Cortando el pasto del antejardín

Acabamos de publicar el reporte “Daños a la salud democrática”, que se refiere a los aspectos políticos e institucionales de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato.

Dichas fumigaciones se han analizado desde diversos ángulos: el menoscabo causado a la salud humana y al medioambiente, o el efecto real que pueda tener sobre la reducción de hectáreas cultivadas. Estas y otras perspectivas son, por supuesto, válidas y muy importantes. Sin embargo, sólo muy, muy ocasionalmente se estudia desde una perspectiva macro el significado social y político que tienen las aspersiones aéreas.

Por eso, e incumpliendo una regla autoimpuesta a rajatabla de separar mi trabajo académico de lo que trato en esta columna, me refiero aquí a ese reporte. Lo que muestra es que las fumigaciones han concitado una oposición muy amplia, que va desde los cultivadores hasta las autoridades locales, pasando por agencias del Estado y los gremios de la producción locales. Esto ya socava la narrativa oficiosa de que las oposiciones a la fumigación provienen sólo de idiotas útiles, sea de la subversión, sea del narco o de ambos. De hecho, el apoyo nacional a la fumigación tampoco es ni de lejos la opción preferida por los encuestados en varios sondeos, en ninguna categoría o estrato social.

Si la definición de democracia pasa por algo así como la expresión de las preferencias mayoritarias junto con la protección rigurosa de los derechos de las minorías (parafraseo aquí a Sartori), entonces la política de fumigaciones es profundamente antidemocrática. Encarna los compromisos de unos grupos de poder contra la predilección de los colombianos y les impone unos costos prohibitivos a unas minorías demográficamente muy significativas (los campesinos cultivadores y otros habitantes de los territorios).

No sorprende, por lo tanto, que la política se haya podido imponer solamente a través de un cierre democrático severo y silenciando a como dé lugar la voz de sus principales víctimas. Si este es el año de la confluencia de dos aniversarios vitales para el país —30 años de la Constitución, 50 de la declaratoria de la guerra global contra las drogas—, la fumigación expresa la anulación de la promesa democrática, participativa y descentralizadora de la primera a manos de la segunda. No hablemos ya de que significa una crasa violación del Acuerdo de Paz.

También es cruel y genera nocivos efectos sociales y políticos, tanto directos como indirectos. Comenzando por el hecho de que rociar veneno sobre poblaciones enteras no es la mejor manera de conquistar la legitimidad. La presencia del Estado por aspersión no es una innovación institucional que tenga gran futuro. Menos, cuando los criterios para implementarla no son claros, como mostramos en el informe. Sí, en cambio, destruye trayectorias vitales. Y, contra la retórica oficial, es una cuestión de nunca acabar. Eso lo saben más o menos todos los que están enterados de cómo funciona la cosa. El reporte cita un documento estadounidense, según el cual fumigar es “como cortar el pasto del antejardín”. Una tarea que toca repetir periódicamente, sin esperanza de que alguna vez se pueda parar.

Vale la pena que el lector fije bien esta metáfora en la mente. Lo que significa en esencia es que los profumigación nos están metiendo por un camino de costos sin límite, sin momento de terminación claro, sin apoyo de las mayorías y con la posibilidad de generar fracturas sociales irreparables.

Se podría contraargumentar que se trata de una imposición del coloso del norte, frente a la cual hay poco que hacer. Falso. Aunque la versión oficial de la embajada —“una decisión soberana de Colombia”—es una fábula, vale la pena recordar que nuestro país es el único metido en el negocio de bañar periódicamente a poblaciones enteras con veneno. No lo hacen el empobrecido —e invadido— Afganistán ni nuestros vecinos andinos. Estamos “solitos” en esta práctica, idiota e inútil.