El Gobierno ha utilizado dos fórmulas para lidiar con la protesta ciudadana. Ambas son fáciles de describir. La primera consistió en desatar una extraordinaria oleada de violencia oficial, que todos los colombianos pudimos observar en vivo y en directo. Vimos a policías disparando contra la población. A civiles protegidos por policías haciendo lo propio. A líderes sociales asesinados a sangre fría. A personas que eran raptadas por uniformados y de cuya suerte no volvimos a saber. Son cientos. El saldo es aterrador, como lo muestra abrumadoramente el informe publicado en este diario.
Estas cosas no ocurrieron por casualidad. Hacen parte de una política institucional. En anteriores explosiones de ira ciudadana —entre otras cosas, dirigidas contra brutalidad policial gratuita, al margen de cualquier movilización—, los esfuerzos gubernamentales se dirigieron no a proteger a las víctimas, sino a ponerse del lado de los victimarios. El presidente se disfrazó de policía en septiembre de 2020 cuando la sangre de otros tantos colombianos asesinados todavía no se había secado. Después, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría de bolsillo le hicieron el cuarto a “su” Gobierno, mientras se dedicaban a hostilizar a la gente y a la oposición. Y el Centro Democrático sacó un comunicado —leído por María Fernanda Cabal— en donde exigía al Gobierno no hablar con la ciudadanía que protesta.
Ahí está el núcleo de esta fórmula, conocida y aplicada ya en ciertas regiones por terratenientes altamente paramilitarizados: exclusión y estigmatización a rajatabla, violencia al rojo vivo hasta que “retorne la calma”. “Limpiar” y “pacificar”: la receta aquí es una combinación de plomo y paciencia (la gente termina cansándose). No es hipérbole mía. Son cosas ya codificadas —y nunca desautorizadas— por cierta retórica oficialista. Esa fórmula en efecto se utilizó durante años, fue aprendida por diferentes cuadros dirigentes que la consideraron exitosa y se ha seguido cultivando en diferentes nichos organizacionales en los cuales generó destrezas específicas y rutas de ascenso, por arriba (entre el liderazgo) y por abajo (entre diferentes cuadros especializados). Miren no más quién era el fiscal que salió a asesinar a manifestantes.
Sólo que ahora esa fórmula la están extrapolando a las grandes ciudades, a los ojos del mundo. Lo que nos conduce a la segunda. Que es cantar las loas a la legitimidad internacional —lo hizo ya hasta “el segundo cargo del país”—, sugerir que hay que cambiarle el uniforme a la Policía —muy pronto se hará— y que, en el inefable lenguaje de la vicepresidenta, este Gobierno “no tiene nada que esconder” pese a estar “asediado”.
¿Cómo entender la coexistencia de ambas fórmulas? Hay dos posibles explicaciones (complementarias). Por una parte, el actual equipo dirigente quiere simplemente salir del atafago que le significa la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se suma al creciente asombro internacional ante la respuesta a sangre y fuego que este Gobierno —que inició su gestión autoproclamándose modelo de democracia liberal en el trópico— ha dado al malestar de sus ciudadanos y jóvenes. Insisto, porque vale la pena fijarlo bien en la mente: ese es el tratamiento programático, el de la primera fórmula, expresada sin esguinces y con deleite por la vocera del partido de gobierno. Pero, por otra parte, la administración Duque responde reactivamente a dos grandes referentes, que ya no casan, como en los viejos buenos tiempos de Uribe. El primero es el partido de gobierno y los poderosos sectores representados allí. El segundo es la constelación de fuerzas internacionales que tienen voz sobre lo que ocurre en Colombia.
Y está, claro, el tercero, con el que el Gobierno no quisiera tratar sino a punta de coerción: la protesta de los ciudadanos insatisfechos. Debido a ella tenemos la visita de la CIDH. Esta visita puede resultar muy positiva. Sería ya un enorme logro que dejen de matar y que sepamos qué pasó con los desaparecidos.
