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29 Apr 2022 - 5:30 a. m.

Boleros atroces

La respuesta oficialista a la espantosa masacre de Putumayo me hace recordar varios boleros. Cuando Molano dice que la fuerza pública asesinó a numerosos civiles en el curso de un esfuerzo por proteger a la población, tarareo: “Ay, amor, no me quieras tanto”, que en la versión actual sería: “Ay, ministro, no nos protejas tanto”. Nos va mejor sin ese amparo tan dedicado y solícito. De veras. Y cuando se refiere a una “operación de precisión”, me viene a la cabeza el fabuloso “un mundo diferente”, que es donde vive Molano.

Cierto: me duele usar una música amable y bella para hablar de esa cosa sórdida y brutal que es la política del oficialismo. Con el agravante de que algunos líderes oficialistas han venido desarrollando un discurso público de justificación del asesinato de sectores específicos. ¿Qué es si no la defensa del evento por haberse organizado contra “un bazar cocalero”? ¿Significa que a las gentes que cultivan coca o que “tienen antecedentes penales” las pueden fusilar a sangre fría?

Bonita democracia esa que dicen se nos escapará de las manos si el actual equipo dirigente sale del poder. Lo cual me lleva a la doctrina Zapateiro, según la cual es lícito, rutinario y normal disparar sobre menores y mujeres embarazadas. El mismo oficial, se recordará, dio a nombre de su institución las condolencias por la muerte por cáncer del jefe de sicarios del Cartel de Medellín, alias Popeye.

Si el lector da un paso atrás, entenderá que en ese ambiente moral e intelectual cualquier enormidad es posible. Lo que hemos venido presenciando —por desgracia, con la colaboración por acción u omisión de un círculo que va mucho más allá del relativamente estrecho de perpetradores— es la normalización sistemática de todo esto. Esas declaraciones de Zapateiro, según las cuales fusilar a una mujer que espera a su hijo es un asunto cotidiano, algo que no debería preocupar a nadie, es sólo la punta del iceberg: la revelación explícita del sentido común operativo que se ha venido instalando desde hace buen rato en muchos sectores. Las tremendas confesiones frente a la Jurisdicción Especial para la Paz de los encartados en “falsos positivos” así lo revelan.

Esta acumulación de horrores —del pasado inmediato, del presente, del futuro si no damos un giro sustancial— debería poner sobre la mesa el tema de una seguridad para la protección de toda la ciudadanía. Necesitamos una conversación sincera, abierta, sobre el tema. El actual equipo dirigente construyó una retórica según la cual los uniformados tienen el sagrado derecho de eliminar civiles. Los efectos han sido muy destructivos, también para las agencias de seguridad del Estado. Cualquiera que considere en detalle la confianza en —o la simpatía por, dependiendo de la encuesta y el tipo de pregunta— el Ejército o la Policía notará que esta cayó en picada en los últimos años. La acumulación reciente de abusos y escándalos no contribuirá mucho para levantarla, como tampoco lo hará el grotesco y torpe despliegue de agresividad retórica por parte de Molano. Imposible tomar en serio a dirigentes tan “perfeccionistas”, “precisos” e indiferentes a la vida humana. Producen sólo risa amarga.

Si queda todavía algún adulto dentro de estas instituciones que el gobierno Duque ha venido vaciando sistemáticamente, tendría que preguntarse qué significa esta pérdida drástica de legitimidad de las agencias de seguridad en un contexto en el que viejos y nuevos grupos armados no estatales parecen estar fortaleciéndose. En el pasado ciclo de violencia, el que trató de cerrar el Acuerdo de 2016, la Policía y el Ejército gozaban de apoyo aplastantemente mayoritario, aunque su desempeño en punto a derechos humanos fuera muy malo. Pero ahora las cosas son diferentes.

Los otros días oí en un panel una excelente exposición propaz, que atribuía (favorablemente) esta frase a un general: “Si cambia la música, cambia el baile”.

Pues llegó el momento. Necesitamos otra música ya.

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