Reformar la salud: ¿política de estado, o de gobierno?

El decurso del proyecto 339, en las sesiones de la Cámara, conduce a reflexionar si los legisladores de esa corporación actúan con la responsabilidad de la dignidad legislativa, para la sobrevivencia del Estado y el bien común de los ciudadanos, o, motivados por diversos intereses, se acomodan a la coyuntura del gobierno del Pacto Histórico, sumido en una crisis turbulenta, generada por sus propios integrantes.

La controversia de la coordinadora de ponentes, Martha Alfonso, con algunos de sus colegas del Partido Verde retrata la disyuntiva enunciada. La exministra Corcho, desde el mes de febrero inició la divulgación del contenido del proyecto 339 y anticipó que se inscribiría en la Comisión 7ª. de la Cámara, como de ley ordinaria.

La representante Catherine Juvinao no se enteró de que el proyecto 339 es de esa condición, porque, tres meses más tarde, extemporáneamente, argumentó que debería ser inscrito en Comisión 1ª., como de Ley Estatutaria. Juvinao tampoco entendió que el exmagistrado de la Corte Constitucional Aquiles Arrieta, en diversos foros sobre la reforma a la salud, ha sostenido que en el protocolo legislativo, el 339 debe ser de ley ordinaria, y solamente algunos de los artículos que toquen específicamente a la Constitución, se tramitarían como estatutarios. La representante debería saber que ya existe, desde 2015, La Ley Estatutaria de Salud 1751, declarada exequible por la Corte Constitucional, y que solo un proyecto ordinario, como el 339, la puede reglamentar. Una Ley Estatutaria no puede ser reglamentada por otra Ley Estatutaria.

La precipitud del gobierno de César Gaviria y de los ponentes de la Ley 100, en 1993, ha confundido a la opinión pública, por cuanto el sistema de aseguramiento comercial de la salud, delegado en las EPS, no consideró el derecho fundamental a la salud consignado en los Artículo 48 y 49 de la Carta. Si así hubiera ocurrido, la salud no estaría sometida a los enfrentamientos actuales, ni se hubieran utilizado los recursos públicos, en un negocio rentable para los intermediarios, ni los ciudadanos desatendidos en los servicios de salud, hubieran interpuesto tutelas ante los jueces y las cortes, ni la Contraloría General hubiera reportado los hallazgos de los desfalcos de dichos recursos. La visión fue de política de gobierno, el de la apertura neoliberal, pero no de Estado, de largo aliento.

Los gobiernos que sucedieron a Gaviria, jamás se cuestionaron si la Ley 100 respondía al derecho fundamental constitucional a la salud y simplemente perpetuaron las inequidades del modelo durante 30 años.

Fue la sociedad civil, representada por la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional, la que condujo a que esta corporación, enunciara por primera vez en Colombia, el concepto de la existencia del derecho fundamental a la salud.

Quienes desde 1993 hemos evaluado y comentado el desempeño de los diversos actores del sistema del aseguramiento comercial de la salud, y denunciado sus falencias, siempre alertamos a los gobiernos, sin sesgos políticos o personales, sobre la inaplazable necesidad de reformar estructuralmente el modelo, pero ese reclamo fue desatendido.

El único gobierno que se ha empeñado en renovar la salud, con base en el derecho fundamental y su desarrollo en la Ley Estatutaria de 2015, es el actual del Pacto Histórico.

La visión es que la salud debe ser política de Estado y no solo de gobierno, como ocurrió en los pasados 30 años.

Esta premisa respalda el contenido de las columnas que he redactado desde 1993, antes de la expedición de la Ley 100 y mientras se defienda el derecho fundamental a la salud y su Ley Estatutaria, acompañaré ese propósito.