El ministro legalizó el fracaso de la salud

Si algún reconocimiento se debe a la gestión de Alejandro Gaviria en el Ministerio de Salud, es que, con los decretos para liquidar a Saludcoop y a Caprecom, demostró que el modelo de salud creado por la Ley 100, basado en el negocio del aseguramiento, fracasó, así no lo quiera reconocer públicamente.

Por eso incurre en profundas contradicciones en las declaraciones presentadas, con motivo de esas decisiones.

Las EPS liquidadas se unen a Humana Vivir, Salud Cóndor, Golden Group, Solsalud, Selva Salud, Emdisalud y a otras, que tienen en común la insolvencia económica en la que incurrieron, por la desviación de los recursos aportados por los contribuyentes a través de la UPC. No obstante esta evidencia, Gaviria insiste en atribuir la iliquidez de las EPS, al incremento en la prestación de servicios de salud.

El registro creciente de tutelas, por la negación de las EPS a prestar los servicios (incluidos los contenidos en el POS), exigidos por sus afiliados, contradice esta aseveración del ministro.

Cafesalud, entutelada frecuentemente, y que ahora será la EPS más grande del sistema, tenía, en octubre de 2012, un proceso administrativo sancionatorio por reincidencia en el incumplimiento de los requisitos financieros, interpuesto por la superintendente de Salud, Mery Bolívar V. Con esos antecedentes, y la inclusión de Cafesalud en el holding empresarial de Saludcoop, muchas serán las explicaciones que el ministro tendrá que rendir ante la opinión pública y las autoridades de control, por la asignación de 200 mil millones de pesos del Fosyga, dinero de los colombianos, a tan cuestionada entidad, para enmascarar su habilitación financiera.

Desde su posesión, en septiembre de 2012, Gaviria fraguó contra la contralora Morelli una acerba crítica, porque no permitió la venta de algunos activos de Saludcoop que el ministro pretendía para generar flujo de recursos en esa EPS. El contralor Maya afirmó recientemente que “la liquidación de Saludcoop no repara el daño patrimonial causado al Estado… No se puede hablar de resarcimiento” (El Espectador, 27-11-2015). Corroboró el fallo de responsabilidad fiscal de noviembre de 2013, valorado en 1,4 billones de pesos, de su antecesora Morelli. Otra contradicción más del ministro Gaviria.

Cuando el ministro invoca la Ley Estatutaria de Salud para justificar sus políticas, contradice al presidente Santos, a los integrantes de la Gran Junta Médica, autora intelectual de esa ley, a los profesionales del sector que la han apoyado, a los sufridos pacientes que interponen tutelas y a quienes desde diversas tribunas la hemos defendido, porque la esencia del derecho fundamental a la salud implica que esta no puede ser un negocio, “el negocio del aseguramiento”, al que se refirió Gaviria en la entrevista de Caracol Radio (26-11-2015). Al ministro lo traiciona para mal, su obstinada ideología neoliberal.

Si los resultados financieros de las EPS son catastróficos, los indicadores de salud pública confirman el fracaso del sistema de salud. En reciente publicación de la Academia Nacional de Medicina, Álvaro Moncayo, revisando la literatura disponible, concluyó que entre 1993 y 2013, se aumentó en Colombia la carga de la enfermedad en 62%; la cobertura de la vacunación infantil está por debajo de la recomendada; se aumentó la incidencia de malaria, de dengue, de tuberculosis pulmonar, de sífilis gestacional y congénita, al igual que la mortalidad materna. Concluye que el impacto del sistema del “negocio del aseguramiento” que defiende Gaviria, ha sido adverso para la salud de los colombianos.

El presidente Santos todavía puede cambiar el sistema de salud.