Colombia tiene una enorme deuda histórica con sus campesinos, que puede evaluarse desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad concluyó que eran las principales víctimas de nuestras violencias. Sumemos a esto la falta de acceso a la tierra, el despojo masivo y la exclusión sistemática. El Acuerdo de Paz de 2016 se propuso, así fuera de manera limitada, comenzar a pagar esa deuda.
Mal. Pues no les vino a la mente a los tomadores de decisiones del período una manera mucho mejor de afrontar el problema: suponer que el reclamante no existe, y así borrarlo del mapa. Esa fue la genial solución que sí se le ocurrió esta semana a nuestro ministro de Agricultura. “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesino es despectivo. Acá les vamos a elevar el estatus a los que producen los alimentos del país”, dijo.
La declaración tiene varias características destacables. Primero, la grotesca condescendencia. Los católicos solo bautizan a los menores de edad (a los bebés, en realidad) sin su consentimiento. ¿Qué tal que decidiéramos que el nombre del ministro es tan degradante como su retórica, y en lugar de llamarlo “Indalecio” lo denomináramos, para subirle el estatus, “Wilfer”? ¿Le gustaría?
¿Y por qué no les preguntó a los “pequeños empresarios del campo” cómo querían ser llamados? Respuesta: es posible que ni se le ocurriera, y por otra parte, la gran mayoría de campesinos probablemente le hubiera dicho que se siente cómoda con su denominación. Es, como lo midió el DANE en varias encuestas de cultura política, una de las identidades más generalizadas en el país: millones de personas se consideran campesinas. Y, además, los campesinos organizados han logrado toda una serie de reconocimientos y de derechos claves para su avance social, que están amarrados a esa palabra.
La aseveración de que el término “campesino” tiene una connotación despectiva es, por lo tanto, extravagante, aunque, claro, podría explicarse por la clase de relaciones que cultiva el buen Wilfer. De pronto se mueve en círculos donde ese precisamente es el caso. Pero esto lleva aún a otra pregunta: ¿de dónde saca Wilfer que hay que borrar del idioma los términos despectivos? Por ejemplo, si yo escucho a una persona que amerita la caracterización de “despreciable imbécil”, ¿qué haría para describirla si no tuviera a la mano los términos correspondientes? (“imbécil”: falto de inteligencia; “despreciable”: que merece desprecio, carente de valor moral; en ambos casos, según la RAE).
Es fácil omitir las razones por las que declaraciones como las del ministro Wilfer resultan tan peligrosas. Por una parte, amenazan con dejarnos sin idioma. En lugar de un vocablo usado desde los albores de los tiempos, reconocido aquí y en Cafarnaúm, que es un punto de convergencia para hablar de políticas públicas y problemas rurales (“campesino”), cuatro (“pequeños empresarios del campo”), sacados del cubilete, que nadie tiene claro a quién describen, y que perfectamente se podrían estar refiriendo a toda clase de avivatos (como los amiguetes de gentes en el poder que históricamente han tenido acceso a subsidios y créditos agrarios por sus conexiones). Pero, aún más deletéreo, también amenazan con dejarnos sin un sentido de realidad compartida. Al inventarse etiquetas y un mundo paralelo, esta “guerra cultural” crea para sus partidarios una burbuja cerrada e inaccesible a evidencias contrarias, y pone a sus adversarios en una laboriosa tarea de reconstrucción.
Cuando alguien habla de “memoria histórica” en Colombia, generalmente se refiere a la recuperación de hechos que han afectado a sectores sin voz. Pero ahora la memoria tendrá que lidiar con los esfuerzos de no ser borrados de un plumazo (comiencen con las “niñas” y los “campesinos”). Recuerden: sin lenguajes comunes ni ideas básicas de realidad compartida, no hay, no digamos ya democracia, sino espacio público. Por todo esto, oponerse a este borramiento retórico del campesinado es fundamental.