Atendiendo la exigencia del Ministerio Público del 14 de diciembre, a los tres días el presidente Duque, en su seriado vespertino, informó sobre la contratación de 40 millones de dosis de las vacunas anti-COVID-19 para la población colombiana.
En los noticieros de la noche la representante de la farmacéutica Pfizer, Kirby Jiménez, ratificó la compra de diez millones de dosis para cubrir la inmunización de cinco millones de colombianos, que serán vacunados a partir de febrero de 2021 en la etapa 1 de la fase 1. Posteriormente, el ministro Ruiz advirtió que dicha farmacéutica asumirá la logística del transporte, a -70 °C, hasta los lugares de vacunación.
La explicación que ha brindado el ministro Ruiz sobre la estrategia diseñada para el desarrollo del programa de vacunación es convincente y demuestra que ha sido planificada cuidadosamente, tomando como referencia las experiencias del Reino Unido, Estados Unidos y México, entre otros países. Conociendo la idiosincrasia de los políticos y de los tramitadores, el ministro advirtió que para el orden establecido de vacunación no caben las recomendaciones y demandó la disciplina de todos los ciudadanos. Ojalá así lo cumplan los vacunadores.
Han sido muchos los errores cometidos no solo en Colombia, sino universalmente, con el manejo de la pandemia y algunos países los hemos sufrido en extremo, incluida la violación a derechos fundamentales.
Esta alternativa de la vacunación es un bálsamo para la deteriorada salud pública, en mal momento regida por los intereses económicos incentivados por la Ley 100.
El gobierno del presidente Duque, en el año y medio que le queda, podría hacer una historia trascendental si se decidiera a reglamentar la Ley Estatutaria de Salud de 2015 que, hasta ahora, ha sido ignorada conscientemente.
La ocasión es propicia no solo porque la ciudadanía ve con esperanza las contrataciones para la vacunación anti-COVID-19, sino porque el proyecto de Ley 010 (que el Gobierno se precipitó en avalar) encontró un tropiezo en su tramitación, por la trampa de la falsificación de la firma de uno de los ponentes de Cambio Radical. Los creyentes en la providencia diríamos: “Oh, feliz trampa”, que le facilita al Gobierno un replanteamiento integral del sistema de salud.
La pandemia ha inducido cambios profundos en el comportamiento de la raza humana. De qué sirve el dinero o el exceso en los bienes de consumo si sobre todos nosotros se cierne el riesgo inexorable de ser afectados por ese virus, cuyo origen sigue siendo incierto, pero que posee un poder de letalidad sin distingos de ninguna naturaleza, que ha terminado con conocidos y familiares, en condiciones inmanejables, a pesar de la tecnología en los servicios de salud.
Lo que queda es el derecho fundamental a la salud, universal, igualitaria, con calidad, concomitante con el derecho a la vida, y Colombia dispone de una Ley Estatutaria que así lo consagra, concebida y presentada por la sociedad civil.
El gobierno del presidente Duque, si así lo asume, pasaría a la historia como innovador, humanitario e independiente de presiones económicas y políticas, en favor de los derechos fundamentales de sus gobernados.
Atendiendo la exigencia del Ministerio Público del 14 de diciembre, a los tres días el presidente Duque, en su seriado vespertino, informó sobre la contratación de 40 millones de dosis de las vacunas anti-COVID-19 para la población colombiana.
En los noticieros de la noche la representante de la farmacéutica Pfizer, Kirby Jiménez, ratificó la compra de diez millones de dosis para cubrir la inmunización de cinco millones de colombianos, que serán vacunados a partir de febrero de 2021 en la etapa 1 de la fase 1. Posteriormente, el ministro Ruiz advirtió que dicha farmacéutica asumirá la logística del transporte, a -70 °C, hasta los lugares de vacunación.
La explicación que ha brindado el ministro Ruiz sobre la estrategia diseñada para el desarrollo del programa de vacunación es convincente y demuestra que ha sido planificada cuidadosamente, tomando como referencia las experiencias del Reino Unido, Estados Unidos y México, entre otros países. Conociendo la idiosincrasia de los políticos y de los tramitadores, el ministro advirtió que para el orden establecido de vacunación no caben las recomendaciones y demandó la disciplina de todos los ciudadanos. Ojalá así lo cumplan los vacunadores.
Han sido muchos los errores cometidos no solo en Colombia, sino universalmente, con el manejo de la pandemia y algunos países los hemos sufrido en extremo, incluida la violación a derechos fundamentales.
Esta alternativa de la vacunación es un bálsamo para la deteriorada salud pública, en mal momento regida por los intereses económicos incentivados por la Ley 100.
El gobierno del presidente Duque, en el año y medio que le queda, podría hacer una historia trascendental si se decidiera a reglamentar la Ley Estatutaria de Salud de 2015 que, hasta ahora, ha sido ignorada conscientemente.
La ocasión es propicia no solo porque la ciudadanía ve con esperanza las contrataciones para la vacunación anti-COVID-19, sino porque el proyecto de Ley 010 (que el Gobierno se precipitó en avalar) encontró un tropiezo en su tramitación, por la trampa de la falsificación de la firma de uno de los ponentes de Cambio Radical. Los creyentes en la providencia diríamos: “Oh, feliz trampa”, que le facilita al Gobierno un replanteamiento integral del sistema de salud.
La pandemia ha inducido cambios profundos en el comportamiento de la raza humana. De qué sirve el dinero o el exceso en los bienes de consumo si sobre todos nosotros se cierne el riesgo inexorable de ser afectados por ese virus, cuyo origen sigue siendo incierto, pero que posee un poder de letalidad sin distingos de ninguna naturaleza, que ha terminado con conocidos y familiares, en condiciones inmanejables, a pesar de la tecnología en los servicios de salud.
Lo que queda es el derecho fundamental a la salud, universal, igualitaria, con calidad, concomitante con el derecho a la vida, y Colombia dispone de una Ley Estatutaria que así lo consagra, concebida y presentada por la sociedad civil.
El gobierno del presidente Duque, si así lo asume, pasaría a la historia como innovador, humanitario e independiente de presiones económicas y políticas, en favor de los derechos fundamentales de sus gobernados.