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Los 9 senadores de la Comisión 7ª del Senado que votaron el archivo de la reforma a la salud, en 2024, sin permitir el debate, fueron Norma Hurtado, (partido de la U), Miguel Ángel Pinto, (partido Liberal), Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres), José Alfredo Marín (Partido Conservador), Nadia Blel (partido Conservador), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), Ana Paola Agudelo (partido Mira) y Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente). Nombres que encarnan la historia triste de la democracia colombiana, porque rompieron la unidad de la estructura bicameral constitucional del poder legislativo. La reforma había sido aprobada por la Plenaria de la Cámara, después de amplios y fundamentados debates, con participación de la oposición.
Tras el hundimiento de la reforma laboral, se escucharon intervenciones de algunos de los mencionados, vaticinando que harán lo mismo con la reforma de la salud. También integrantes del Partido Conservador circulan rumores que indican que no acompañarán esta reforma. La opinión pública observará la conducta de la señora Blel, presidenta de la Comisión 7ª.
Los congresistas tienen la obligación moral de ejercer su cargo público en función del bien común de toda la sociedad, por encima de los conflictos de interés, personales o de sus bancadas, considerando la evidencia del fracaso del modelo de la intermediación que creó la Ley 100.
La Contraloría General de la República reveló que ha abierto 522 procesos relacionados con la gestión de 11 billones de pesos, 111 imputaciones por daños al patrimonio público, y 41 fallos de responsabilidad fiscal por 542 mil millones de pesos, por los desvíos de los recursos de la salud, cometidos por las EPS. Evidenció que 14 EPS no cumplen con los requisitos de habilitación, en relación con la destinación de la UPC, advirtiendo que más de seis billones de pesos, asignados a reservas técnicas fueron desviados para el pago de deudas de más de 13 años de antigüedad. Detectó que 5 billones de pesos fueron desembolsados sin facturas ni soportes, generando la apertura de nuevas investigaciones.
Analistas de la sociedad civil han estimado que el monto de los recursos de la salud desviados por las intermediarias pueden llegar a $80 billones de pesos, que constituye uno de los desfalcos más grandes de dineros públicos en los países latinoamericanos.
Los desencuentros entre el poder ejecutivo y el legislativo no pueden justificar que el Senado desatienda que la reforma en trámite busca, con fundamento en la Ley Estatutaria de 2015, que los habitantes de Colombia gocen del disfrute pleno del derecho fundamental a la salud, en el Estado Social de Derecho.
Vale recordar al constitucionalista Chinchilla, quien define que el Estatuto Ético del congresista implica garantizar la premisa que atraviesa la Constitución Política: “la definición de lo público contra todo género de apropiación del Estado, en favor de intereses parciales de la sociedad, se cumpla en todas las instancias del trámite de las leyes”. Es su obligación, señores senadores.
