Senadoras de la Comisión VII convocan a mesas técnicas y a audiencias públicas

Algunas senadoras de la Comisión VII han convocado a cuatro mesas técnicas y a seis audiencias públicas, en Bogotá y en otras regiones, antecediendo al proceso que les corresponde, en su deber legislativo, para culminar el proyecto de la reforma a la salud, de origen gubernamental, ya aprobado el 6 de marzo en la Cámara de Representantes, por 90 votos a favor y 28 en contra.

Esta observación es un canto a la bandera, porque las convocantes, Norma Hurtado, Lorena Ríos, Esperanza Andrade (reemplazó a José Alfredo Marín, Partido Conservador) y Nadia Blel (quien cerró la audiencia), desconocieron la unidad legislativa y, sin debate, hundieron la misma reforma el 3 de abril de 2024.

La huilense Andrade, cuando se posesionó el 19 de febrero, advirtió que seguiría al pie de la letra las instrucciones de su partido, como lo hizo el remplazado Marín.

No consideraron que la Cámara había agotado el procedimiento de mesas técnicas, 60 audiencias públicas, comisiones de trabajo, para configurar mayorías en la votación del proyecto enviado a la Comisión VII senatorial. ¿Presumen las senadoras que la opinión pública cataloga su estratagema como conveniente para avanzar con la reforma, o más bien, como un ardid para agotar el tiempo de la legislatura que termina el próximo 20 de junio?

Se sorprendieron con la intervención a cargo de la representante de la Defensoría del Pueblo, Claudia Bacca, quien presentó el análisis sobre la percepción de la población acerca de la inequidad del sistema de intermediación que el proyecto pretende modificar, la vulneración repetida al derecho fundamental a la salud y el incremento de las tutelas. Agregó que Colombia tiene una de las tasas de satisfacción más bajas entre los países de la OCDE. Concluyó enfáticamente con la necesidad de aprobar la reforma, con una transición adecuada, y la garantía de sostenibilidad financiera.

Otro participante, Fernando Castro, afirmó que no se puede seguir fomentando que la plata pública de la salud esté en manos de empresas privadas. Cuestionó la permanencia de las EPS, aun en la forma de gestoras que, de todas maneras, significan una erogación costosa a los recursos aportados por los ciudadanos para el sostenimiento de su salud.

Al viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, hay que reconocerle el esfuerzo por mantener los canales de diálogo con las bancadas de oposición, porque estuvo presente en gran parte de la tal audiencia. Resaltó que simultáneamente debió atender el debate de la Comisión I, que tozudamente pretende regresar a que la reforma debería ser de trámite de proyecto de ley estatutaria, desconociendo que desde 2023 fue presentada como de ley ordinaria, basada precisamente en la Ley Estatutaria 1751 de 2015.

Afirmó que gobierno sí tiene la disponibilidad financiera para sacar adelante la reforma. “No se trata de falta de dinero. Hay voluntad y recursos para hacer una reforma estructural que garantice el derecho a la salud. Lo que necesitamos es avanzar con responsabilidad, priorizando a los pacientes, con una transición ordenada y concertada”. Expresó que varios de los participantes (incluidas las convocantes, agrego por lo oído de ellas) desconocen el contenido del articulado del proyecto aprobado en Cámara porque así se percibe en sus comentarios.

Por ejemplo, la senadora Andrade preguntó “¿dónde está la plata?”, citando, sin darle el crédito, la página del analista Vicente Calvo, que se ha ocupado de profundizar en los últimos años los desvíos de los recursos por las EPS. Pretendió provocar una respuesta del doctor Martínez, director de la ADRES, por los pagos adelantados a las EPS intervenidas, como Sanitas. Martínez ha informado, hasta la saciedad, que a las EPS del régimen contributivo se les giran los recursos semanalmente, razón por la que no afrontó a Andrade.

No más engaños a la opinión pública sobre la reforma, señoras senadoras.