Buena idea

LA IDEA DE CREAR UNA NUEVA UNIdad de la Fiscalía contra el desplazamiento forzado, que divulgó en días pasados este diario, debe ser aplaudida.

Ante todo, el desplazamiento es un delito plenamente vigente. Segundo, adquirió en Colombia unas proporciones gigantescas. Es un enorme fenómeno demográfico y socioeconómico, cuyas consecuencias sociales están aún por medir y evaluar a plenitud. Y, naturalmente, echa sobre los hombros de todos nosotros una pesada externalidad negativa, que se podría precisar de manera clara y meticulosa. Tercero, los programas de retorno y restitución no han tenido ni de lejos un impacto similar. Aunque algunos de ellos resultan interesantes y ejemplares, no alcanzan ni siquiera el nivel de paliativo; están a años luz de constituir una respuesta al terremoto social que significó la expropiación en masa de campesinos en las últimas décadas. Cuarto, los victimarios han gozado de general impunidad. Por ejemplo, diversos criminales han acudido rutinariamente a argucias legales pergeñadas por los excelentes defensores que tienen la capacidad de pagar, de suerte que lograron bloquear, o al menos aplazar sustancialmente, la expropiación por parte del Estado de sus bienes mal habidos. ¿Y cuántos usurpadores estarán condenados por sus delitos? Muy, muy pocos. En la práctica, esto quiere decir que los protagonistas de la expoliación fueron generosamente premiados. Terrible precedente que nos muestra a todos de manera muy persuasiva cuán conveniente es matar y robar.

La nueva unidad de la Fiscalía agilizaría los trámites de la justicia, lo que es urgente e indispensable. Pero hay mucho más por hacer. En realidad, en este terreno Colombia está en el peor de los mundos posibles. Por un lado, sufrió un cambio social negativo en gran escala. Por otro, perdió en el curso de los últimos años la institucionalidad que tenía alguna capacidad (limitada, desafiada con éxito una y otra vez, pero aún así existente) redistributiva y regulatoria para compensar, así fuera parcialmente, los efectos de dicho cambio. Que esa institucionalidad hubiera llegado ya a su límite a principios de la década de 1990 y estuviera en todo caso condenada a desparecer, es difícilmente discutible. Pero lo que la reemplazó fue, al principio, una fatal desburocratización, sumada a una descentralización municipalista que probablemente fortaleció aún más a los terratenientes (incluyendo claro está a los usurpadores) en su relación con el Estado. Eventualmente, esto derivó en políticas que promovían la desigualdad y eliminaban de un plumazo el tema redistributivo, la promoción del capitalismo político y la incorporación creciente de caciques electorales altamente criminalizados a los más diversos circuitos de toma de decisiones.

¿Cómo salir de esto? En este caso, la mejor vía de ataque probablemente sea comenzar de la manera más abstracta posible. Dadas ciertas restricciones (fiscales, por ejemplo), ¿cuál es la mejor política razonable y conseguible?, y, ¿qué conjunto de normas y agencias se necesitan para poder diseñarla e implementarla? Dada la dimensión pantagruélica del problema, me parece que debería estar en el centro del debate electoral.