Rendición de cuentas del Ministerio de Defensa

El 19 de diciembre, por el canal institucional RTVC, se presentaron el ministro de Defensa, los comandantes de las Fuerzas Armadas y el director de la Policía Nacional, en audiencia pública de transparencia, para rendir ante la ciudadanía el informe correspondiente al ejercicio de 2025.

La sesión fue moderada por la presentadora Omaira Morales. Cada intervención, desde la del ministro, de la cúpula militar y de la Policía, fue presidida por sendos videos que compendiaban las acciones, los logros y las dificultades de las respectivas fuerzas, en la defensa y la seguridad del territorio y de los colombianos.

El ministro puntualizó que la violencia se mide en diferentes países por la tasa de homicidios, por cada 100.000 habitantes. Graficó que, en 1991 (gobierno Gaviria), correspondió a 84, y en 2024 (gobierno Petro), a 25,5.

Desvirtuó la percepción que el homicidio se había incrementado en los últimos años. Explicó que a este delito se responde con prevención (70 %), tanto en lo social como en lo económico, y por parte de las fuerzas armadas con la neutralización (30 %). Las 13.500 muertes ocurridas en el gobierno Duque y en el de Petro son atribuibles al sicariato (70 %), por el imperio de la cultura “traqueta” y falta de oportunidades, y citó el ejemplo del asesino del senador Miguel Uribe T.

Los golpes a las estructuras criminales y a las economías ilegales se reflejan en la disminución de homicidios en las áreas afectadas: Putumayo (-60 %), Nariño, (-23 %), Caquetá, (-10 %), Amazonas, (-32 %), Vichada, (-15 %), Chocó, (-22 %), Córdoba, (-37 %) Boyacá, (-33 %), y Arauca, (-33 %). Resaltó que en el Cauca, la reducción fue solo del 2 %.

Continuó con las estadísticas de las acciones en terreno de las fuerzas armadas, con la premisa que “no hay cese al fuego vigente”, afirmación que debió sorprender al candidato Cepeda. “Incrementamos la ofensiva militar contra los grupos armados organizados”, que comparó con el año anterior: 545 combates (+27 %), neutralizados 4.195, (+11 %), 323 muertos en desarrollo de operaciones (+99 %), 2.966 capturados (+11 %), 906 desmovilizados, sometidos y desvinculados (-3 %). Esta alusión del ministro Sánchez a sus acciones recuerda que su predecesor Iván Velásquez enfrentó fuertes críticas de la oposición, por la falta de avances concretos en la reducción del poder de los grupos armados ilegales y el retroceso del control territorial por parte del Estado, en el escenario de la controversial “paz total”.

Enumeró los grupos criminales organizados contra los que la fuerza pública empeña sus esfuerzos: alias Calarcá, alias Mordisco, Allende, Araña, F-57, la Segunda Marquetalia, a la que se atribuye el asesinato de senador Uribe T.

Estas disidencias corresponden al 15 % de guerrilleros que no se acogieron al plan de paz de 2016, durante el segundo gobierno de Santos. Han ocasionado la muerte a 170 militares destacados en las áreas del conflicto persistente.

Con respecto al control del narcotráfico, en el presente año se incautaron 928.043 kilogramos de cocaína, que significó un incremento de 10 %, respecto del año anterior. Se destruyeron 5.278 laboratorios de producción , 5 % más, e incautaron 69.993 kilogramos de pasta base de coca. Anotó que existen 306 millones de consumidores de drogas en el mundo, de los cuales el 7 % lo son de cocaína y reflexionó que mientras “Colombia incautó durante este gobierno 2.800 toneladas de este veneno, no se aprecia la concomitante acción de los gobiernos para afrontar el consumo como un problema de salud pública”. Tales incautaciones significaron 35.000 millones de dosis que no llegaron a los potenciales consumidores.

Contrastó la producción vs. la incautación. En 2021, la producción se estimó en 43,1 % y la incautación, 32 %, balanza negativa de -11,1 %. En 2024, el crecimiento de producción fue equivalente al 3 % y de incautación, 19 %.

Propendió por la sustitución voluntaria de los 27.000 cultivadores de hoja de coca, o la erradicación por la acción de la policía. Mencionó que cerca de 9.000 muertos corresponden al sicariato entre las bandas que protegen el cultivo, para lucrarse de las ganancias de los narcotraficantes.

El siguiente capítulo versó sobre la lucha contra la corrupción. Resaltó que la ciudadanía ha manifestado favorabilidad a las fuerzas armadas de 76,6 % y de la policía de 64,4 %. No obstante, ante el riesgo de actos de corrupción, dentro del cuerpo de 410.000 militares, se constituyó una junta de la cúpula militar y de la policía para evaluar las conductas irregulares. En 2022, hubo 25 operaciones realizadas; 40 capturados; 15 imputaciones; 10 allanamientos. En 2025, 81 operaciones realizadas; 159 capturados, 147 imputaciones; 20 allanamientos. Informó de una línea, la 157, para que cualquier ciudadano, de forma anónima, pueda denunciar los delitos que haya detectado, en cualquier institución o de particulares. Resumió que en 2025, los procesados corresponden a la policía nacional: 23 %; a otras instituciones, 12 %; a las fuerzas militares, 3 %; a jueces, fiscales e inspectores, 2 %; a alcaldes y concejales, 1 %. Añadió que 34 % de los procesados eran exfuncionarios públicos.

Adelanto que, en entrevista para W Radio, el ministro Sánchez comentó que, respecto del contrato del mantenimiento de los helicópteros MI-17, que está siendo investigado por varias agencias del Estado, “no se va perder un solo peso”. Así lo esperan los colombianos que han ratificado su confianza en el ministro y en las fuerzas militares de Colombia.