En las últimas semanas la Fiscalía ha protagonizado dos grandes procesos político-judiciales: por una parte, su participación en el proceso de Uribe y, por la otra, su imputación del delito de peculado por apropiación al candidato presidencial Sergio Fajardo. En ambos casos lo que sorprende no es la falta de imparcialidad —para quienes hemos seguido con algún detalle el hostigamiento a proyectos regionales que no son de los afectos del uribismo, esto era de esperarse— sino la ausencia absoluta de esfuerzos por tratar de simularla.
Esta franqueza debería tener al país cavilando. Las democracias convencionales son institucional, inevitable, gloriosamente hipócritas. Los liderazgos tienen que hablar en nombre del bien común y lo hacen incluso en las circunstancias más apuradas. Eso se ve aún a menudo en nuestro contexto. Por ejemplo, el propio fiscal Barbosa, cuando fue cogido en su paseo a San Andrés en pleno confinamiento masivo, no dijo que lo había organizado porque le provocó, sino porque era muy buen padre, una característica que no estaba dispuesto a sacrificar. Una excusa terrible, que pinta al personaje en toda su insondable pequeñez. Pero enunciada en nombre de un sentimiento con el que podían sentir empatía millones de personas.
Ahora preguntémonos: ¿qué hubiera sucedido si el señor Barbosa simplemente se rehúsa a comentar su escapadita? ¿No sería eso más diciente que cualquier declaración? Sí, lo sería. Porque hubiera significado que abandonaba ese terreno democrático que obliga a los líderes y tomadores de decisiones a explicarse y a hacerlo en nombre de todos nosotros, tirios y troyanos: en nombre de lo que nos une como un proyecto nacional.
Hablar así es la norma en las democracias convencionales. Pero nosotros nos vamos deslizando imperceptiblemente hacia un estado diferente, que podríamos convenir en llamar “democracia alotrópica”. Uso aquí el simpático terminacho que le sirve de nombre a la consultora que acaba de contratar el Ministerio de Defensa para mejorar su imagen, deteriorada, entre otras cosas, por las literalmente letales declaraciones del jefe de esa cartera. Según lo dio a conocer Ana María Cuesta a través de sendos trinos, Alotrópico SAS —que así se llama la empresa— fue también la que se encargó de promocionar la “Gran Conversación Nacional”, el mecanismo establecido por el Gobierno dizque para hablar con la sociedad, aunque no con los organizadores del paro nacional de noviembre de 2019. Pero, como todos saben, esa cosa gris, esgalamida y triste nunca arrancó. Ni siquiera llegó al estatus de gran monólogo nacional.
Una de las razones para que tuviera lugar ese desenlace es que el Gobierno no estaba dispuesto a dar explicaciones de ninguna clase. En las democracias alotrópicas no se rinden cuentas. Los gobiernos hablan (programa de Duque, noticiero oficial, etc.) y las gentes escuchan y ocasionalmente agradecen. Eso reivindicaría plenamente el uso del término. La alotropía al parecer corresponde a la capacidad de unos elementos de presentarse como otros con diferente estructura molecular (la explicación completa se encuentra en este artículo de Wikipedia). Si esta síntesis que presento es adecuada, entonces el término está ni que pintado para describir la evolución que tiene lugar en tiempo real bajo nuestras narices.
En democracia alotrópica los altos funcionarios se pueden dar el lujo de contestar a preguntas cruciales con silencio administrativo. La lógica podría ser: “esperemos, el escándalo de hoy sepulta al de ayer”. Iván Cepeda envió creo que más de 100 preguntas al fiscal Gabriel Jaimes sobre el caso Uribe, y si no estoy mal recibió solo una respuesta, arrancada por vía judicial. Múltiples figuras se preguntaron cómo se le podía imputar un delito a Fajardo por no predecir la evolución del dólar. Silencio sepulcral.
¿Hago mal en tratar a los organismos de control y al Gobierno como íntimos? No creo. Su convergencia fue una operación pública, en gran escala, dirigida por este Gobierno y oficialmente sellada por la actual procuradora. Cosas de la alotropía.
En las últimas semanas la Fiscalía ha protagonizado dos grandes procesos político-judiciales: por una parte, su participación en el proceso de Uribe y, por la otra, su imputación del delito de peculado por apropiación al candidato presidencial Sergio Fajardo. En ambos casos lo que sorprende no es la falta de imparcialidad —para quienes hemos seguido con algún detalle el hostigamiento a proyectos regionales que no son de los afectos del uribismo, esto era de esperarse— sino la ausencia absoluta de esfuerzos por tratar de simularla.
Esta franqueza debería tener al país cavilando. Las democracias convencionales son institucional, inevitable, gloriosamente hipócritas. Los liderazgos tienen que hablar en nombre del bien común y lo hacen incluso en las circunstancias más apuradas. Eso se ve aún a menudo en nuestro contexto. Por ejemplo, el propio fiscal Barbosa, cuando fue cogido en su paseo a San Andrés en pleno confinamiento masivo, no dijo que lo había organizado porque le provocó, sino porque era muy buen padre, una característica que no estaba dispuesto a sacrificar. Una excusa terrible, que pinta al personaje en toda su insondable pequeñez. Pero enunciada en nombre de un sentimiento con el que podían sentir empatía millones de personas.
Ahora preguntémonos: ¿qué hubiera sucedido si el señor Barbosa simplemente se rehúsa a comentar su escapadita? ¿No sería eso más diciente que cualquier declaración? Sí, lo sería. Porque hubiera significado que abandonaba ese terreno democrático que obliga a los líderes y tomadores de decisiones a explicarse y a hacerlo en nombre de todos nosotros, tirios y troyanos: en nombre de lo que nos une como un proyecto nacional.
Hablar así es la norma en las democracias convencionales. Pero nosotros nos vamos deslizando imperceptiblemente hacia un estado diferente, que podríamos convenir en llamar “democracia alotrópica”. Uso aquí el simpático terminacho que le sirve de nombre a la consultora que acaba de contratar el Ministerio de Defensa para mejorar su imagen, deteriorada, entre otras cosas, por las literalmente letales declaraciones del jefe de esa cartera. Según lo dio a conocer Ana María Cuesta a través de sendos trinos, Alotrópico SAS —que así se llama la empresa— fue también la que se encargó de promocionar la “Gran Conversación Nacional”, el mecanismo establecido por el Gobierno dizque para hablar con la sociedad, aunque no con los organizadores del paro nacional de noviembre de 2019. Pero, como todos saben, esa cosa gris, esgalamida y triste nunca arrancó. Ni siquiera llegó al estatus de gran monólogo nacional.
Una de las razones para que tuviera lugar ese desenlace es que el Gobierno no estaba dispuesto a dar explicaciones de ninguna clase. En las democracias alotrópicas no se rinden cuentas. Los gobiernos hablan (programa de Duque, noticiero oficial, etc.) y las gentes escuchan y ocasionalmente agradecen. Eso reivindicaría plenamente el uso del término. La alotropía al parecer corresponde a la capacidad de unos elementos de presentarse como otros con diferente estructura molecular (la explicación completa se encuentra en este artículo de Wikipedia). Si esta síntesis que presento es adecuada, entonces el término está ni que pintado para describir la evolución que tiene lugar en tiempo real bajo nuestras narices.
En democracia alotrópica los altos funcionarios se pueden dar el lujo de contestar a preguntas cruciales con silencio administrativo. La lógica podría ser: “esperemos, el escándalo de hoy sepulta al de ayer”. Iván Cepeda envió creo que más de 100 preguntas al fiscal Gabriel Jaimes sobre el caso Uribe, y si no estoy mal recibió solo una respuesta, arrancada por vía judicial. Múltiples figuras se preguntaron cómo se le podía imputar un delito a Fajardo por no predecir la evolución del dólar. Silencio sepulcral.
¿Hago mal en tratar a los organismos de control y al Gobierno como íntimos? No creo. Su convergencia fue una operación pública, en gran escala, dirigida por este Gobierno y oficialmente sellada por la actual procuradora. Cosas de la alotropía.