A raíz de la captura del Indio, un célebre exnarcoparamilitar quien, acompañado de su respectiva reina, se dirigía al Brasil para ver un partido de fútbol, volvió a ventilarse su gordo expediente.
En él se destacan no sólo el asesinato de un líder de la Unión Patriótica, sino una muy efectiva capacidad de penetración del Estado, como que fue el mismísimo Indio quien al parecer pudo en 2008 poner a su servicio al director de fiscalías de Antioquia, Guillermo Valencia Cossio. Éste, a su vez, es hermano del entonces ministro del Interior, una reconocida figura pública (no sugiero aquí ninguna complicidad entre Fabio y Guillermo: lo que quiero mostrar es que éste último era persona de influencias). No estamos hablando pues de una institución o una figura marginal, ni de un departamento que esté en los últimos escalones en términos demográficos, ni de uno de esos tantos crímenes que pasan desapercibidos. Si José Freddy Manco Torres, la persona que se escabulle detrás de su alias étnico, es un “delincuente común”, su actividad es todo, menos “común”, según el significado básico de la palabra.
Y eso me lleva a pensar sobre el extraño operador lógico que ha jugado un papel dominante en nuestra vida pública, y parcialmente en nuestra academia, acerca de la relación entre el narcotráfico (o, más generalmente, el crimen organizado), la guerra y la política. Éste consiste en suponer que, si alguien comienza a ser narco, entonces inmediatamente deja de ser político. La incorporación a los circuitos económicos de las sustancias ilícitas inmediatamente determina que un agente ilegal “pierda su calidad” de político. Por eso, a los grupos herederos de los paramilitares les pusieron ese nombre que en realidad no describe nada: bacrim, bandas criminales. Así que los que le robaron el celular a mi vecino son también, en rigor, una bacrim. Pero esos ladrones son muy diferentes de los Urabeños, herederos de un régimen del terror que construyeron, apoyados en su red de conexiones con el Estado y con determinadas élites agrarias, señores como Pedro Bonito, El Alemán y otros. Literalmente: el compadre, el vecino, el amigo.
Una de las diferencias entre los Urabeños y la bacrim que se dedica al robo de celulares es precisamente la capacidad de hacer política. Bien pensado, un agente económico se mete a ella si tiene intereses que defender en el espacio de lo público, y si tiene capacidad para hacerlo (no: la política no la puede hacer cualquiera. Necesita dinero, equipos técnicos, redes, cuadros, ideas). Lo que hemos visto desde la década de 1980 es que rutinariamente los jefes de las grandes organizaciones criminales deciden hacer política. Históricamente, la línea de separación entre narcos purasangre y narcoparamilitares es, si la hubiere, delgada y zigzagueante. Contrariamente a la idea fantástica que intentaron crear los paras de sí mismos —y que recogieron alegremente algunos periodistas y figuras públicas—, según la cual constituían al principio un proyecto adorable, que después fue desnaturalizado por los desalmados narcos, desde el principio, con el MAS, ellos estuvieron como componente fundamental de su coalición. Cierto: Ramón Isaza y Gordo Lindo pertenecen a categorías diferentes. Pero hay una amplia zona gris en la que las diferencias no son tan netas.
Es sobre esa zona gris —entre resistencia taimada al Estado central, redes territoriales y negocios ilícitos— que se creó la mafia siciliana. Así que estamos metidos en un problema mucho peor que el de tener que usar expresiones espantosas (exnarcoparamilitar: terrible). El Indio y su reina no son sólo color local; pueden llegar a ser endiabladamente políticos. Es fundamental no ir a equivocarnos precisamente en esto.
