Algo más que un marco jurídico

Cuando salga publicada esta columna, la Corte Constitucional habrá realizado la audiencia para evaluar la paleta de opiniones, jurídicas y políticas, acerca del Marco para la Paz.

Es claro que ambas posiciones —a favor y en contra de mantener el Marco— están apoyadas en argumentos serios. En esta columna quiero presentar tres ideas de carácter político a favor del mantenimiento del Marco:

Primero. Aparte de la paz, el país tiene dos opciones posibles: o la victoria militar por parte del Estado o el statu quo. No hay más. El país le apostó durante una década a que la primera era posible en el corto plazo, sólo para contemplar una cierta reactivación de las Farc, e incluso del Eln, a partir del 2007/2008. Así que sabemos que, si el Estado puede alcanzar este objetivo, se demorará años. Muchos. No sabemos cuántos. La guerrilla colombiana no es como la de Sri Lanka, que decidió presentar combate abierto al Ejército, lo que eventualmente la llevó a su destrucción. Aquí tenemos, por desgracia, una larga y rica tradición guerrillera (en buena parte, hay que decirlo, creada por el Estado mismo). El statu quo —un conflicto de relativa baja intensidad— también se puede mantener durante un lapso largo. Pero la cantidad de sufrimiento, de muertes y destrucción que se producirán será enorme. Algo similar se puede decir con respecto de las priorizaciones en la investigación de los crímenes. La alternativa real a la priorización explícita es una de facto e informal, que, como ya lo sabemos, resulta desastrosa.

Sobrecargar al proceso de paz con demandas que equivalen a una rendición pura y simple implica en la práctica optar por el statu quo, o por alguna modalidad de solución militar. Ningún análisis que yo haya oído por parte de amigos que son adversarios del Marco, o que haya leído en la prensa, contiene alguna referencia a las opciones reales si aquel se deja caer. En el mejor de los casos plantean la vaga esperanza de que, por medio de un acto heroico de voluntad, la dirigencia de la guerrilla decida hacer el tránsito del cambuche a la cárcel. Pero las probabilidades de que ello ocurra son muy, muy bajas.

Segundo. La guerrilla ha cometido atrocidades. Pero su relación con el poder en el marco del conflicto es radicalmente distinta de la que tuvieron los paramilitares. Como se sabe —y como dijeron sus propios voceros— éstos estaban generosamente representados en el sistema político en el momento de reinsertarse. Por medio de su negociación quisieron lavar un poder político que ya habían construido cuidadosamente. La guerrilla indudablemente ha influido sobre autoridades locales, y construido redes de apoyo entre burocracias civiles y de seguridad. Pero en términos de magnitud y calidad, el fenómeno es otro. La guerrilla ha combatido al Estado, lo que le impide cumplir importantes funciones de protector de cara a élites locales claves, cosa que sí pudieron hacer los paramilitares. Por consiguiente, esta paz no carga sobre sus espaldas el espectro de la complicidad generalizada del proceso precedente.

Tercero. Simplemente, no es cierto que la paz negociada ya no sea aceptable a nivel internacional. Hoy en día todo el mundo conversa —los palestinos y los israelíes, los estadounidenses y los talibanes, y así sucesivamente—. Y lo hace sobre la base de que los acuerdos tienen que ser mínimamente aceptables para todas las partes.

Nuestra guerra ha sido, y es, brutal, como lo mostró en su informe el Centro de Memoria Histórica, por lo que la paz posible no es, ni puede ser, un camino de rosas. Pero una reflexión clara, apoyada en la alternativas reales que tenemos a la mano, muestra que ella es por mucho la mejor solución.