Arrancó una maratón de vida o muerte

LA APROBACIÓN DE LA LEY DE VÍCTImas —un proceso en el que participaron muchos actores, pero en el que jugaron un destacadísimo liderazgo los congresistas Cristo y Rivera— tiene todo el potencial para generar el proverbial salto cualitativo en el país. En esta columna me referiré sólo al aspecto relacionado con la tierra de la ley.

Este es fundamental por cuatro razones. Primero, porque como adecuadamente lo destacaron el ministro de Agricultura y otras voces, el problema de la propiedad rural está en el núcleo del conflicto colombiano. Segundo, por simples y esenciales razones de justicia, pero también de convivencia. Si el brutal despojo de millones de campesinos, adelantado a sangre y fuego, queda sin alguna forma de reconocimiento y reparación, esta es una brutal señal que deja sin piso cualquier noción pública de justicia. Tercero, por eficiencia. Estas economías propiciadas por los agentes expropiadores son extremadamente atrasadas, y constituyen un peso muerto para el desarrollo. Y cuarto, porque es imposible para el Estado expandir su presencia territorial con el bloqueo, y la captura, generados por élites rurales altamente criminalizadas (y no sólo vía narco). 

Sin embargo, la aprobación de la ley constituye solamente un primer paso: primer paso crucial, es cierto, sin el cual era imposible avanzar, pero sólo uno de una larga travesía. En particular, el efecto real, sobre el terreno, de la ley dependerá de al menos cinco grandes variables.

La primera es la capacidad técnica del Estado. Este es débil en algunos eslabones cruciales, y sin reforzarlo será imposible desarrollar una labor de restitución coherente y sostenible. Aquí, por supuesto, entra también el crucial tema de la seguridad para los líderes campesinos. Las consideraciones fiscales NO son una suerte de conspiración, como consideran algunos despistados, así que será necesario levantar plata. Aparte de cerrar las venas rotas de la corrupción, lo lógico parece ser aumentar y centralizar la decisión sobre la tarifa del impuesto predial para financiar el escalamiento de las agencias que han de acompañar el proceso de restitución.

 La segunda es la resistencia a la restitución. No es tan sorprendente que no la haya habido en esta etapa. Como enseña nuestra historia, ella comienza ahora, no sólo a través de la violencia, sino de los entronques con los partidos, el descrédito del proceso, el intento de encallarlo a través de pequeñas disposiciones técnicas, el localismo, etc. Nótese que si el Estado no tiene el suficiente músculo técnico, esta resistencia se potenciará a través de mil errores e incoherencias cometidos en el transcurso de la implementación de la restitución, que darán pie a continuas y resonantes denuncias.

El tercer factor es la necesidad de blindar a la ley con otros instrumentos. En particular, resulta necesario desarrollar una política de Estado sobre reparación. Esto es urgente. Una vez más, es tanto una injusticia brutal como un desangre para las arcas del Estado que una persona que ha sufrido un mal terrible pero limitado obtenga millonadas por vía judicial, mientras que una campesina a la que le descuartizaron la familia, le robaron la tierra y la lanzaron a la indigencia obtenga básicamente que le devuelvan lo que en todo caso era suyo. El cuarto es desarrollar los contenidos de la ley, e ir superando algunas de sus limitaciones. Claro, la existencia de éstas no justifica el absurdo y suicida intento de hundirla.

Quinto y último, es extraordinariamente importante que los gestores y apoyos de la restitución establezcan explícitamente una estrategia de medios. Es inverosímil que después de la ordalía que han vivido los campesinos de este país, la aprobación de la ley y las realidades humanas que la motivaron sigan teniendo tan poco impacto de cara a la opinión. Parafraseando a un pésimo gobernante, hay que insistir, insistir, e insistir. Parafraseando a otro, mucho mejor —López Pumarejo—, conversar con la opinión también es restituir.