Gran parte de la opinión pública suponía que el proyecto de la reforma de la salud en la Cámara de Representantes había superado los palos a la rueda atravesados en el período de la ministra Corcho, que fue remplazada por Guillermo Alfonso Jaramillo, para satisfacer la intransigencia de la oposición con el gobierno de Petro. Pero lo ocurrido en esa corporación el martes 5 de septiembre no solo contradice esa expectativa, sino que evidencia las tácticas parlamentarias tradicionales de los partidos comprometidos con intereses ajenos al bien común, que, en el caso de la salud, no son otros que favorecer la perpetuación de los intermediarios y su cadena de ilicitudes cometidas durante las tres décadas de la Ley 100, a la vista complaciente de los gobiernos, ministros y demás funcionarios del sector, los órganos de control (a excepción de la contralora Morelli), algunos medios periodísticos, y, por supuesto, el Legislativo, que se ha beneficiado por la “donación” de dineros de la salud, para sus campañas electorales. (“Revelar los conflictos de interés en la salud”, I-II, El Espectador, 14-2-23; 22-2-23).
Julia Miranda (del Nuevo Liberalismo), Carolina Arbeláez (de Cambio Radical) y Katherine Miranda (del Partido Verde) pretendieron entorpecer el debate del proyecto 339, con el estropicio de la propuesta comisión. A esta última aludió Cecilia Orozco Tascón en su columna “Katherine Miranda y gato por liebre en Cámara” (El Espectador, 6-09-23), en la que la describe como “parlamentaria manipuladora y avivata, con mañas similares a las de los integrantes de los viejos partidos”. Deplorable que doña Julia, funcionaria eficaz en el manejo de Parques Nacionales, se haya involucrado en tan abyecta connivencia, en contra del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.
En la sesión se repitieron hasta el cansancio las consignas de la oposición contra el articulado del proyecto, pero después de más de seis horas de debate, la plenaria de la Cámara negó la solicitud de la oposición para archivar el proyecto de reforma a la salud, por más de 90 votos. El Gobierno se anotó un triunfo que mantiene viva su reforma más trascendental históricamente.
En el trasfondo del debate se cierne la presunta crisis que Sánitas, Sura y Compensar crearon al dirigir una carta al ministro de Salud, en la que afirman que los recursos girados por el Estado son insuficientes y amenazaron con suspender la atención de pacientes a partir de este mes. Confirmaron así que las EPS no son prestadoras de servicios de salud: lo son los hospitales, las clínicas y otras IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), a las que las EPS les deben más de $23 billones, según reporta la Superintendencia Nacional de Salud. Igualmente, demostraron que tampoco son aseguradoras ni contratan reaseguros, razón que obliga al Estado a asumir las deudas que dejan en los repetidas instancias de quiebra. Son, como se ha definido en esta columna, unas entidades intermediarias, a las que, en mala hora, se les delegó la administración de recursos públicos aportados por los ciudadanos, de carácter fiscal y parafiscal, con destinación específica. Su única función es la contratación de servicios de salud. A pesar de las millonarias cifras que les entrega el Estado, persisten en la negación de servicios, que motivan más de 1’300.000 quejas interpuestas por los usuarios ante la Superintendencia de Salud y los jueces, en el caso de las tutelas.
En publicación reciente (revista Sur, semana 35, número 328, 2023), la exministra Corcho relató los análisis de los estados financieros de Vicente Calvo: al 31 de diciembre de 2018, los ingresos totales de Sanitas aumentaron 107 %: en cambio de los $3,4 billones de ese año, en 2022 ingresaron $8,7 billones. No obstante, el número de afiliados no coincide con el aumento de ingresos: en 2020 los ingresos aumentaron 34 % y los afiliados aumentaron solo en un 7 %, cifra que se repitió en 2021 y en 2022.
La reforma al sistema de salud es un imperativo impostergable para corregir los errores de la Ley 100 y permitirles a los habitantes de Colombia el goce pleno del derecho fundamental a la salud, en el marco de la Ley Estatutaria de 2015, formulada por la sociedad civil precisamente con ese propósito. El poder Legislativo debe reparar el daño causado a toda la sociedad.