El Centro Democrático tiene todo el derecho de demandar ecuanimidad por parte de los organismos judiciales. Pero lo que está haciendo, y no tiene derecho de hacer, es exigir que su liderazgo esté por encima de la ley.
Las grotescas fantasías con las cuales el uribismo adorna tal pretensión —la más chistosa de las cuales es la aseveración del propio caudillo, según la cual la Corte Suprema de Justicia lo está chuzando— están caracterizadas por la completa incapacidad por parte de los interesados para apoyar sus denuncias en alguna evidencia que tenga la más mínima semblanza de verosimilitud. Pues si algo ha caracterizado el más reciente episodio que protagoniza el señor Santiago Uribe Vélez es la ductilidad por parte de los personeros del Estado, y la deferencia temerosa hacia el acusado.
Considere el lector la siguiente pregunta simple: ¿entiende por qué diablos Uribe Vélez Santiago será trasladado a una guarnición militar? El vociferante abogado Jaime Granados dijo que tenía que ser enviado allá por el respeto que se le debía a...er...hmmm. Y de pronto su vozarrón de energúmeno en trance de ebullición ininterrumpida se transformó en una vocecita desfalleciente. ¿Por qué? ¿Tiene el hombre alguna relación con los militares? ¿Estar acusado de mandar a matar a decenas lo pone por encima del tipo a quien achacan el robo de una gallina? ¿El hecho de que innumerables testigos en el proceso que lo involucra hayan sido asesinados o tenido que huir lo hace digno de un tratamiento especial por parte de la Fiscalía?
Más allá de estas indignidades, el asunto revela el enredo en que está metido el Centro Democrático, y de paso todos nosotros. Ignoro si Santiago Uribe es culpable o no. Leí el libro de Behar sobre los 12 Apóstoles y me pareció muy serio. Pero obviamente hay que dejar que la justicia siga su curso. Lo que sí sabemos es que el grupo paramilitar existió, que operó con la connivencia de la Policía, que fue creado y dirigido por grandes ganaderos y otras élites rurales, que cometió crímenes atroces. Como en muchos otros pueblitos de Colombia: no se trató ni de lejos de un caso aislado, y lo único que tiene de particular es el apellido del principal acusado. Me apresuro a aclarar: no toda la Policía, ni mucho menos, ni todas las élites; pero sí sectores importantes, cuantitativamente y por su peso específico territorial dentro de sus respectivos sectores. Lo que el uribismo significó fue una bisagra, en ciertos sentidos bastante exitosa, entre este mundo y otros, que iba desde colombianos comunes y corrientes indignados contra la guerrilla hasta (por lo menos al principio) la tecnocracia moderna. Haber logrado esa articulación de hecho hizo del caudillo un personaje irremplazable, y en eso tienen razón los uribistas: no había otra figura que pudiera coordinar a todos los actores relevantes para nuestra vida pública.
Y por eso la paz tiene costos inevitables para el uribismo. Los arquitectos de la paz, con buen sentido, quisieron que ella también ofreciera puertas de entrada y potenciales ganancias, verbigracia a través de la justicia transicional. Pero esto implica darse la pela, y aceptar un tránsito doloroso que significa un sinceramiento con el pasado y un esfuerzo por meterse plenamente en la legalidad. Yo creo que un sector del liderazgo uribista quiere esto, entre otras cosas porque cada vez que se dejan contar con respuestas delirantes a decisiones judiciales quedan desnudos en su patética soledad. Nunca he subestimado la fuerza del uribismo, ni siquiera cuando muchos colegas se complacían en tachar al caudillo paisa de loquito; pero la fuerza se puede agotar si esa agrupación sigue expuesta a las consecuencias tanto del alto grado de criminalización al que llegó como a sus respuestas irreflexivas cuando aquella queda al descubierto.
