Esta semana han pasado muchas cosas raras y, en general, malas.
Algunos periodistas creen que, entre más se grite, más cerca se está de la razón. Es una creencia religiosa, tan respetable como cualquier otra. Pero que no tenemos que compartir: la fe es asunto privado. Como el presidente Santos ha comenzado a explorar los caminos de la paz, haciendo a un lado ese fantasmón de la Corte Penal Internacional y poniendo sobre el tapete el tema vital de la extradición, le han armado una zambra inane. Mi intuición: lo único que pueden dañar tales alaridos son los tímpanos.
Más serio es el asunto del procurador. De Ordóñez no me molesta sólo su agresiva contabilidad por partida doble (¿no es, según mostró Coronell, el mismo señor que hablaba bien de Castaño?), sino su pretensión de cogobernar. En esto ha ido también demasiado lejos. ¿Por qué diablos tenemos que pagarle los contribuyentes sus viajes al exterior para torpedear la paz? Hágase el lector la composición de lugar. Según todos los sondeos de opinión, la solución negociada al conflicto es apoyada por una mayoría clara de colombianos, incluso en los peores momentos; en los mejores, esa mayoría es bastante amplia. Y hete aquí que un alto funcionario desarrolla una intensa política antipaz en el exterior, hablando en nombre de todos nosotros. ¿Es función del procurador establecer el rumbo de la política de paz, o debatirla internacionalmente? No lo creo. Cierto: no soy abogado. Pero me siento personalmente insultado cada vez que me acuerdo de que estoy subsidiando el mezquino activismo de un funcionario que dice en mi nombre exactamente lo opuesto de lo que quiero y pienso. Como no deja de agraviarme el recuerdo de que el mismo sistema político que sabía quién era el personaje cuando lo reeligió, ahora pasa de agache sus cada vez más insolentes ataques.
Pero, por supuesto, la sensación de la semana fue la denuncia contra el presidente de la Corte Constitucional. Se trata de una catástrofe institucional para el país, y sus complejas consecuencias se harán sentir durante mucho tiempo. Sobre el escándalo inmediato ya se han dicho muchas cosas acertadas. Solamente quiero agregar lo siguiente. El evento desnudó los serísimos problemas de diseño institucional que nos afligen. Magistrados escogidos por políticos activos, con los cuales se relacionan a través de una densa red de intercambio de favores. Congresistas de la Comisión de Acusación que no han terminado su carrera... A propósito: uno de los chistes más crueles que he oído en años es que en este país ultraleguleyo, con un Congreso poblado principalmente por abogados, los miembros de la Comisión de Acusación no estén obligados a tener su maldito cartón de jurista. Pero es que en realidad todo el diseño parece una broma de mal gusto.
¿Qué la podría reemplazar? Está el flamante proyecto de equilibrio de poderes en curso, bastante improvisado y que, con las varias cosas buenas que tiene, es más un saludo a la bandera antirreeleccionista que otra cosa. Van a tapar un parche con otro parche. Con el resultado de esperar: al poco tiempo, las incongruencias de lo recién aprobado van a comenzar a aparecer dolorosamente. El camino adecuado sería recoger el pegote en curso y abrir un análisis serio con las principales fuerzas políticas, sectores académicos, etc., para entender bien qué está funcionando mal y pensar entre muchos cómo corregirlo. No: no me tachen de ingenuo. También lo sé: eso no va a pasar.
Se me quedan muchas cosas en el tintero: el innoble mozalbete de verbo homicida que humilló a los policías, el referendo de Vivian que quiero comentar en detalle... El tiempo no alcanza. Eso sí: no olviden la marcha de Mockus. La cosa esa de la vida seguirá siendo central para nosotros durante años.
Esta semana han pasado muchas cosas raras y, en general, malas.
Algunos periodistas creen que, entre más se grite, más cerca se está de la razón. Es una creencia religiosa, tan respetable como cualquier otra. Pero que no tenemos que compartir: la fe es asunto privado. Como el presidente Santos ha comenzado a explorar los caminos de la paz, haciendo a un lado ese fantasmón de la Corte Penal Internacional y poniendo sobre el tapete el tema vital de la extradición, le han armado una zambra inane. Mi intuición: lo único que pueden dañar tales alaridos son los tímpanos.
Más serio es el asunto del procurador. De Ordóñez no me molesta sólo su agresiva contabilidad por partida doble (¿no es, según mostró Coronell, el mismo señor que hablaba bien de Castaño?), sino su pretensión de cogobernar. En esto ha ido también demasiado lejos. ¿Por qué diablos tenemos que pagarle los contribuyentes sus viajes al exterior para torpedear la paz? Hágase el lector la composición de lugar. Según todos los sondeos de opinión, la solución negociada al conflicto es apoyada por una mayoría clara de colombianos, incluso en los peores momentos; en los mejores, esa mayoría es bastante amplia. Y hete aquí que un alto funcionario desarrolla una intensa política antipaz en el exterior, hablando en nombre de todos nosotros. ¿Es función del procurador establecer el rumbo de la política de paz, o debatirla internacionalmente? No lo creo. Cierto: no soy abogado. Pero me siento personalmente insultado cada vez que me acuerdo de que estoy subsidiando el mezquino activismo de un funcionario que dice en mi nombre exactamente lo opuesto de lo que quiero y pienso. Como no deja de agraviarme el recuerdo de que el mismo sistema político que sabía quién era el personaje cuando lo reeligió, ahora pasa de agache sus cada vez más insolentes ataques.
Pero, por supuesto, la sensación de la semana fue la denuncia contra el presidente de la Corte Constitucional. Se trata de una catástrofe institucional para el país, y sus complejas consecuencias se harán sentir durante mucho tiempo. Sobre el escándalo inmediato ya se han dicho muchas cosas acertadas. Solamente quiero agregar lo siguiente. El evento desnudó los serísimos problemas de diseño institucional que nos afligen. Magistrados escogidos por políticos activos, con los cuales se relacionan a través de una densa red de intercambio de favores. Congresistas de la Comisión de Acusación que no han terminado su carrera... A propósito: uno de los chistes más crueles que he oído en años es que en este país ultraleguleyo, con un Congreso poblado principalmente por abogados, los miembros de la Comisión de Acusación no estén obligados a tener su maldito cartón de jurista. Pero es que en realidad todo el diseño parece una broma de mal gusto.
¿Qué la podría reemplazar? Está el flamante proyecto de equilibrio de poderes en curso, bastante improvisado y que, con las varias cosas buenas que tiene, es más un saludo a la bandera antirreeleccionista que otra cosa. Van a tapar un parche con otro parche. Con el resultado de esperar: al poco tiempo, las incongruencias de lo recién aprobado van a comenzar a aparecer dolorosamente. El camino adecuado sería recoger el pegote en curso y abrir un análisis serio con las principales fuerzas políticas, sectores académicos, etc., para entender bien qué está funcionando mal y pensar entre muchos cómo corregirlo. No: no me tachen de ingenuo. También lo sé: eso no va a pasar.
Se me quedan muchas cosas en el tintero: el innoble mozalbete de verbo homicida que humilló a los policías, el referendo de Vivian que quiero comentar en detalle... El tiempo no alcanza. Eso sí: no olviden la marcha de Mockus. La cosa esa de la vida seguirá siendo central para nosotros durante años.