Cada noviembre que se recuerda la tragedia del Palacio de Justicia, el alma ciudadana se acongoja, reviviendo las escenas de los asesinatos cometidos por la guerrilla urbana del M-19 y la reacción desproporcionada de las fuerzas militares para recuperar las instalaciones e intentar la liberación de los magistrados secuestrados, de los funcionarios y de los visitantes presentes al momento del asalto.
A lo largo de los años pasados, persisten versiones contrapuestas de los actores sobrevivientes, de la Comisión de la verdad, de los investigadores que reconocieron la imposibilidad de conclusiones, porque los escenarios fueron esencialmente modificados para la invalidez de la investigación penal. La sociedad civil acompaña con admiración y solidaridad el duelo que evocan en estas fechas las familias de los magistrados, empleados y funcionarios sacrificados en esta macabra barbarie.
Hace diez años, en conmemoración similar, el corresponsal de la BBC Mundo, Natalio Cosoy, señaló al M-19 como una guerrilla de “golpes publicitarios”. En 1974, asaltó la Quinta de Bolívar y robó La espada del libertador. En 1976 secuestró y asesinó al dirigente gremial José Raquel Mercado. En 1978, asaltó el Cantón Norte de las fuerzas militares y se apoderó de 5.000 armas. En 1980, se tomó la embajada de República Dominicana y mantuvo secuestrados a 16 embajadores y 30 civiles durante dos meses. Pero el asalto al Palacio de Justicia, a sangre y fuego, fue una acción de lesa humanidad en la que pretendió someter al Estado, como lo han intentado las guerrillas de las Farc, del ELN, y sus disidencias, que proceden con la misma crueldad y sevicia contra las instituciones, el poder judicial y la ciudadanía inerme.
El exfiscal Martínez, precisamente, en entrevista con la revista Semana (9-11-2025) aseguró que “los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles y no pueden ser objeto de indulto. Sería inconstitucional. Así lo declaró ya el Congreso de la República. La ley de indulto fue derogada por la Ley 2085 de 2021, una norma de depuración legislativa que eliminó del ordenamiento jurídico disposiciones contrarias a la Carta Política”. Agregó: “La justicia podría reabrir los procesos relacionados con los hechos del Palacio de Justicia. Frente a la Constitución nadie puede alegar derechos adquiridos”.
La frase del presidente, quien en entrevista para Caracol Televisión (ocurrida hace varios años) afirmó que el asalto al Palacio había sido una “genialidad” del guerrillero Luis Otero (Las Dos Orillas, 4-11-2025), está siendo reproducida en la red YouTube, y fue citada en los discursos de los magistrados y por columnistas en la conmemoración de los 40 años. “La toma del Palacio de Justicia no fue ninguna genialidad: fue una estupidez criminal, llena de atrocidades y una clara violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH)” (Rodrigo Uprimny, El Palacio de Justicia: atrocidades y responsabilidades. El Espectador, 9-11-2025).
Persisten dudas e inconsistencias de si el asalto al Palacio fue contratado con la guerrilla del M-19 por los narcotraficantes, señalados con el apelativo de Los Extraditables. El corresponsal citado de la BBC sostuvo que el M-19 les hizo el “trabajo sucio” a los capos del narcotráfico, incinerando material vinculado con su posible extradición a Estados Unidos. Añadió que hay registros de amenazas a los magistrados que trabajaban en el tratado de extradición entre Colombia y EE. UU.
Es el caso del magistrado Hernando Baquero Borda, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (febrero 1985-julio 1986), quien previamente fue vice procurador general de la República, entidad de la que fue funcionario por 21 años y fue co-redactor del tratado de extradición. Abogado del Externado de Colombia, se especializó en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Roma, de la Universidad de París y en Alemania realizó estudios de derecho penal comparado, en el Max Plank Institut, para el Estudio del Crimen, la Seguridad y el Derecho, en la ciudad de Friburgo. El magistrado Baquero no estaba en el Palacio de Justicia el día del asalto por el M-19 y trabajaba en casos relacionados con el narcotráfico y la extradición de colombianos a Estados Unidos. Durante los ocho meses que sobrevivió al holocausto del Palacio, recibió permanentes amenazas de Los Extraditables, que evidencian la relación del M-19 con los financiadores del asalto.
Tuve el honor de conocerlo y acompaño con profundo respeto a su familia.
