SUPERFICIAL HA SIDO LA INFORMAción ofrecida por los medios acerca de la crisis presupuestal de la universidad pública.
Varios columnistas y editorialistas, con un desconocimiento ostensible de lo que está en juego, han sostenido una tesis de equidistancia que parece razonable, pero que en realidad es simplemente confusa.
El punto de partida de la discusión debe ser separar las diversas preguntas, tratar de responderlas sistemáticamente y, después, incorporarlas a una concepción amplia de la universidad pública.
Hay al menos tres grandes temas en juego, interrelacionados pero analíticamente diferentes: el tamaño de la asignación, las funciones que debe ayudar a cumplir y su distribución regional. Argumentar que, como la cuestión regional no se ha solucionado bien debido a la injerencia de las universidades grandes, entonces éstas y el Gobierno están de alguna manera “mano a mano”, es actuar como el cónyuge que le dice a su pareja: “Sí, te puse los cuernos, pero fíjate que tú en cambio nunca sacas a pasear al perro”. Pero además no interpreta bien una historia complicada, que tiene tanto de largo como de ancho.
En cuanto al tamaño de la asignación, Moisés Wasserman, rector de la Nacional, ha argumentado tres puntos que creo no admiten cinco minutos de discusión razonable: a) El Gobierno se ha empecinado en mantenerla en los mínimos estipulados por la ley, actuando como si éstos fueran máximos; b) Recientemente, ha activado unas bombas de profundidad (por ejemplo, en el tema pensional) que desestabilizan a las universidades; c) No ha tenido en cuenta que muchas de éstas han sufrido grandes cambios, con la creación de un sistema de doctorados, un salto medible y evaluable en términos de calidad, mayor cubrimiento, etc. Y ha destacado el potísimo hecho de que de la billonaria partida prometida por el ministerio para paliar la crisis ni un peso entra a la caja de las universidades. Este proceder tan indirecto, sutil y oblicuo —para ayudarte le doy plata a otros que ya tienen mucha: ¿pero no hemos oído esa canción en otra parte?— es difícil de entender, incluso para alguien forjado en el duro cilicio de la ciencia experimental, como lo es Wasserman.
La actividad de Wasserman fue interrumpida por un hecho desconcertante: un grupo de personas detuvo agresivamente su carro durante seis horas. Aparte de significar una burrada política mayúscula, que les da —como se comprobó de inmediato— todas las armas a los enemigos de la universidad pública, es un evento que me produce un profundo malestar. Los estudiantes tienen muchos motivos para protestar (comenzando por el hecho de que varios de sus líderes están amenazados). ¿Pero contra quién, por qué y cómo? Si la protesta ha de tener sentido y expresar de alguna manera un lenguaje público democrático e inteligible, no puede basarse en la fuerza bruta, la intimidación o la arrogante alegría de meter miedo.
Creo que el sistema de universidades públicas puede cumplir un importante papel, crítico y constructivo, en el proceso de desarrollo en Colombia, promoviendo la creación de conocimiento y actuando como un vehículo de incorporación de los sectores populares. Los eventos de la semana pasada deberían servir para un debate serio y sostenido sobre qué clase de universidad queremos para qué país.
A todas estas, ¿qué opinaría del asunto Claudia López? No podremos saberlo, porque la callaron.
