Designación y resignación

No tenemos defensor en propiedad. Pronto saldrá el fiscal. El procurador podría ser defenestrado por el Consejo de Estado.

Ninguno de estos funcionarios lo ha hecho bien, aunque sus pecados —para usar una terminología que casa con la semana que viene— son de diferente naturaleza y magnitud. El defensor incurrió en comportamientos que dejaron por el piso la legitimidad que es la única razón de ser de su cargo. El fiscal actuó de manera errática, no sólo financiando actividades supuestamente académicas cuya calidad es al menos cuestionable, sino intentando cogobernar y echando así sobre sus espaldas la sospecha de obedecer a motivaciones facciosas, justamente en el momento en que tenía en sus manos decisiones delicadísimas. El procurador ha sido muchísimo más incendiario —y de lejos el peor—, aprovechando su posición para lanzar una campaña ultramontana y de destrucción de los liderazgos políticos y sociales que le molestan (todos los que no estén ubicados en la extrema derecha).

Ante estas vacancias factuales o potenciales, la reacción de todas las fuerzas políticas y de amplios sectores de la intelectualidad ha sido buscar que aquellas se llenen con la gente que le gusta. Me parece una mala reacción. Porque lo primero que habría que hacer es preguntarse si estamos ante una crisis de estas agencias que, aunque ubicadas en distintos lugares del Estado colombiano, tienen varios aspectos en común. Creo que en efecto la crisis está allí. Algunos fiscales se han caracterizado por su complicidad con el poder (que, no lo olvidemos, era la cualidad más preciada por los uribistas). Hace rato no tenemos un defensor que cumpla un papel destacado. De la Procuraduría, ni hablar. No me deja de sorprender que nuestro sistema político haya no sólo elegido sino reelegido a este calumniador impenitente y enemigo jurado de cualquier cosa que signifique paz y modernidad política, justo en el momento en que se desarrollaban las trascendentales negociaciones de La Habana.

Frente a esta crisis, la pregunta es qué hacer. Se necesita pensar bien dos asuntos. Primero, el tipo de persona que uno quisiera tener en esas posiciones, y segundo los mecanismos que aumenten la probabilidad (nunca habrá mecanismo perfecto) de que alguien con esas características llegue allá. Sobre lo primero, propondría lo siguiente: alguien con muy buenos conocimientos especializados (pregúntense: ¿qué sabía Otálora de derechos humanos antes de llegar a su cargo?), con una trayectoria defendible, y que NO sea un político(a) activo(a). No necesitamos a alguien que llegue a una posición de estas a aprender. O que no tenga reconocimiento amplio. Tampoco una persona que quiera hacer política, o cogobernar, desde su cargo o después de ocuparlo (y una vez más, lo de Ordóñez es un escándalo y un buen ejemplo de lo que podría ocurrir si seguimos en las que estamos). En una situación de polarización crispada como la que vivimos, procurador, fiscal y defensor tomarán decisiones que tienen una gran incidencia sobre agrupaciones políticas enteras y personas con gran poder (precedentes: piense el lector en la destitución de Petro o en lo del hácker de Zuluaga). Todos ellos deberían estar a cubierto de acusaciones con un mínimo grado de verosimilitud de que obedecen a motivaciones facciosas y/o que proceden con malicia.

Teniendo este perfil, queda claro que hay que hacer algunos cambios básicos en los mecanismos de designación. Por ejemplo, las inhabilidades para participar en política después de ocupar el respectivo cargo deberían ser mucho más severas. Entre los requerimientos para ser defensor tendríamos que tener una cláusula explícita sobre derechos humanos. Y así sucesivamente. Mientras estas reglas se convierten en legislación, podrían adoptarse unas reglas claras y verosímiles en este espíritu para las actuales designaciones. Es un tema clave. ¿Será que nuestro sistema político aprende UNA lección? Poco probable, pero toca seguir proponiendo.