“Juego de tronos”, en los peores tiempos de la pandemia
En su discurso de Año Nuevo, el presidente Duque afirmó que “la reactivación del país está en marcha” y, después de prometer que “lograremos generar más de un millón de empleos”, desconcertó con su presunción de que “avanzamos en el fortalecimiento continuo del sistema de salud”. Las contingencias de la pandemia al inicio de 2021 no soportan el anhelo presidencial para la salud de los colombianos.
La vacuna contra el COVID-19 se está utilizando peligrosamente como arma para la hegemonía de los diversos poderes del Estado, en un juego cuya única víctima es el ciudadano indefenso que, con desesperanza, ve lejana la opción de la inmunidad contra el letal virus.
El 17 de diciembre, Ana María Vesga, directora de la Cámara Farmacéutica de la ANDI (de la que forman parte Pfizer y AstraZeneca), en entrevista para la revista Dinero, declaró que “Colombia es uno de los pocos países de los que no se conoce que hayan cerrado un acuerdo para la adquisición de las vacunas”.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el 8 de enero aseveró que “el Gobierno nacional ha incumplido con traer la tan anhelada inmunización contra el nuevo coronavirus al territorio colombiano en las fechas anunciadas”. El ministro Fernando Ruiz le replicó en su cuenta de Twitter: “Alcaldesa, deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogotá… nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra”.
Otro escenario lo protagonizaron los organismos de control. El entonces procurador Fernando Carrillo conceptuó que “la información sobre la vacunación es inconsistente y que en esta materia no cabe el secretismo”, porque la salud de los colombianos está comprometida. Lina María Aldana, contralora delegada para el sector salud, envío un requerimiento al Ministerio de Salud para que, en un plazo de cinco días, informe sobre: 1) los contratos realizados y los recursos ejecutados, 2) los recursos invertidos en campañas, y 3) los recursos invertidos en el proceso logístico para la conservación del biológico, bajo el lema: “todo peso cuenta”.
Camilo Enciso, del Instituto Anticorrupción, opinó que la confidencialidad invocada por el ministro Ruiz para no revelar a la opinión pública el texto de los contratos, condiciones y valor para la adquisición de las vacunas no puede ser impuesta por las farmacéuticas fabricantes del biológico, porque estarían por encima del derecho constitucional para que el ciudadano esté adecuadamente informado sobre las políticas de salud y el gasto público al que contribuye con el pago de sus impuestos.
El 14 de enero, el contralor general de la República aseguró que “ya recibió la información de las vacunas, que sí existen los contratos y, además de que existen los contratos, sí hay un plan de vacunación”. Añadió que “hay algunas cláusulas de confidencialidad que no podemos burlar y en eso hay que ser conscientes con el país”. En conclusión, el contralor Carlos Felipe Córdoba desautorizó el requerimiento de la contralora delegada para el sector salud, que demandaba la información puntual sobre dichos contratos.
Aún hay otro escenario que está por resolverse y es el del Poder Legislativo. El senador Jorge Robledo interpuso una acción de tutela para que el ministro Ruiz informe la realidad de la contratación de las vacunas e igualmente se anunció una audiencia pública en el Senado de la República para el mismo tema, a la que será citado el ministro.
El presidente Duque señaló que hay quienes pretenden utilizar la estrategia de la vacunación como “agentes de la politiquería y de la demagogia, o como herramienta de ataque político coyuntural”. Por supuesto que no se referiría a Carrillo, ni a la contralora delegada para el sector salud, ni a columnistas independientes de los diversos medios que, como representantes de la sociedad civil, están en su derecho de reclamar la información veraz sobre los contratos con las farmacéuticas fabricantes de las vacunas y las fechas precisas en que llegarán al país, para la formación de la opinión pública.
Lo cierto es que países de la región, como México, Chile, Argentina o Costa Rica, ya empezaron desde diciembre el proceso de vacunación de sus nacionales.
¿Llegó tarde Colombia a la subasta mundial de la vacunas?
En su discurso de Año Nuevo, el presidente Duque afirmó que “la reactivación del país está en marcha” y, después de prometer que “lograremos generar más de un millón de empleos”, desconcertó con su presunción de que “avanzamos en el fortalecimiento continuo del sistema de salud”. Las contingencias de la pandemia al inicio de 2021 no soportan el anhelo presidencial para la salud de los colombianos.
La vacuna contra el COVID-19 se está utilizando peligrosamente como arma para la hegemonía de los diversos poderes del Estado, en un juego cuya única víctima es el ciudadano indefenso que, con desesperanza, ve lejana la opción de la inmunidad contra el letal virus.
El 17 de diciembre, Ana María Vesga, directora de la Cámara Farmacéutica de la ANDI (de la que forman parte Pfizer y AstraZeneca), en entrevista para la revista Dinero, declaró que “Colombia es uno de los pocos países de los que no se conoce que hayan cerrado un acuerdo para la adquisición de las vacunas”.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el 8 de enero aseveró que “el Gobierno nacional ha incumplido con traer la tan anhelada inmunización contra el nuevo coronavirus al territorio colombiano en las fechas anunciadas”. El ministro Fernando Ruiz le replicó en su cuenta de Twitter: “Alcaldesa, deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogotá… nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra”.
Otro escenario lo protagonizaron los organismos de control. El entonces procurador Fernando Carrillo conceptuó que “la información sobre la vacunación es inconsistente y que en esta materia no cabe el secretismo”, porque la salud de los colombianos está comprometida. Lina María Aldana, contralora delegada para el sector salud, envío un requerimiento al Ministerio de Salud para que, en un plazo de cinco días, informe sobre: 1) los contratos realizados y los recursos ejecutados, 2) los recursos invertidos en campañas, y 3) los recursos invertidos en el proceso logístico para la conservación del biológico, bajo el lema: “todo peso cuenta”.
Camilo Enciso, del Instituto Anticorrupción, opinó que la confidencialidad invocada por el ministro Ruiz para no revelar a la opinión pública el texto de los contratos, condiciones y valor para la adquisición de las vacunas no puede ser impuesta por las farmacéuticas fabricantes del biológico, porque estarían por encima del derecho constitucional para que el ciudadano esté adecuadamente informado sobre las políticas de salud y el gasto público al que contribuye con el pago de sus impuestos.
El 14 de enero, el contralor general de la República aseguró que “ya recibió la información de las vacunas, que sí existen los contratos y, además de que existen los contratos, sí hay un plan de vacunación”. Añadió que “hay algunas cláusulas de confidencialidad que no podemos burlar y en eso hay que ser conscientes con el país”. En conclusión, el contralor Carlos Felipe Córdoba desautorizó el requerimiento de la contralora delegada para el sector salud, que demandaba la información puntual sobre dichos contratos.
Aún hay otro escenario que está por resolverse y es el del Poder Legislativo. El senador Jorge Robledo interpuso una acción de tutela para que el ministro Ruiz informe la realidad de la contratación de las vacunas e igualmente se anunció una audiencia pública en el Senado de la República para el mismo tema, a la que será citado el ministro.
El presidente Duque señaló que hay quienes pretenden utilizar la estrategia de la vacunación como “agentes de la politiquería y de la demagogia, o como herramienta de ataque político coyuntural”. Por supuesto que no se referiría a Carrillo, ni a la contralora delegada para el sector salud, ni a columnistas independientes de los diversos medios que, como representantes de la sociedad civil, están en su derecho de reclamar la información veraz sobre los contratos con las farmacéuticas fabricantes de las vacunas y las fechas precisas en que llegarán al país, para la formación de la opinión pública.
Lo cierto es que países de la región, como México, Chile, Argentina o Costa Rica, ya empezaron desde diciembre el proceso de vacunación de sus nacionales.
¿Llegó tarde Colombia a la subasta mundial de la vacunas?