La minería responsable es la propuesta del Gobierno y los empresarios frente a la perspectiva de crecimiento económico que ofrece.
El control social de esa minería desde la exploración hasta la explotación es una condición indispensable para garantizar el mayor nivel de responsabilidad. Invito al Gobierno y a los empresarios a comprometerse a apoyar ese control.
Propongo dos formas para asumir el compromiso, con el supuesto de que todas las partes se beneficiarán. Parto de un hecho: la participación en torno al control social a la minería cuesta y quienes lo ejercen por lo general distan de contar con los recursos necesarios, lo que los pone en desventaja frente a quienes aspiran a explotar o explotan los recursos del subsuelo.
El Gobierno debe favorecer ese control encontrando la forma de proveer financiación para que suceda con la mayor solvencia técnica, jurídica y organizativa. Los organismos de control deben reclamar este tipo de gestión. Las empresas mineras establecen renglones de gasto más allá de sus obligaciones tributarias o ambientales, dirigidos a crear un ambiente favorable —institucional, social y de seguridad— a su interés económico.
Entre este gasto invierten grandes sumas de dinero en la financiación de comunidades, alcaldías, organizaciones y en intermediarios que trabajan su imagen en el país y presencia futura en la zona de eventual explotación. A menudo los límites entre lo aceptable y lo objetable de estas inversiones son difíciles de establecer.
El Gobierno, aunque no lo hace, tiene la responsabilidad de regular estos gastos. En aras del control social convendría que la reglamentación creara un esquema para canalizar la mayor parte de esos recursos de las empresas para financiar centros académicos, comunidades y organizaciones que tengan interrogantes frente a los proyectos, para que puedan investigar y hacer propuestas alternativas viables.
Ese esquema tendría que incluir una instancia de distribución de los recursos en el que las empresas obligadas a aportar no tengan injerencia en las decisiones y, en cambio, predomine una orientación entre ciudadanía y organismos de control. El otro mecanismo de financiación de un esquema como el propuesto son los recursos recaudados por concepto del canon superficiario que se obligan a pagar quienes reciben títulos mineros.
Estas dos propuestas son viables, convenientes y permitirían que el Gobierno y los empresarios sean consecuentes con su propuesta de una minería responsable. La ciudadanía tendría mayores condiciones para ejercer un control social serio y con el alcance deseable para bien de todos y de la naturaleza en general.
*Sus opiniones son personales y no comprometen a Patrimonio Natural, institución que dirige.
