De manera reiterada, a lo largo de la última década se ha oído el argumento de que la Nación no puede financiar en mayor medida los parques nacionales por restricciones presupuestales. En este año este argumento se escucha aún más por ser los recortes del presupuesto.
Los funcionarios públicos tienden a integrar en sus decisiones esta justificación como base para explorar otras opciones de financiación. Sin embargo, el contraste con otras cifras del gasto público ayuda a colocar en perspectiva ese tipo de argumentos en apariencia irrebatibles.
En escrito de prensa del pasado 2 de febrero se analizan las implicaciones presupuestales de las detenciones injustas. Según el escrito, el rubro del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación para pagar sentencias y conciliaciones en este año es de $72.900 millones, no muy lejano al de Parques Nacionales, que está cerca a los $80.000 millones. Sin duda, una lamentable coincidencia.
La situación es más preocupante. Las condenas resueltas contra la Fiscalía por detenciones injustas suman $477.000 millones, es decir, el equivalente a más de cinco años del presupuesto destinado a los parques nacionales. En general, las condenas contra la Fiscalía superaron $1,4 billones en cinco años. Las pretensiones de las más de 6.000 personas que demandaron de 2011 a 2015 por detenciones injustas suman más de $6,7 billones, monto similar al que se acordó en la venta de Isagén. En los casos resueltos, en promedio se concilió por el 70% de las pretensiones.
La directora jurídica de la Fiscalía señala que esta entidad recibe presiones para mostrar resultados, porque la gente espera respuestas punitivas, es decir, la cárcel. Explicación inquietante cuando se recuerdan los asesinatos denominados “falsos positivos”, también originados en esa noción de mostrar resultados.
En este caso, las consecuencias no son la pérdida directa de vidas, pero sí efectos graves en la reducción del presupuesto de la Nación y, en consecuencia, en la financiación de campos tan subfinanciados como el de los parques nacionales y, en materia de vidas, los hospitales de diversas ciudades.
Tal vez algunas de estas demandas sean temerarias, el tipo de situación en el que los criminales buscan usar el sistema judicial para impedir la justicia. Como tendencia, sin embargo, las cifras seguro indican un problema acumulado grave y una negligencia que resta posibilidades a la financiación adecuada de temas tan cruciales para el país como las áreas en conservación y la recuperación de las cuencas. La explicación de la falta de presupuesto deja de lado la gestión del Gobierno Nacional, que se debe reflejar en el análisis y en las medidas necesarias ante este tipo de manejos. Desatiende también otras gestiones cuestionables, como la corrupción generalizada, con más de $4 billones de pérdidas al año, y la falta de articulación en la inversión nacional en los territorios. Más grave aún, en tiempos del camino a una paz, la explicación olvida la carga que se le impondrá a la Nación por tener que asumir ahora la mayor parte de los costos de una mínima reparación, sin haber hecho todo lo posible para financiar la atención a los derechos de las víctimas con fuentes cuyo origen contribuiría a hacer más justicia.
* Director Fondo Patrimonio Natural.
