El gran potrero nacional

A menos que haya alguna forma clara y distinta de presión, en Colombia las autoridades se alinean de manera natural con los victimarios. Aunque en realidad estas categorías tienen —por desgracia— un margen de ambigüedad que no se puede ignorar, como lo revela el grotesco caso del expresidente de Fedegán, Visbal Martelo, aliado entusiasta de los paramilitares, pero también víctima carnetizada. En realidad, lo que nuestros gobernantes han defendido —explícitamente o por inercia— es el sagrado derecho de destruir, o de amparar la destrucción, de ciudadanos cuya presencia sea definida como incómoda por alguien con mucho poder. En nuestro país, este es uno de los puntos cruciales de confluencia entre clientelismo y violencia.

Por eso estamos en las que estamos: metidos en una democracia homicida. Hagan el contraste con Nicaragua. A través de medidas terriblemente represivas, que incluyeron el encarcelamiento de numerosos competidores, el presidente nicaragüense Daniel Ortega se garantizó varios años de continuidad en el poder —y por lo tanto de atraso, autocracia, nepotismo y brutalidad—. Ahora pregúntense cuántos muertos le costó a la ciudadanía nicaragüense expresar su malestar en las calles. Como siempre, los reportes varían, pero la cifra parecería estar entre 300 y 500. Aterrador. ¿Cómo se compara con nuestra sangría durante el “estallido de emprendimiento” —según la inevitablemente patética expresión de Duque— que vivimos los colombianos en las últimas jornadas de protesta? Como tenemos una Fiscalía amiga del Gobierno, cuya palabra no vale nada, es difícil saber. Según Wikipedia —que al menos da nombres, causa y contexto—, los muertos pasaron de 60. Pero esto podría ser una subestimación, y además hay una cantidad de gente que se evaporó —decenas, quizás cientos, de desaparecidos— durante las jornadas, cuyo retorno ni autoridades, ni medios, ni candidatos están reclamando. Por supuesto, una comparación sistemática requeriría establecer duraciones de las protestas, tamaños de las poblaciones, etc. Pero no creo que, después de incluir estas variables de control, salgamos muy bien parados del contraste. Podemos y debemos solidarizarnos con la ciudadanía nicaragüense, pero no tenemos ninguna razón para pensar que, en punto de protección del derecho a la vida, estemos mucho mejor que ella.

Entre otras, porque los incentivos siguen, y seguirán estando, “en el lugar equivocado”. Los perpetradores colombianos están gozando de plena y cabal impunidad, desde los civiles energúmenos que salieron a disparar contra los manifestantes, como los que lo hicieron bajo la protección de un uniforme.

Es claro: Nicaragua es otro ejemplo elocuente de hacia dónde NO hay que evolucionar. Toda la trayectoria colombiana es un ejemplo elocuente de que es absolutamente necesario evolucionar.

Pero, por desgracia, hay sectores del partido de gobierno que también podrían estar de acuerdo con esta conclusión. Ni es paradójico, ni es pura estrategia electoral. Personas como Mafe Cabal quieren un cambio: para peor. Duque no les basta. Necesitan más bala contra la población, más acceso de las gentes de bien a los grandes medios de violencia y un fuero especial que proteja a los agentes del Estado que violen derechos humanos. Zuluaga también. En realidad, lo nuevo que tienen que ofrecer es la aplicación consistente —¿y no es la consistencia la virtud de la que más se precia Mafe?—, también para las grandes ciudades, de los métodos usados por la ganadería extensiva en las últimas décadas para mantener a raya la protesta campesina y su demanda por tierra, vida y derechos. Bala es lo que hay… Es decir: la potrerización de la vida pública colombiana.

Me pregunto si al poner en términos tan brutales y estridentes el futuro del país no están pidiendo también —a gritos— a los colombianos que consideremos las condiciones que permiten la continuidad de sus posiciones de privilegio. Que no son, ciertamente, la eficiencia, como en la narrativa —de nuevo: inevitablemente grotesca—de los citados personajes. ¿Queremos de veras ir hacia la formación del gran potrero nacional?