“Buscar la paz no puede olvidar que hay una guerra”, editorializó El Espectador (24/08/25), y anotó: “El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo hace unos días, antes incluso de estar enfrentando los abominables ataques del jueves (Cali) y del viernes(Amalfi), que los grupos criminales ‘crecieron soterradamente traicionando’ al Gobierno y que ‘se fortalecieron tanto en capacidades como en número, producto del narcotráfico’”.
El presidente reconoció, durante la instalación de las sesiones del Congreso, que su administración no ha conseguido consolidar la política de “paz total” que prometió desde el inicio de su mandato. No obstante, en el evento de junio pasado en La Alpujarra de Medellín, el presidente compartió tarima con presidiarios y la Fiscalía aseguró tener indicios que el grupo Los del Alto (que delinque en los barrios de Berlín, San Isidro, la Piñuela y Aranjuez) habría facilitado el transporte para que la comunidad asistiera a dicho evento. Al presidente lo acompañaron algunos miembros del gabinete, incluido el ministro de Defensa, citado previamente.
Evoco, por pertinente, la columna de Viviane Morales H., ”El general Sanabria en su laberinto” (El Tiempo, 06/09/22): “Pero tiene que quedar claro que el talante democrático que han mostrado los generales para obedecer al presidente debe ser el mismo talante democrático y de respeto a la Constitución que debe tener el presidente Petro para darles las órdenes a los generales. El presidente Petro no puede dar órdenes que conduzcan a los generales a su humillación personal y a la humillación de los colombianos como nación”. El ministro de Defensa, mayor general retirado, no debió estar en La Alpujarra.
También ahora, la sociedad civil reclama que la acción del ministro Sánchez responda a la seguridad nacional, ante el dominio territorial de los grupos criminales, exigiendo la financiación adecuada para que las fuerzas militares y de policía, dispongan de la dotación armamentaria y de inteligencia, en el cumplimiento de su misión institucional. Implica, igualmente, la exigencia a la rectificación de políticas que comprometen la soberanía nacional.
En ese contexto, resultan contradictorias las expresiones del Ejecutivo alusivas a la dictadura de Maduro en la vecina Venezuela. Inicialmente, sostuvo que, mientras no aparecieran las actas de su reelección, no habría reconocimiento a ese gobierno. Mientras los líderes venezolanos opuestos a la dictadura avalan la percepción mundial del “cartel de los soles”, el presidente afirma que tal cartel no existe. En el entretanto, ese país se ha convertido en el refugio de las disidencias armadas de las Farc y del ELN.
El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) reveló que Colombia concentra más del 67 % de los cultivos de coca en el mundo y lidera la producción global de cocaína. El informe dedica un apartado especial a “las organizaciones criminales que controlan el negocio del narcotráfico en regiones clave como Colombia. Estas estructuras no se limitan al tráfico de drogas, sino que buscan ejercer control social y territorial a través de una mezcla de actividades legales e ilegales, violencia e incluso corrupción institucional”. (Infobae, 26/06/25).
La propuesta del dictador Maduro de unir fuerzas militares de Colombia y Venezuela en la frontera para luchar contra el narcotráfico no es confiable y desconcertó a exministros de Defensa y a líderes políticos de Colombia, que le sugieren al presidente Petro cuidar la soberanía nacional amenazada por la acogida de esa dictadura a las disidencias de las Farc y al ELN. La propuesta se da ante la avanzada de las fuerzas militares y de inteligencia de los Estados Unidos hacia las costas venezolanas en el mar Caribe, precisamente para interceptar las rutas del narcotráfico manipuladas por el cartel de los soles. Ante el riesgo de la descertificación por el aumento del cultivo de la hoja de coca y la producción de cocaína, documentada en el informe de la ONU, esa posible alianza con el país vecino resulta peligrosa e inconveniente.
El secuestro el 24 de agosto de 34 militares del Ejército Nacional ocurrido en el municipio El Retorno de Guaviare, por parte de pobladores instrumentalizados por Iván Mordisco, confirma que más de 400 municipios del territorio nacional están bajo el dominio de grupos criminales de las diversas disidencias de las Farc y del ELN. Recae nuevamente en el Ministerio de Defensa el fortalecimiento de las fuerzas armadas y de policía y recuperar para El Estado el control de todo el territorio nacional, ante la inminencia del proceso electoral, para que todos los ciudadanos pueda ejercer libremente el derecho a elegir a sus representantes a los cuerpos colegiados y al presidente de la República.
