Transcurrido el primer mes del nuevo gobierno, sorprendido por el desafío del terremoto del 10 de agosto, algunos analistas destacan que el anuncio de campaña para recuperar la seguridad del territorio y de los ciudadanos, el restablecimiento del orden público afectado por las organizaciones criminales que se surten del narcotráfico y de la minería ilegal, ha logrado resultados evidentes. Precisamente, el secretario de Estado Marco Rubio, en su visita a Barranquilla el 8 de septiembre, declaró que “en un mes, el presidente De La Espriella obtuvo lo que no se hizo en los cuatro años pasados”, con respecto a la seguridad nacional.
La fuerza pública mencionó que cerca de 40 forajidos han sido abatidos, suma a la que se agregan Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, que delinquían como parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en buena parte de La Guajira. La acción conjunta de las fuerzas armadas del Estado confirma que el andamiaje de los diálogos de la paz total con grupos delincuenciales se agotó y a esos forajidos solo les queda el sometimiento a la justicia, como lo anticipó el presidente De la Espriella. Esta apuesta se complementa con la firma de extradiciones, varias de estas a Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. El mandatario firmó las órdenes sobre cabecillas de las disidencias Comandos de la Frontera y de grupos similares que implican a varios delincuentes.
Los operativos mencionados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas demuestran el compromiso con la ciudadanía y la observancia disciplinada a la instrucción presidencial. El secretario Rubio se comprometió a gestionar el apoyo a la dotación de las diversas unidades militares y policiales, incluido el mantenimiento de aviones y helicópteros necesarios para la seguridad interna del territorio, junto con la tecnología requerida para el control de drones de los que disponen los forajidos del narcotráfico y de la minería ilegal.
Con su posesión en la ciudad de Cali, y posteriormente el encuentro con el secretario Rubio en Barranquilla, el presidente comprueba su propósito de gobernar desde las regiones, a lo que se agregan sus repetidas visitas a las zonas afectadas por el terremoto.
La conformación del gabinete ministerial ha sido bien recibida por los sectores sociales y económicos representados en las diversas carteras, incluido el cambio en el Ministerio de Educación, por las razones invocadas por la ministra Morales. Los ministros del sector económico han interactuado con las comisiones respectivas de las cámaras del Poder Legislativo. Los congresistas entendieron finalmente que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado gobierno, su actividad legislativa atañe a sus obligaciones constitucionales, sin esperar contratos o estímulos económicos de ningún organismo estatal.
Las relaciones internacionales han tomado un rumbo diferente al que dejó el gobierno de Petro. Se restablecieron las relaciones con Israel y se suspendieron con los regímenes dictatoriales de Nicaragua y de Cuba. Serán también suspendidas las de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Rumanía y Sudáfrica, países en los que los colombianos residentes seguirán recibiendo atención mediante representación concurrente desde otras misiones diplomáticas de la región.
El presidente se ha reunido con las altas cortes del Poder Judicial y miembros de su gobierno con la Junta Directiva del Banco de la República, fomentando la armonía de los poderes que consagra la Constitución Nacional, para el bien común de la Nación y de los gobernados.
Aunque inicialmente el gobierno no contemplaba aumentar impuestos, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, respondió que era necesario “sincerar” las cuentas del gobierno anterior y le propuso al Congreso el Presupuesto General de la Nación, en la suma de $634,9 billones, y conseguir cerca de $30 billones para la atención de las consecuencias del terremoto.
Las evaluaciones registran 311 fallecidos, 4.519 heridos, 122 desaparecidos, 466.606 personas afectadas, en 498 municipios de 16 departamentos. La reconstrucción de las edificaciones destruidas se tomará de 5 a 6 años, por el valor estimado previamente.
Colombia ha recibido el apoyo generoso de varios países e instituciones que han acudido con ayudas económicas y de brigadas de rescatistas entrenados en esta clase de desastres naturales. Por nuestra parte, nunca serán suficientes ni el espacio ni las palabras para enaltecer la solidaridad de todos los colombianos que siguen demostrando el sentimiento de hermandad con sus conciudadanos damnificados por el terremoto. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y su equipo de periodistas ubicados simultáneamente en los municipios vulnerados, han cumplido una labor encomiable, al mostrar en las ediciones del noticiero no solo la magnitud de la destrucción causada por el terremoto, sino la respuesta de esperanza y resiliencia de los afectados, que, con admirable integridad, aceptan las ayudas ofrecidas, sin refugiarse en la victimización. “Estamos vivos, es nuestra condición para reconstruirnos”, se lee en los carteles suscritos por los damnificados.
El presidente ha visitado los departamentos y municipios en los que la destrucción del terremoto es catastrófica y en sus repetidos recorridos ha estado acompañado por los gobernadores y los alcaldes. Los funcionarios locales han expresado que sus esfuerzos por remover los escombros y las edificaciones que no son recuperables, atender las necesidades vitales de los sobrevientes, son soportados por el gobierno central y los estimula a continuar con el objetivo de alcanzar la reconstrucción de sus territorios.
En su visita al Departamento del Chocó, epicentro del terremoto, el lunes de esta semana convocó al sector privado para proponer, no solo la reconstrucción de las zonas afectadas, sino un ambicioso plan de desarrollo para todo el departamento, que tradicionalmente ha sido descuidado por los gobiernos pasados.
Lo acompañaron Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo, Miguel Cortés, Arturo Calle, Christian Daes, David Vélez, representantes de la Organización Ardila Lülle. Además, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curi, y el alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños Pino.
El encuentro con los empresarios dio paso al denominado “Plan Marshall” para el Chocó: estrategia para concentrarse en grandes proyectos de infraestructura, conectividad, inversión, educación, energía, turismo y generación de empleo.
1. Malecón gastronómico de Quibdó: recuperar y transformar el frente del río Atrato.
2. $5.000 millones para emprendedores afectados.
3. Estudio para un canal interoceánico o ferrocarril.
4. $1 billón para infraestructura y conectividad: cinco grandes proyectos viales y conectividad aérea.
5. Régimen especial para la minería del Chocó.
6. Modernización de la infraestructura energética.
7. Energía solar para comunidades y hospitales.
8. Régimen tributario para atraer inversión privada.
9. Gerencia especial para el Chocó: José Leonidas Tobón, chocoano y viceministro de Agricultura.
10. Cien becas para jóvenes chocoanos.
11. Nuquí y Bahía Solano como destinos turísticos.
12. Compra directa a productores del Chocó.
13. Bancarización e inclusión financiera.
14. Compra de viche a productores chocoanos.
En conclusión, el presidente De La Espriella está cumpliendo la agenda de gobierno ofrecida en la campaña y, simultáneamente, con su poder de convocatoria a los grupos económicos del sector privado, a los gobernantes locales, a los medios periodísticos, está afrontando los desafíos del terremoto. Los colombianos acompañamos sus esfuerzos, para que, comunitariamente, construyamos un mejor país para todos.