en primer lugar, los ciudadanos colombianos que acudieron masivamente a las urnas para expresar libremente su voluntad electoral. Fueron 23.978.304 votantes, equivalentes al 57,88 % del censo electoral. El crecimiento electoral representó 11,61 %, en relación con la primera vuelta de 2022, en la que participaron 21.442.300 electores.
El segundo ganador fue la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, que afrontaron los embates del dictador en ciernes, que reclamaba que le entregaran los códigos a los que legalmente no tiene acceso, porque lo que pretende es desconocer los resultados de los jurados de votación de las 122.020 mesas acreditadas. Los jurados son ciudadanos que merecen el respeto de sus conciudadanos. La fluidez de la información sobre los resultados permitió que en el curso de dos horas se conociera el triunfo del candidato De la Espriella y el segundo lugar del candidato del gobierno.
En tercer lugar, los observadores de países y delegados de organismos internacionales, que con valentía y autonomía reconocieron que, a pesar del presidente, la democracia colombiana tiene una estructura electoral sólida y admirable en el contexto internacional.
El atrevimiento ilegal de Petro al anunciar que asume la jefatura de la campaña de Cepeda, obliga a que los órganos de control estén atentos a los desmanes en los que puede incurrir, en su desespero para gestionar esa candidatura, buscando protegerse de las investigaciones que se instaurarán por sus errores en el ejercicio presidencial. El candidato De la Espriella advirtió que se enteró, por investigaciones de inteligencia, que el desconocimiento de los resultados electorales por parte de Petro, provocaría un estallido social para atemorizar a los votantes de la derecha. El discurso de la señora Aida Quilcué, el 31 de mayo en el Hotel Tequendama, anunciando esa provocación, fue tenebroso.
Como ocurrió con la primera vuelta, la ciudadanía votará con mayor ahínco, para cerrarle el paso final al candidato de Petro. Es más el daño que le ocasiona, al alertar a los electores, a los medios, a los organismos de control, y al poder judicial, para neutralizar sus pretendidas ilegalidades.
La opinión pública estará atenta al eventual debate entre los dos candidatos, que dadas las circunstancias de la polarización y la descalificación mutua, es posible que no se realice.
Los electores, nuevamente, votarán libremente, con la convicción de que se asegure un mejor porvenir para el bien común de nuestra patria, trazado por la nueva gobernanza de derecha en Colombia.
