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El 12 de noviembre se reinició en la Comisión Séptima de la Cámara el debate sobre la reforma a la salud, con el monótono discurso atropellado del representante Andrés Forero, que repite su actuación cuando se somete a votación el orden del día. Formula el estribillo: “que se retire del orden del día y se archive el proyecto”. Así fue en la legislatura de 2023 tanto en la Comisión como en la Plenaria de la corporación. Después de seis sesiones, el 18 de noviembre se aprobó el proyecto que continuará su curso hacia la Plenaria. Se presentarán 64 artículos con los nuevos agregados.
El representante Forero y los pocos que lo acompañan asumen que en la Plenaria se aprobará el texto proveniente de la Comisión, porque al final de la sesión, Forero anunció que nuevamente la Comisión Séptima del Senado, como ocurrió el 3 de abril, se confabularía para hundir la misma reforma. Para recordar, dichos senadores son Norma Hurtado, (Partido de la U), Miguel A. Pinto (Liberal), Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres), José A. Marín (Conservador), Nadia Blel (Conservador), Alirio Barrera (Centro Democrático), Ana P. Agudelo (Mira) y Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente). No obstante, en la Cámara, los representantes del Partido de la U y del Partido Liberal se unieron a la mayoría que aprobó el texto, por 14 votos a favor y 4 en contra: Centro Democrático (2) y Cambio Radical (2).
La expectativa del representante Forero podría frustrarse, si se considera que el escenario político es diferente, porque los legisladores de ambas cámaras no pueden sustraerse a la evidencia presentada por los órganos de control, particularmente por la Contraloría General de la República, sobre el desfalco a los dineros de la salud perpetrado por los intermediarios en 30 años. Están fuera de contexto quienes pretendan perpetuar ese modelo y rechacen la reforma, por el odio al gobierno y sus conflictos de intereses.
La política se ha convertido en una profesión de alto impacto y si los congresistas aspiran a ser reelegidos en sus respectivas circunscripciones, saben de sobra que la opinión pública está adecuadamente informada de la crisis del sistema de salud, motivada por la desfinanciación originada en el desvío de los recursos pagados por los ciudadanos, y castigarán a los políticos que se han beneficiado de esos dineros, o que los sigan amparando oponiéndose a la reforma.
Los de Cambio Radical, instruidos por sus jefes, insisten en que la reforma debería ser de ley Estatutaria (comisiones primeras) y no de ley ordinaria como la que se acaba de aprobar.
De facto, pretenden ignorar que ya existe esa Ley Estatutaria, la 1751 de 2015, de origen ciudadano, sobre la que se fundamenta la reforma en trámite. No se puede reglamentar una ley estatutaria con otra, de la misma categoría.
Para unos y otros, se acomoda la frase conceptual del célebre neurocirujano inglés Henry March: “Do not harm”, no hagan más daño contra el derecho fundamental a la salud de todos los habitantes de Colombia.
