NO TENGO TODOS LOS ELEMENTOS para emitir un juicio cuidadoso sobre la reforma al Plan Obligatorio de Salud.
Sin embargo, sé que: a) contiene elementos definitivamente alarmantes; b) en su aprobación se circunvalaron todos los procesos de confrontación y debate democrático. Es decir, se cambiaron las reglas de juego de un tema vital para todos nosotros, evadiendo cualquier intento de consultarnos.
Ahora bien, hay algo de enigmático en esta capacidad del Gobierno de provocar impunemente a la opinión y de embestir los intereses de los ciudadanos en pleno año electoral, y en un momento en que todos sabemos que el Presidente quiere candidatizarse y ganar a toda costa. Toda la teoría política sugiere que se debería producir un movimiento en la dirección contraria: un poco de populismo, concesiones, regalitos. Es cierto que el Gobierno ha desarrollado una suerte de “populismo para sectores especiales”, dando concesiones a amigos ricos, categorías políticas (como los concejales), y clientes menesterosos, impulsando vigorosamente una modalidad de capitalismo de amigotes que, créanmelo, nos va a costar lágrimas de sangre (aparte de las que derramamos por otros tantos motivos). Pero aún hecha esta aclaración es sorprendente su audacia en una coyuntura en la que, al menos en teoría, un paso en falso podría costarle miles de votos.
Propongo aquí un esbozo de hipótesis para explicar esta anomalía. El Gobierno se da esos lujos por la confluencia de tres factores. Primero, los electores tienen preferencias pro uribistas muy estables, que son relativamente independientes de las políticas públicas del Gobierno. Dichas preferencias están más basadas en enemistades compartidas (Farc, Chávez, vagamente los políticos del pasado) que en evaluaciones directamente operativas de lo que se hace o no desde el Estado. No se puede decir que ellas, las preferencias, sean estúpidas o extravagantes (espero dedicar más adelante un par de columnas separadas a este tema), pero dejan a los electores sin margen de maniobra para regatear. El Gobierno simplemente ha ido perdiendo el miedo de que lo dejen de querer. Segundo, Colombia enfrenta una tremenda crisis fiscal, que hay que confrontar de manera inmediata. Tercero, el Gobierno cuenta con una serie de apoyos críticos —que van desde medios electrónicos de comunicación hasta los poderosos rurales— que sí tienen capacidad de retaliación, y que siguen cuidadosamente el balance de costos y beneficios que reciben por apoyar al Gobierno. Como siempre, el hilo se rompe por lo más delgado: en estas condiciones, la decisión natural es distribuir entre los muchos y fieles costos relativamente pequeños que ellos pasarán por alto, que quitarles coimas y exenciones a los pocos y casquivanos. De hacer lo primero se podrían perder, con baja probabilidad, unos pocos votos; de hacer lo segundo, se podría poner en cuestión la estabilidad de la coalición de Gobierno.
Por eso, y usando las graciosas palabras del Ministro de Agricultura, lo mejor que podrían hacer los votantes colombianos es NO tomarse las pastillitas de la lealtad. La lealtad es una característica típicamente contextual: entre amigos o parejas es cosa admirable, entre partes que negocian puede ser desde constructiva hasta ingenua, entre cómplices mafiosos es una catástrofe social.
