El proceso de paz entre el Estado colombiano y las Farc estuvo acompañado desde el principio por un debate interesante: ¿qué animal lo representaba mejor? Algunos se decantaban por el sapo, una imagen pergeñada para visibilizar los costos de la paz y ninguno de sus beneficios. Otros, por la inefable paloma (que tampoco es que me entusiasmara mucho). Desde el principio lo seguí con cuidado: las metáforas juegan un gran papel en el debate político.
A estas alturas, sin embargo, nos acercamos a una suerte de unanimidad zoológica: el ganador es el conejo, y el debate girará al parecer no alrededor de cuál es el animal insignia, sino alrededor de quién le puso más conejo a quién. Los uribistas, por ejemplo, dicen sentirse estafados, a pesar de que les han dado todo. Como fuere, las distorsiones de lo que se alcance a aprobar del Acuerdo de Paz con respecto de lo pactado son ya sustanciales, y la guerrilla desmovilizada no cuenta a estas alturas ni con una opción clara de participación en política ni con unas reglas de juego estables. Tampoco doy por descontada su seguridad física. Se podrá contraargumentar que se trata de una crisis pasajera, y que el daño hecho se puede reparar. Me encantaría estar de acuerdo. Lo malo es que no veo cómo. Pero, claro, hay que seguir buscando.
En la columna anterior hablé de secuencias de decisiones jurídicas y políticas que llevaban a planteamientos abiertamente destructivos y sin aparente lógica. Me referí al caso del secretario de Movilidad de Bogotá, Bocarejo, a quien quieren inhabilitar por haber estudiado los temas de los que precisamente está encargado. Algo similar, sólo que en mayor escala y con costos incalculables, sucedió con el proceso de paz. La Corte Constitucional, haciendo gala de una irresponsabilidad que constituye un enorme baldón a su trayectoria, forzó a lo que fue una renegociación de facto de todo el acuerdo en el Congreso. Muchos de los miembros de esta corporación, y esto incluye a gentes de todas las tendencias, sintieron que les iría mejor frente a la opinión y frente a importantes auditorios si podían mostrar su capacidad de enmendarle la plana al texto. Todo esto tenía lugar en medio de la pasividad y de la desagregación paulatina del Gobierno y su bancada, y de los bombardeos constantes y malintencionados de Néstor Humberto Martínez, quien recibió el dedazo del presidente para ser fiscal en este período decisivo.
De toda esta cacofonía, el mensaje más transparente proviene de la prohibición genérica a los defensores de derechos humanos para ser magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Ya se ha dicho muchas veces, y bastante bien, que ella es inconstitucional. Pero la prohibición proviene del mundo de lo político, y hay que pensarla, y discutirla también, desde el plano de lo político. Y creo que representa las tres dimensiones fundamentales de la Colombia excluyente y atrasada que el Acuerdo de Paz supuestamente iba a contribuir a superar. Primero, particularismo en lugar de universalismo en las reglas: puedo sacar a gente a nombre propio para preservar los intereses de mis amigos. Segundo, exclusión y peligrosismo: puedo sacar a una categoría completa de personas del juego porque son peligrosas. Pediría a los autores de la prohibición que la sustentaran (¿específicamente cuáles son los problemas de los defensores?) y precisaran sus alcances (verbigracia: ¿también quedan por fuera quienes hayan sido miembros de, o trabajado para, la Comisión Legal de Derechos Humanos del Senado?). Tercero, ineficiencia e ignorancia fervorosas: si sabes del tema, estás inhabilitado.
Claro: las inhabilidades son cosa seria. Precisamente porque lo son, deben ser tratadas caso por caso. Esta prohibición estigmatizante no es una solución al problema; más bien es un paso más en el camino de la impunidad plena. Y ni siquiera aquí universalista: también altamente selectiva.
El proceso de paz entre el Estado colombiano y las Farc estuvo acompañado desde el principio por un debate interesante: ¿qué animal lo representaba mejor? Algunos se decantaban por el sapo, una imagen pergeñada para visibilizar los costos de la paz y ninguno de sus beneficios. Otros, por la inefable paloma (que tampoco es que me entusiasmara mucho). Desde el principio lo seguí con cuidado: las metáforas juegan un gran papel en el debate político.
A estas alturas, sin embargo, nos acercamos a una suerte de unanimidad zoológica: el ganador es el conejo, y el debate girará al parecer no alrededor de cuál es el animal insignia, sino alrededor de quién le puso más conejo a quién. Los uribistas, por ejemplo, dicen sentirse estafados, a pesar de que les han dado todo. Como fuere, las distorsiones de lo que se alcance a aprobar del Acuerdo de Paz con respecto de lo pactado son ya sustanciales, y la guerrilla desmovilizada no cuenta a estas alturas ni con una opción clara de participación en política ni con unas reglas de juego estables. Tampoco doy por descontada su seguridad física. Se podrá contraargumentar que se trata de una crisis pasajera, y que el daño hecho se puede reparar. Me encantaría estar de acuerdo. Lo malo es que no veo cómo. Pero, claro, hay que seguir buscando.
En la columna anterior hablé de secuencias de decisiones jurídicas y políticas que llevaban a planteamientos abiertamente destructivos y sin aparente lógica. Me referí al caso del secretario de Movilidad de Bogotá, Bocarejo, a quien quieren inhabilitar por haber estudiado los temas de los que precisamente está encargado. Algo similar, sólo que en mayor escala y con costos incalculables, sucedió con el proceso de paz. La Corte Constitucional, haciendo gala de una irresponsabilidad que constituye un enorme baldón a su trayectoria, forzó a lo que fue una renegociación de facto de todo el acuerdo en el Congreso. Muchos de los miembros de esta corporación, y esto incluye a gentes de todas las tendencias, sintieron que les iría mejor frente a la opinión y frente a importantes auditorios si podían mostrar su capacidad de enmendarle la plana al texto. Todo esto tenía lugar en medio de la pasividad y de la desagregación paulatina del Gobierno y su bancada, y de los bombardeos constantes y malintencionados de Néstor Humberto Martínez, quien recibió el dedazo del presidente para ser fiscal en este período decisivo.
De toda esta cacofonía, el mensaje más transparente proviene de la prohibición genérica a los defensores de derechos humanos para ser magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Ya se ha dicho muchas veces, y bastante bien, que ella es inconstitucional. Pero la prohibición proviene del mundo de lo político, y hay que pensarla, y discutirla también, desde el plano de lo político. Y creo que representa las tres dimensiones fundamentales de la Colombia excluyente y atrasada que el Acuerdo de Paz supuestamente iba a contribuir a superar. Primero, particularismo en lugar de universalismo en las reglas: puedo sacar a gente a nombre propio para preservar los intereses de mis amigos. Segundo, exclusión y peligrosismo: puedo sacar a una categoría completa de personas del juego porque son peligrosas. Pediría a los autores de la prohibición que la sustentaran (¿específicamente cuáles son los problemas de los defensores?) y precisaran sus alcances (verbigracia: ¿también quedan por fuera quienes hayan sido miembros de, o trabajado para, la Comisión Legal de Derechos Humanos del Senado?). Tercero, ineficiencia e ignorancia fervorosas: si sabes del tema, estás inhabilitado.
Claro: las inhabilidades son cosa seria. Precisamente porque lo son, deben ser tratadas caso por caso. Esta prohibición estigmatizante no es una solución al problema; más bien es un paso más en el camino de la impunidad plena. Y ni siquiera aquí universalista: también altamente selectiva.