El 21 de septiembre el presidente De la Espriella anunció la primera fase del Plan de Choque en Salud, que priorizará a más de un millón de usuarios con órdenes pendientes de medicamentos y de procedimientos. Documentó que entre enero y julio de 2026 (Gobierno Petro), se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, equivalentes a cerca de 5.772 reclamaciones diarias. El 92 % relacionadas con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
Describió la estrategia de la compra de cartera dirigida, para destrabar la crisis de los pacientes reclamantes de los servicios. Enfatizó que “no es un cheque en blanco para las EPS, que no remplaza las obligaciones de las EPS. Que no se va a pagar dos veces a las EPS, lo que ya fue cancelado previamente por la ADRES”. La asignación del pago directo se definirá en una mesa técnica del Ministerio, de la Superintendencia Nacional de Salud y de la ADRES.
Significa que las EPS involucradas reconocen la deuda en que han incurrido y han conciliado el valor de la misma. En la alocución del 27 de septiembre, el presidente De la Espriella ratificó que el proceso del Plan de Choque está en curso, para los 1.069.196 pacientes represados y que figuran en la base de datos del sistema. Recalcó que requiere de la ministra Vesga el reporte semanal, paciente por paciente, por los territorios cubiertos, por la entrega detallada de los medicamentos y por las órdenes pertinentes de los procedimientos cubiertos en el Plan de Choque. El procedimiento require que el Ministerio, o la Superintendencia Nacional de Salud, identifique cada paciente que ha reclamado por la negación de servicios; a qué EPS está vinculado; qué medicamento o qué procedimiento le ha sido negado. Como el sistema no admite pagos anticipados, o fondos para eventuales reclamaciones de los afiliados (eso sería ilegal), debe existir una orden médica autorizada para cada medicamento o procedimiento.
La ADRES gira sobre la factura presentada por la EPS y la autorización para la institución prestadora. Con esa aclaración se entendería la compra de cartera, sin intereses y con un año de período de gracia para las EPS, pero su vigilancia tiene que ser estricta para que no se cobre nuevamente lo que ya fue facturado por la ADRES. El Estado invierte recursos públicos y asume el costo financiero, pero finalmente la deuda está en cabeza de las EPS involucradas en la negación de los servicios reclamados por los usuarios. Es el seguimiento que el presidente le exige al Ministerio de Salud, y que el pago, en el caso de medicamentos, se realice sobre la comprobación real de cada medicamento entregado.
El giro directo es un mecanismo que de tiempo atrás ha solicitado la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas para superar la eventual demora burocrática de las EPS, pero requiere una vigilancia técnica para que no se priorice a las IPS de la integración vertical, y se garantice la liquidez del corriente de las IPS.
La alusión a los actos de corrupción (que por supuesto implica al sector salud), por parte de funcionarios del Estado que favorecieron el desfalco al patrimonio de los colombianos, anuncia que no serán tolerados en su gobierno. Calificó al gobierno anterior de ese desastre y mencionó a quien fuera el presidente del Senado por recibir cuantiosos recursos de entidades estatales para aprobar los proyectos de reformas propuestas, en el entramado de corrupción conocido de la UNGRD y de Invías. El Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura. A dichos funcionarios les advirtió que lesionaron la honra de sus familias, que deben responder ante las autoridades por sus conductas y que se acojan al “principio de oportunidad”, denunciando a los cómplices de tales delitos.
Es en este último contexto que se enmarca el diagnóstico previo del presidente De la Espriella, que el sistema de salud colombiano ha estado afectado por abusos y cooptación de los recursos públicos de la salud por diferentes actores, desde que se instauró en 1993. Los funcionarios actuales, además de empeñarse en el funcionamiento del Plan de Choque, deben persistir en la investigación de estos desvíos, particularmente en los últimos años, sin dejarse doblegar por los conflictos de interés y trasladar a los órganos de control los hallazgos (específicamente a la Fiscalía General de la Nación), que se adjuntarán a los registrados por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Cortes del Poder Judicial, organizaciones profesionales afectadas, la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio y diversas fuentes de la opinión pública.
Para el Plan de Choque, el Ministerio anunció que priorizará el nivel del riesgo de cada paciente, considerando los casos en los que la demora pueda comprometer la vida o generar una pérdida irreversible de la respuesta terapéutica. El criterio se extenderá a personas con patologías susceptibles de presentar una descompensación progresiva. Agregó que la primera fase irá hasta diciembre de 2026. Respecto de la compra de cartera, afirmó que se extenderá a ambos regímenes del componente financiero.
Por otra parte, el Plan de Choque requiere coordinarse con los decretos que establecen las normas en el sector salud, tras la ocurrencia del sismo del 10 de agosto, por el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Se articula con la destinación específica de recursos para la red hospitalaria afectada y la exención temporal de cobros de cuotas moderadoras y copagos a los damnificados, por un período de un año.
Los damnificados deben estar inscritos en el Registro Único y validados en la Base de Datos Única de Datos de Afiliados (BDUA). Se destinan recursos de la primera fase para solventar problemas urgentes de operación e infraestructura en los hospitales dañados por el movimiento telúrico.
Las entidades territoriales, durante doce meses, podrán utilizar recursos disponibles del sector para reparar, reconstruir, dotar y equipar hospitales públicos afectados por el sismo. Entre las intervenciones autorizadas se encuentra la adquisición de equipos biomédicos. Podrán realizar transferencias directas destinadas a sostener al talento humano en salud y mantener la prestación de los servicios de salud. Se anticipa que las personas afectadas y pacientes crónicos de las zonas impactadas mantengan sus servicios activos sin barreras económicas, complementando el giro de recursos de la ADRES.
Desde la campaña del presidente De La Espriella, el abogado Iván Sánchez Arango fungió como asesor y coordinador para el sector salud y, en los diversos eventos con actores del sistema, anticipó que se propondría un plan para resolver la crisis de medicamentos y procedimientos represados a usuarios del sistema. Así lo anunció en la clausura del Congreso de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas el 30 de julio en Corferias. El 30 de agosto, el presidente nombró a Sánchez Arango como director de la ADRES.
Por consiguiente, las alocuciones del Presidente del 21 y el 27 de septiembre confirman el Plan de Choque anunciado, con las exigencias del seguimiento previamente descrito.
Tanto para el Plan de Choque como para los decretos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, se agrega el contexto de la lucha contra la corrupción que el presidente enfatiza como una condición inaplazable para garantizar la gobernabilidad de su período. El reciente nombramiento de la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia de la Presidencia confirma ese anhelo. Debería iniciar su gestión con las investigaciones del sector salud, que por alguna razón la señora fiscal no ha atendido con la prontitud requerida, desconociendo que la salud es un derecho fundamental esencial para la vida de los ciudadanos.