¿Cazafantasmas?

EL AÑO TERMINA CON EL ASESINAto y degüello del gobernador de Caquetá por parte de las Farc.

Aparte de la tremenda brutalidad de esa organización, el evento resalta dos dimensiones del debate acerca del conflicto colombiano que ameritan una discusión abierta. La primera es la existencia misma del conflicto. El equipo intelectual de este gobierno no sólo la ha negado, sino que ha basado parte de su política de seguridad en la afirmación pública de que cualquiera que reconozca la posibilidad de que la guerrilla se recomponga militarmente es, más que un ave de mal agüero, un apaciguador y, por lo tanto, un “quintacolumnista”. La segunda es la manera en que se debe tratar el problema guerrillero de cara a los conflictos naturales que afronta inevitablemente toda sociedad moderna. El gobierno ha cedido al automatismo de poner el marbete de subversivo a todo aquel que se atraviese en su camino, desde aquellos que encarnan los pesos y contrapesos institucionales hasta los que están en la oposición. Hace esto tanto por ideología como por autointerés. Así, nos encontramos frente a un paradójico discurso que, por un lado, afirma que el Estado no enfrenta ningún desafío serio, y establece perentoriamente que la guerrilla se encuentra en un período de agonía terminal, y por otro sugiere que ésta tiene un poder lo suficientemente grande como para manejar como títeres agencias que ocupan un lugar muy significativo en nuestra vida pública.

Las contradicciones lógicas nunca dejan de tener consecuencias, y esta no es ninguna excepción. Quizás el mejor símbolo de lo que ella implica es la acusación —apresuradamente tramitada— contra el senador Jorge Enrique Robledo por el episodio de la farcpolítica. Es obvio que el Estado tiene el derecho, y el deber, de combatir a la farcpolítica. Para cualquiera que haya estudiado la agitada prehistoria de la izquierda colombiana, es también bastante obvio que la acusación contra Robledo es completamente inverosímil. Si se trataba de encontrar a un chivo expiatorio, escogieron al peor posible, cosa que a mí no me extraña en lo más mínimo (a lo largo de este año llamé a esto la “luisguipolítica”, una extraña combinación de audacia, desdén por la ley, estridencia, e ineptitud sublime). Robledo proviene de un pequeño y viejo grupo, el MOIR, que desde hace muchos años tuvo desastrosas relaciones con las Farc y otros grupos armados, y de lo que se sabe las escasas menciones a Robledo en el computador de Raúl Reyes no sólo son negativas, sino que repiten los motivos tradicionales sobre los que se ha fundado el extrañamiento histórico de ambas asociaciones.

Cierto, prácticas como las acusaciones temerarias con objetivos políticos han de criticarse por motivos normativos, y hay que subrayar siempre que el hostigamiento a los críticos legales como si fueran subversivos es flagrantemente antidemocrático. Pero a veces toca también resaltar el aspecto de la eficiencia. Mientras nuestra guerra, supuestamente inexistente, se reactiva, el gobierno persigue, con torpes montajes, a la oposición legal (no se trata sólo del caso Robledo, es también buena parte del episodio del DAS). Piense el lector cuántos funcionarios, tiempo y energía se gastan en esto. Los peligros reales aumentan, pero el equipo de gobierno prefiere gastarse el dinero de la seguridad en financiar cazafantasmas.