La reciente publicación del constitucionalista Mauricio Gaona, La Constitución soy yo (Editorial Planeta Colombiana S.A., 2026), ilustra el riesgo que afronta la democracia colombiana por el ejercicio político del populismo del actual presidente, que pretende perpetuarse en su heredero, el señor Iván Cepeda, autor intelectual de la paz total, con sus inexorables consecuencias para la seguridad nacional en los territorios en los que dominan las disidencias de todos los grupos armados, acogidos a los acuerdos de la tal paz, que, en esencia, es inexistente.
Mauricio Gaona es abogado egresado del Externado, doctorado por la Universidad McGill, residente durante dos años de Harvard Law School, con maestrías de La Sorbona y de UCLA. Sus publicaciones han sido referenciadas por las universidades de Columbia, Oxford, American de Washington, Los Andes y el Externado. Conferencista y profesor invitado de Yale, Oxford, Cambridge, MIT y la Universidad Nacional de Singapur. Además, es un historiador e investigador del derecho constitucional comparado, desde los orígenes griegos.
Su padre, el magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz, “estableció que la Corte puede realizar un control de constitucionalidad previo a la aprobación de leyes de la República, sobre tratados internacionales (extradición entre Colombia y los Estados Unidos). Fue la posición oficial de la Corte, en relación con la extradición de narcotraficantes (colombianos y extranjeros) hacia los Estados Unidos. Tratado de Extradición de 1979 y su Ley aprobatoria 27 de 1980)” (Obra citada, páginas 109-113).
La financiación del criminal narcotraficante Pablo Escobar a la guerrilla armada del M-19, para la toma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, ha sido fehacientemente probada por las autoridades colombianas y por organismos internacionales. Los sobrevivientes (incluido el presidente Petro) de esa guerrilla pretenden desconocer ese vínculo. Testigos y víctimas aportan las amenazas recibidas en las oficinas y domicilios de los magistrados, provenientes de los denominados extraditables, previo al fatal asalto del Palacio de Justicia. En entrevista para Blu Radio (noviembre 2025), el historiador Gaona refiere los nombres de Álvaro Fayad, comandante del asalto, y de Andrés Almaral, señalado de haber asesinado al magistrado Gaona. Fayad fue reemplazado por Carlos Pizarro León Gómez, padre de María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y jefe de campaña del señor Cepeda.
En el aniversario 40 de la masacre del Palacio de Justicia se volvió a solicitar que la amnistía otorgada al M-19, por delitos previos como el asesinato del dirigente José Raquel Mercado, el 19 de abril de 1976, el robo de las armas del Cantón Norte el 31 de diciembre de 1978, la toma de la Embajada de República Dominicana el 27 de febrero de 1980, otorgada por el presidente Betancur en 1982, más los crímenes de lesa humanidad del Palacio de Justicia, por la violación incontestable a los derechos humanos, sea levantada. No pueden ser amnistiados por ningún organismo de justicia, nacional o internacional. La justicia se ha ocupado del juicio a los militares involucrados en la toma del Palacio. Si la defensa de los derechos humanos hace parte de la democracia, implica que el Estado corrija la impunidad donada al M-19.
Gaona afirma que “el orden constitucional se estructura sobre tres pilares sin los cuales no hay democracia: la separación de poderes, la supremacía de la Constitución y el disenso constitucional”. Elabora que “la separación de poderes es el pulmón de la democracia y el límite ontológico y connatural a cualquier poder es, indefectiblemente, otro poder”. Añade que la supremacía constitucional “es el sistema cardiovascular de la democracia, pues controla el torrente de la voluntad. La dictadura constitucional se erige cuando la voluntad del aspirante a dictador, y no la carta política, trasciende como la ‘norma de normas’, a través de las reinterpretaciones que aquel logra imponer”.
Agrega que “el disenso constitucional es el sistema inmunológico de la democracia: la define y alerta cuando está en peligro. Opera en dos dimensiones: es institucional cuando la ejerce la oposición, y es social cuando la ejerce la prensa. El disenso es un concepto tridimensional: es valor, es principio y es derecho”. Concluye que “el régimen constitucional lo integran las normas que establecen nuestros derechos en armonía frente a las competencias del Estado, bajo la premisa que sostiene cualquier Constitución: en democracia, el gobierno se rige por la Constitución, no la Constitución por el gobierno”.
Con el enunciado de los principios previamente enumerados, Gaona titula “la amalgama democrática”: cuando la Constitución es el arma para desmantelar la democracia, describiendo que esa amalgama se surte en tres etapas: populismo, autoritarismo, dictadura. Como docente, describe que “el populismo es el arte de seducir al votante, alterando su percepción de la realidad social mediante una ecuación que no soporta el paso del tiempo; tan solo el período electoral”. Relata el devenir del populista: “si la complejidad del problema se superpone a la simplicidad de la propuesta, y la categorización de los culpables no alcanza a esconder la ineficiencia del gobernante, el disfraz del populismo pierde su textura y color”. Añade la lista de responsables: “la prensa, la oposición, los ministros, las cortes, los técnicos, otros países y, finalmente, el único culpable que no se puede defender: la Constitución”. A estas alturas, es de esperarse que los votantes empiecen a recuperar su percepción, ante la inminencia de las elecciones del 31 de mayo, que serán trascendentes para la defensa de la democracia.
Gaona sentencia que la “mutación y transposición eventual del populismo al autoritarismo constitucional es inevitable”. Distingue tres etapas: “el líder autoritario busca permear las instituciones democráticas mediante el poder de la nominación. En la segunda, busca desarticularlas para impedir su control, su reacción. La tercera es la intimidación. La última y más decisiva es el cambio de la Constitución, no para modificar sus reglas, sino los principios que la sostienen (el orden constitucional) y que impiden que la voluntad del gobernante trascienda como la norma de normas”. Recuerda los casos de la amalgama democrática en las Américas: “Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y México”. Remata que “el aforismo crónico de su obra es invariable: el poder por el poder, el poder para poder y nada más que el poder”.
Gaona alude a que el presidente Petro utilizó “el argumento de una crisis humanitaria y climática inminente (el fenómeno del Niño y la escasez de agua) para dictar el Decreto 1085 de julio de 2023, declarando el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de la Guajira”, evitando el debate parlamentario, bajo la narrativa “de la urgencia y el olvido histórico”. (página 138). Por la acción de pesos y contrapesos, que se incluye en la separación de poderes, la Corte Constitucional declaró inconstitucional ese decreto, porque los hechos invocados no eran urgentes ni sobrevinientes.
A este hecho le siguió uno de los mayores escándalos de corrupción política de los gobiernos en Colombia: La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD): carrotanques adquiridos para llevar agua a la Guajira. Se pagaron sobornos a congresistas (cooptación del Poder Legislativo), a cambio de su apoyo a las reformas sociales del gobierno, incluido el Pacto Histórico; ministros nombrados por el presidente, funcionarios cercanos a ese despacho. En el esquema de la destrucción de la democracia, la culpabilidad fue de otros, no de quien los nombró.
Siguieron los delitos parlamentarios con los contratos de Invías. A finales de 2025, tras la propuesta de convocatoria a una consulta popular, negada por el Senado, el presidente retornó a la narrativa de una Asamblea Nacional Constituyente, para obviar el bloqueo parlamentario (pesos y contrapesos de la separación de poderes). El presidente incrementó el salario mínimo en 23,7 %. La Junta del Banco de la República mantuvo la tasa de 11,25 %, para afrontar la inflación. El gobierno intentó vulnerar esa independencia constitucional, con la ausencia del ministro de Hacienda en las sesiones de la Junta.
El señor Cepeda ha guardado silencio sobre estos riesgos para la democracia colombiana y terminará irremediablemente en la Asamblea Nacional Constituyente de su patrocinador, que ha sido denunciado por participación en política.
Mañana domingo 31 de mayo, los votantes colombianos deben sufragar en la defensa de la democracia colombiana, y apoyar a Paloma Valencia, que significa la estabilidad de nuestras instituciones, para el bien común de todos los colombianos.
