Muchos debates públicos generan más ruido que cualquier otra cosa. Entre más acaloramiento les invierten sus protagonistas, más absurdos parecen. Y son: caen muy cerca del famoso contencioso entre Liliput y Blefuscu de por dónde había que romper el huevo (por si aún hay algún lector memorioso que recuerde Los Viajes de Gulliver). Constituirían episodios divertidos, si no fuera porque por ese caño se van coaliciones, capital político, gobernabilidad.
Hay otros que, sin arrojar resultados claros, resultan a la vez interesantes y sintomáticos. Creo que, desde el comienzo, el programa de la paz total ha enfrentado uno de estos: cómo definir quiénes son actores políticos y quiénes no lo son.
Me ha alegrado ver que se han hecho interesantes intentos de responder a la pregunta para casos particulares, pero sin plantear la cuestión general: ¿qué es un actor político? Sí, lo entiendo, es una pregunta irritante y, de hecho, enunciarla podría constituir la típica jugada del sofista para confundir. Pero también podría, y en nuestro caso creo que debería, usarse para aclarar. Si nuestro punto de partida es que hay muchos casos en los que la respuesta no contiene ninguna ambigüedad, entonces ya no estaremos jugando al sofista. El Chapo Guzmán era simplemente un delincuente y no más que eso, aunque sus acciones tuvieran efectos políticos. Olof Palme, Jacinda Ardern o alguna otra lideresa con poderosa capacidad de representación no han sido bandidos, sino políticos.
Pero, en el contexto colombiano, actúan muchos gatos pardos. Por lo tanto, enfrentamos al menos tres problemas clasificatorios. Primero, muchos de los actores armados son híbridos: desarrollan al mismo tiempo actividades que podrían considerarse típicamente criminales y típicamente políticas. Segundo, hay también políticos y funcionarios que “juegan en dos tableros”: tienen una pata en la legalidad y otra en la delincuencia. No por casualidad, están frecuentemente relacionados con los actores armados. Tercero, nos encontramos en una fase transicional. Después de la firma de la paz y de la desmovilización de los pesos pesados del segundo ciclo de guerra —los paramilitares y las Farc—, el Eln ha sufrido numerosas readaptaciones y aparecieron nuevos grupos que han ido construyendo y descubriendo su identidad con el paso del tiempo. Es decir, nos encontramos en un periodo muy fluido y esto crea toda clase de zonas grises.
Por todo esto, los esfuerzos por dictaminar qué es o no político sin clarificar mucho qué significa el término y más bien apelando a —también poco claras y fluidas— tradiciones retóricas juridizantes ha conducido a una calle ciega y a toda clase de declaraciones que a veces resultan desconcertantes. Mi predilecta es la siguiente: las disidencias ya no son lo que eran las Farc (ellas sí políticas). Los de ahora son puros bandidos. El humorismo inconsciente de esa posición brilla apenas uno recuerda que ese dictamen se aplicó a las Farc a lo largo de las décadas. De hecho: desde su nacimiento.
Cuando los paramilitares solicitaron que se les aceptara como actor político, se estrellaron contra una pared: no eran rebeldes, se les dijo, sino, en muchos casos, una extensión del Estado y de los poderes establecidos. Totalmente cierto. Sin ser abogado, puedo entender ese argumento, por medio del cual a la federación paramilitar, política a más no poder, se le quitó jurídicamente ese estatus.
Pero ahora nos encontramos en una situación diferente. La relación de todos los grupos armados con el Estado y diferentes sectores de la sociedad ha cambiado mucho. Creo que nuestros tomadores de decisiones y formadores de opinión podrían hacernos un favor si trataran de clarificar un poco las aguas. ¿Por qué consideran a X o Y político o no? Y sacar las consecuencias adecuadas de su respuesta.
Por supuesto: aquí no estamos solo frente a un ejercicio académico, sino a uno —literalmente— de vida o muerte. Razón de más para apostarle a la claridad mental.
