LOS SUCESOS SON RELATIVAMENTE fáciles de contar. Un subteniente del ejército supuestamente violó a una menor y asesinó a sus hermanitos, para no dejar testigos.
El subteniente ya ha confesado el acceso carnal (diciendo que era consentido, pero con una infante en todo caso eso constituye un delito), pero no los homicidios. El juicio comenzó tortuosamente, porque la defensa ha acudido a toda clase de trapacerías para dilatar la acción de la justicia. Leyendo a Daniel Coronell en Semana descubrí con sorpresa que el abusador de niños (esto ya está por fuera de toda duda), y presunto violador y asesino, cuenta con una defensa legal pagada con dinero del Estado. Es decir, con mis impuestos y con los suyos, estimado lector. Si usted es uno de los millones de colombianos que viajan al extranjero, y le llegan a preguntar en qué se gasta el dinero, tendrá que decir que en proteger a predadores de niños. No es voluntario, pero es cierto.
Cuando ocurrieron los hechos, salió el oficial responsable a decir que se castigaría a los culpables. Pero ha sucedido todo lo contrario. Como se vio en el párrafo anterior, el acusado —y ya parcialmente confeso— victimario goza del manto protector de su institución. Casi que al día siguiente del ataque a la niña, comenzaron a rondar unos tipos por la comunidad, intimidando y haciendo preguntas en nombre de diferentes instituciones del Estado. Comenzó a volverse evidente que había gente poderosa que no quería que se supiera la verdad. Y a la íntegra jueza Gloria Gaona —que había amonestado a la defensa por sus leguleyadas— le pegaron un tiro. Ahí no acabaron las cosas, porque a los defensores de las víctimas los han comenzado a amenazar.
Yo, por supuesto, no puedo afirmar que el subteniente sea culpable de más delitos que el que ya confesó. Pero tengo que confesar que esta secuencia de eventos me produce horror y asco. Es un crimen monstruoso y es una monstruosa estupidez, que permite sacar tres conclusiones. Primero, el cuento de los “casos aislados” es insostenible. Si existen diseños institucionales que protegen a la gente que ataca a la población civil, lo que debe sorprender no es que se produzca esta clase de sucesos, sino que no haya más. Segundo (y aquí reside la parte de la estupidez), parece que hubiera un empeño en darles oxígeno político a unas guerrillas que están boqueando. ¿Quieren una mejor bandera que ésta? Defender a la población de abusadores de niños. Y en Saravena… Qué animales (por lo de crimen y por lo de estupidez). Tercero, estamos muy, muy lejos de tener una institucionalidad que tolerablemente garantice la convivencia.
¿Cuánto ruido hace una jueza al caer? Quisiera que mucho, que la sangre que derramó esta colombiana valiente no sea en vano. El ministro del Interior ya había propuesto eliminar algunos privilegios intolerables para delincuentes que se amparan en el uniforme. Ya es hora de adelantar un pacto democrático, basado en el mayor respeto y admiración a los soldados que arriesgan el pellejo para defender la seguridad de los ciudadanos, y en el repudio de los que ensucian el uniforme y las armas que les ha dado la república, y los usan para atacar, asesinar y violar a civiles. Conozco a muchos policías y militares de quienes sé que están tan o más indignados que yo con este horror: es que aman a su institución, y se respetan a sí mismos, de modo que no quieren que los pongan en un mismo saco con los matones. Se necesitan cambios institucionales claros y rápidos. Esto no va contra las fuerzas de seguridad del Estado; de hecho, es una condición necesaria para su fortalecimiento y legitimidad.
